

Septiembre pinta como un mes clave para el gobierno de Abelardo de la Espriella. El Presupuesto General, con un monto que nadie esperaba, ya está comenzando a ser discutido por las comisiones económicas, cuyo primer paso será aprobar (o no) el total de recursos que pide la iniciativa (COP 634,9 billones, COP 59 billones más que el proyecto presentado por la administración Petro).
Además de esto, el gobierno asegura que presentará una ley fiscal, que busca hace un recorte estructural a las finanzas de la Nación de alrededor de COP 45 billones, lo que equivaldría a 2,2 % del PIB, aunque el ajuste no se comenzaría a ver sino hasta 2027.
Paralelo a esto, el Gobierno debe ir formulando las bases de su Plan Nacional de Desarrollo (PND) que, además de aterrizar la visión de país que tiene De la Espriella, debe incorporar elementos fundamentales para el proceso de reconstrucción por el terremoto.
Los primeros cálculos, que se hacen con proyecciones y modelos de afectación, indican que la reconstrucción podría costar alrededor de COP 30 billones. Pero la cifra exacta no comenzará a dilucidarse con algo más de certeza hasta que haya un censo definitivo de impactos y daños. Esto, según el Ministerio de Vivienda, estaría listo para el 30 de septiembre.
¿Por qué es clave el Plan Nacional de Desarrollo?
El PND es la columna vertebral de cada Gobierno, pues es la hoja de ruta que materializa las ambiciones de cada administración nacional. En otras palabras, es el documento que comienza a juntar las necesidades y realidades del país, pero sin el barniz fantástico de las promesas de campaña.
Aquí vale aclarar que tener un PND no significa que todo va de maravilla y se ejecuta al pie de la letra. De hecho, hay algunos cálculos que señalan que de las metas que establecen este tipo de documentos se cumple un 60 %, aproximadamente. Pero el hecho duro y crudo es que la promulgación del Plan (que termina siendo Ley de la República) es vital para ejercer cualquier tipo de transformación.
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¿Cómo se construye un Plan Nacional de Desarrollo?
Esta es una tarea en la que el tiempo es una variable fundamental. En total, el proceso del PND toma unos 6 meses y su formulación comienza desde el mismo 7 de agosto, cuando entra en funciones el nuevo Gobierno.
Desde ese punto hay apenas 100 días para presentarlo al Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social), que juega un papel determinante en todo el proceso de diseño del PND. En él tienen voz y voto todos los ministros, así como el director del DNP; la secretaría técnica del Conpes también descansa en el DNP.
Antes de llegar al Conpes, el documento del Plan debe haber pasado por un concepto del Confis (Consejo Superior de Política Fiscal), que básicamente tiene que decir si el plan es viable desde el punto de vista de recursos; el Confis depende del Ministerio de Hacienda, pero en él también tiene asiento la cabeza del DNP, que en este caso es Julián Buitrago.
O sea que, entre el 7 de agosto y el 15 de noviembre, el Plan debe haber recibido el visto bueno financiero, con las implicaciones fiscales que conlleva, y existir en forma de documento Conpes antes de pasar a ser revisado por el Consejo Nacional de Planeación, que se apoya para asuntos administrativos y logísticos en el DNP.
Entre el 7 de agosto y el 15 de noviembre también se tienen que ir preparando los procesos de consulta previa, así como de diálogos regionales. La participación ciudadana en general está abierta desde la posesión del nuevo Gobierno y hasta la presentación del proyecto de ley al Congreso.
El Consejo Nacional de Planeación debe proferir concepto sobre el PND, máximo, el 10 de enero. Además de emitir su concepto y recomendaciones, el Consejo también se encarga de “organizar y coordinar una amplia discusión nacional sobre el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, mediante la organización de reuniones nacionales y regionales con los Consejos Territoriales de Planeación”, según se lee en un documento del Departamento.
Entre el 10 de enero y, máximo, el 7 de febrero el Gobierno debe presentar el proyecto de ley del PND al Congreso para, después de los debidos debates, ahí sí comenzar a ejecutar la hoja de ruta del nuevo Gobierno. Todo el proceso legislativo no puede irse más allá de 90 días calendario, o sea, para el 7 de mayo, como mucho, debería estar aprobado el Plan.
El papel fundamental de Planeación Nacional
Como se ve, el DNP juega un papel clave en la formulación y seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo.
A pesar de su importancia en esta tarea, y en general en el asesoramiento y diseño de políticas públicas, el DNP lleva algunos años turbulentos.
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Después del paso de Jorge Iván González (el arquitecto del PND de la administración Petro), algunos analistas aseguran que la entidad se volvió invisible en el Estado.
Esta suerte de invisibilidad parece haberse trasladado a la asignación de recursos en el Gobierno actual: bajo las cuentas del Presupuesto de De la Espriella, la entidad perdería cerca de 50 % de sus recursos de funcionamiento, en comparación con la financiación que recibió en las cuentas de 2026.
El Departamento pasaría de tener un presupuesto por encima del billón de pesos a poco más de COP 540.000 millones en la propuesta que estudia actualmente el Congreso.
Es decir, a la entidad se le pide construir la hoja de ruta de los próximos cuatro años, que además debe incorporar una reconstrucción por terremoto calculada en unos $30 billones, con la mitad de los recursos de funcionamiento que tenía el año pasado.
Además de esto, la designación del propio Buitrago estuvo envuelta en una amarga polémica, pues antes de que fuera nombrado para el cargo por el presidente De la Espriella hubo otro candidato, cuya hoja de vida alcanzó a ser publicada por Presidencia: Carlos Sepúlveda, un reconocido académico, quien fue coordinador del PND del gobierno anterior.
¿Y con qué plata se hace este plan?
Por ley, es obligatorio tener un PND. Punto.
Pero eso no quiere decir que sea una tarea fácil, mucho menos en el escenario fiscal actual del país.
Los cálculos de la administración De la Espriella indican que el déficit fiscal (la diferencia entre ingresos y gastos) se ubicará en 7,2 % del PIB este año, una cifra que, según el Ejecutivo, ya incorpora un ajuste de COP 21,9 billones en recorte y aplazamiento de gasto (de lo contrario, sería del 8,2 %).
El Ministerio de Hacienda de Miguel Gómez proyecta que en 2027 el déficit fiscal puede llegar al 9,4 % del PIB, cerca de dos puntos porcentuales por encima de 2020, el peor momento de la pandemia.
Si bien tener los números claros es el primer punto para intentar salir del hueco, el presupuesto presentado, aunque bienvenido en su ejercicio de reconocer los daños, no por eso se vuelve más sostenible, en palabras de Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo y CEO de Lumen Economic Intelligence.
Esto, en esencia, tiene que ver con el tamaño de la deuda que se va a asumir para balancear las cuentas: ya no habría desfinanciamiento (que impulsaría una nueva reforma tributaria automáticamente), pero lo que falta (porque falta) se cubriría al debe.
Además de esto, una de las banderas del Gobierno es la de la austeridad, lo que implica, necesariamente, hacer sacrificios de gasto a dos manos, más aún teniendo en cuenta el panorama fiscal del país.
El PND, además de cargar con la reconstrucción, debe también ir en el camino de la austeridad. Las dos tensiones parecen casi contrarias y, en justicia, lo son un poco. De cómo se resuelvan en este documento va a depender el alcance de los proyectos de la administración, pero también la inversión en un sinfín de rubros que necesitaban atención desde antes del terremoto.
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