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Entre tantas tareas pendientes para reconstruir Colombia y su infraestructura afectada por el terremoto, una de las más urgentes es la recuperación de las sedes y aulas educativas. Así lo asegura un comunicado de la Fundación Social Alberto Merani, que manifiesta que tras el sismo de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto, el cumplimiento del currículo escolar de al menos medio millón de estudiantes en el país está en vilo.
Y es que, así como el terremoto dejó pérdidas millonarias en sedes públicas, bienes inmuebles y propiedad privada, los colegios de ciudades como Quibdó, Pereira o Cali también sufrieron daños que impiden que sus alumnos puedan continuar con su educación en condiciones normales. Algunas escuelas de Buenaventura, por ejemplo, quedaron reducidas a escombros, mientras que otras edificaciones, aunque permanecen en pie, presentan fallas estructurales que representan un riesgo para quienes permanecen en su interior.
Por esa razón, la Fundación Social Alberto Merani propone implementar una medida temporal para garantizar la continuidad de las clases. Se trata de una iniciativa que ya ha sido implementada en el pasado y que consiste en instalar megadomos o estructuras geodésicas en las que cerca de 250 estudiantes pueden asistir simultáneamente a sus actividades académicas mientras avanzan las obras de reconstrucción de las sedes definitivas. En el pasado, estas enormes estructuras han sido utilizadas para asegurar un aforo completo de alumnos que pueden recibir sus clases en condiciones óptimas y junto a estudiantes de otros grados. Por ejemplo, en Nemocón (Cundinamarca) ya se han hecho algunos experimentos, mientras que el Planetario de Bogotá ha utilizado su tradicional arquitectura de domo para enseñar astronomía a jóvenes de colegios públicos.
La propuesta parte de una dificultad concreta: los tiempos de una emergencia no coinciden con los de una obra pública. La reconstrucción de un colegio convencional puede tardar entre tres y cinco años si se tienen en cuenta los procesos de contratación, diseños, licenciamiento y ejecución de las obras. Para los estudiantes, sin embargo, esperar ese tiempo significa acumular meses o incluso años de interrupción o afectación de su proceso educativo.
De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, con corte al 18 de agosto, entre 400.000 y 500.000 estudiantes habían resultado afectados directamente por la emergencia en diferentes regiones del país. El balance inicial también identificó daños en 1.631 sedes educativas de 19 departamentos, con especial afectación en territorios como Chocó, Valle del Cauca, Tolima y Risaralda.
Ante ese escenario, la Fundación plantea separar temporalmente la recuperación del servicio educativo de los cronogramas de reconstrucción. La idea es que mientras se reparan o levantan nuevamente los colegios afectados, los estudiantes puedan regresar a espacios seguros y adecuados para continuar con sus actividades.
Alejandro de Zubiría, director de la Fundación Social Alberto Merani, explica que la propuesta contempla estructuras de gran formato con capacidad para aproximadamente 250 estudiantes. Para atender a la totalidad de los cerca de 500.000 alumnos afectados, el cálculo de la organización apunta a que serían necesarias alrededor de 2.000 estructuras, distribuidas de acuerdo con la concentración de población estudiantil y el nivel de afectación de cada territorio.
“La iniciativa no debería entenderse como un sustituto de la reconstrucción de los colegios destruidos. Su posible interés estaría precisamente en otra función: servir como infraestructura de transición mientras se evalúan los edificios afectados y se ejecutan las obras definitivas”, dice el directivo.
Tiempo récord
El atractivo de este modelo estaría precisamente en los tiempos de instalación. A diferencia de una construcción convencional, las estructuras están compuestas por elementos estandarizados que pueden ensamblarse en cuestión de semanas. Esto permitiría poner en funcionamiento espacios educativos mientras las autoridades avanzan en los estudios técnicos y en la reconstrucción definitiva.
La propuesta también tendría una diferencia frente a la simple instalación de carpas o espacios improvisados. La Fundación plantea que los megadomos sean concebidos desde el comienzo como ambientes educativos, con condiciones para desarrollar las actividades académicas y, posteriormente, puedan tener otros usos comunitarios.
Uno de los componentes que propone la organización es la implementación de la Pedagogía Conceptual, un modelo desarrollado por la Fundación Alberto Merani que plantea, entre otros aspectos, organizar a los estudiantes de acuerdo con sus competencias y procesos de aprendizaje, y no exclusivamente por edad o grado. Para la Fundación, esto permitiría atender en un mismo espacio a niños y jóvenes con diferentes trayectorias educativas mientras se normaliza la situación.
Un referente de esta metodología es el Colegio Merani de Nemocón, que, según la Fundación, ocupó el primer puesto en las Pruebas Saber de su municipio en 2023 y 2025. La organización señala además que su red educativa supera actualmente los 45.000 estudiantes activos en el país.
Pero la instalación de estas estructuras tampoco está exenta de dificultades. La disponibilidad de terrenos, los permisos, el cumplimiento de las normas técnicas y los procesos administrativos pueden convertirse en obstáculos para una intervención que busca precisamente responder con rapidez a una emergencia.
Por eso, la Fundación Social Alberto Merani plantea que el Gobierno nacional habilite mecanismos de contratación extraordinaria que permitan desplegar infraestructura educativa modular en los lugares donde sea técnicamente viable. La intención, según la organización, es que los recursos destinados a la emergencia puedan convertirse rápidamente en aulas operativas y no queden atados exclusivamente a los tiempos de los procesos convencionales de construcción.
Las cifras de la reconstrucción
El costo es otro de los argumentos que acompañan la propuesta. Según las estimaciones entregadas por la Fundación, las estructuras podrían representar un ahorro de entre 20 % y 30 % por metro cuadrado frente a los COP 1,58 millones que el Ministerio de Educación reporta como referencia para construcciones convencionales.
Sin embargo, los megadomos no pretenden reemplazar los colegios que deben ser reconstruidos. La propia Fundación los plantea como una infraestructura de transición: una solución para que los estudiantes puedan mantener su proceso educativo mientras se determina qué edificaciones pueden ser reparadas, cuáles deben ser demolidas y dónde será necesario construir nuevas sedes.
La discusión adquiere relevancia en un momento en el que las autoridades deben atender simultáneamente daños en viviendas, hospitales, vías, acueductos y otras infraestructuras esenciales. En ese escenario, la reconstrucción de los colegios puede competir por recursos, suelo, diseños, contratistas y capacidad institucional.
La propuesta de los megadomos busca responder justamente a ese desfase. Su apuesta es que la emergencia educativa tenga una respuesta propia y no dependa de que todas las demás obras de reconstrucción hayan terminado.
Además de funcionar como aulas, estas estructuras podrían convertirse posteriormente en centros de acopio, espacios para distribuir ayudas o lugares de encuentro comunitario. Para la Fundación, esa posibilidad permitiría que una infraestructura creada para responder a la emergencia educativa conserve utilidad durante otras etapas de la recuperación.
La discusión, sin embargo, apenas comienza. La propuesta deberá enfrentarse a preguntas sobre dónde instalar las estructuras, cómo garantizar su seguridad, qué entidades asumirían su financiación y operación y cómo se integraría este modelo al sistema educativo de cada territorio.
El Ministerio de Educación aún no ha manifestado opinión alguna frente a la propuesta de la Fundación Alberto Merani y el plan tampoco incluye cómo, quiénes, con qué dinero de qué chequeras o en qué lapso de tiempo esta propuesta, de ser recibida, podría materializare. La apuesta debería pasar por un examen cuidadoso de entidades responsables, como la cartera de Educación y adaptarse a los diferentes contextos de las regiones en Colombia: no es lo mismo la educación en grandes urbes como Cali a la que reciben los consejos comunitarios afrodescendientes en Chocó o los resguardos indígenas de Risaralda, también afectados.
Mientras esas respuestas llegan, miles de estudiantes permanecen a la espera de que la reconstrucción de sus colegios avance. Para ellos, el problema no se mide únicamente en paredes agrietadas, techos colapsados o aulas destruidas: también se mide en el tiempo que pasan fuera de ellas.
