La cultura como industria vuelve al debate con el gobierno de Abelardo de la Espriella

La discusión vuelve a cobrar relevancia después de que la ministra de las Culturas, Paola Holguín, defendiera en un debate de control político la dimensión económica de la cultura. “Muchos hablan de mercantilizar la cultura; no es esto, pero tampoco es negarse a entender que esto es una industria próspera que puede convertirse en un renglón importante de la economía”, afirmó. Además, señaló que uno de los cinco pilares de su gestión será fortalecer las industrias culturales y creativas.

En contexto: “La plata de la cultura no debe ser para la burocracia”: ministra Holguín en debate

Desde perspectivas distintas y con agudeza, Caballero y Rey señalaron en ese mismo número que reducir la cultura a una industria orientada exclusivamente a la producción y venta de bienes y servicios constituía un modelo profundamente riesgoso. 

Uno de los núcleos de su crítica era claro: la cultura es un concepto vasto y complejo y esa reducción no era conveniente por varios motivos que comprometían la libertad de creación, la diversidad de contenidos y la noción del arte como dimensión crítica y profundamente humana. 

Por un lado, Caballero apoyado en el historiador Jacob Burckhardt, sostuvo que el papel fundamental de la cultura, en su relación con el Estado y la religión es el de «criticar a los otros dos» y servir como «la única o la última barrera frente a sus abusos». Por eso, puntualmente, hizo énfasis en los peligros, antiguos y nuevos, del dirigismo estatal sobre la libre expresión.

Rey, por su parte, se situó desde la perspectiva de los derechos culturales y abordó la cultura como «uno de los ámbitos en los que se crea, fortalece y desarrolla la ciudadanía». Desde ahí, advirtió otro desvarío: concebir al ciudadano como un mero cliente. Las personas no son “simples receptoras de bienes culturales” consumidoras pasivas, sino sujetos activos de derechos culturales, afirmó.

Ese último llamado, nos recordaba que el consumo es uno de los aspectos del ser ciudadano más no el único, mucho menos el central. Y que los deberes del Estado frente a la ciudadanía y la cultura, como dimensión amplia de lo humano, más que una batalla, son una odisea de largo aliento.

Veamos, la Constitución Política de Colombia de 1991 configura tres grandes deberes del Estado frente a la cultura: el primero, garantizar la libertad de creación artística y de expresión cultural, sin censura ni discriminación ideológica; el segundo, generar condiciones reales para que todas las personas puedan crear, participar y expresarse culturalmente, mediante la educación, la igualdad de oportunidades y la participación en la vida cultural; y el tercero, promover y garantizar el acceso de toda la población a la cultura y a las manifestaciones culturales, así como proteger el patrimonio cultural de la Nación (ver artículos. 2, 13, 20, 67, 70, 71 y 72 de la C.P de 1991).

Le recomendamos: “El dibujo era una forma de pensar para Antonio Caballero”: Mario Jursich

En estos dos últimos deberes aparece otra dimensión importante. La Constitución reconoce que una parte de la vida cultural se expresa mediante bienes, servicios y manifestaciones culturales que pueden ser objeto de políticas públicas, de protección patrimonial o de propiedad intelectual. Sin embargo, ese reconocimiento no significa que la cultura se reduzca a ellos. Los incorpora como una de sus expresiones, sin perder de vista que la cultura es un concepto mucho más amplio que el mercado mediante el cual algunos de esos bienes circulan. 

Medir lo inmedible

Si aceptamos esa distinción, la pregunta deja de ser cuánto creció el mercado cultural y pasa a ser otra: ¿las políticas públicas han fortalecido efectivamente la vida cultural de la ciudadanía? Es decir, ¿han ampliado el acceso, la participación y el ejercicio de los derechos culturales, o se han concentrado principalmente en estimular la producción y circulación de bienes y servicios y no el acceso a ellos?

Algo más ¿podemos darle un giro a la profecía que, en buena medida, terminó cumpliéndose? el enfoque economicista fracasó en su propósito social y hoy la evidencia empírica lo confirma. Paradójicamente, fueron las propias cifras —utilizadas para justificar ese modelo— las que terminaron desmintiendo la promesa de que fortalecer el mercado o fortalecer el presupuesto público bastaba para garantizar el cumplimiento de los deberes del Estado frente a la cultura. Bajo esa lógica, se asumió que incrementar la producción de bienes y servicios culturales conduciría, casi de manera automática, a democratizar el acceso a las obras y experiencias culturales.

Un análisis del periodo prepandemia, basado en la Encuesta de Consumo Cultural (ECC) del DANE, revela que, aunque el Estado incrementó en un 72% el presupuesto destinado al sector cultural (en términos reales), la participación y el acceso efectivo de la población a la oferta cultural descendieron del 22 al 13% (Blanco-Ortíz, 2026). En otras palabras, algunos grupos establecidos dentro del mercado cultural recibieron más recursos, pero esa mayor inversión no se tradujo en un mayor acceso y participación cultural de la ciudadanía.

Esta paradoja evidencia un modelo de política pública concentrado en lograr buenas asignaciones y ejecuciones presupuestales, pero que ha prestado poca atención a cumplir los deberes conferidos por la constitución. En síntesis, se ha privilegiado la eficiencia —el gasto oportuno— sobre la eficacia, entendida como logros de los objetivos y propósitos.

Una muestra de ello son los planes de ejecución presupuestal del periodo pospandemia, que evidencian un aumento del gasto de funcionamiento y una inversión concentrada principalmente en infraestructura y música, mientras que menos del 25% de los recursos se destina a procesos de formación y acceso cultural.

Le puede interesar: El Ministerio de Culturas posesionó nuevos directores del Caro y Cuervo y el Archivo General

Precisamente en materia de infraestructura, el registro de obras inconclusas y elefantes blancos de la Contraloría General de la República reporta, para el periodo 2010-2025, un total de 31 obras civiles culturales que no estan en funcionamiento cuyos valores suman 221 mil millones de pesos (CGR, 2026).

Ahora bien, en cuanto al acceso y la participación cultural, no existe información más reciente, pues la última publicación de la Encuesta de Consumo Cultural corresponde al año 2020. Vale recordar que esta encuesta tiene cobertura exclusivamente urbana y mide únicamente la asistencia a los subsectores más visibles, dejando por fuera numerosas prácticas comunitarias igualmente relevantes. Aun así, sus resultados ofrecen una aproximación valiosa para evaluar el grado de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 de la Constitución (el derecho al acceso a bienes y servicios culturales).

Sobre esa base, es pertinente detenerse en el análisis cuantitativo realizado por Blanco-Ortíz (2025). La autora identifica dos barreras estructurales, sucesivas y persistentes, que enfrenta la mayoría de la población colombiana para acceder a la oferta de esos bienes y servicios culturales.

La primera, impide a muchos colombianos acceder a una experiencia cultural inicial; la segunda, debe ser atravesada para convertir esa experiencia en una práctica frecuente. En comparación con Bogotá, las regiones más afectadas por la primera barrera son la Pacífica y la Amazonía; y en la segunda, la Atlántica y la Amazonía. Como elemento común aparece una región con alta población indígena, lo que evidencia profundas desigualdades territoriales en el acceso a los bienes y servicios culturales impulsados por el Estado.

Con este panorama, mientras el gabinete entrante promueve el eslogan de batalla cultural, el Estado enfrenta una verdadera odisea: hacer efectivo los mandatos constitucionales en relación con la cultura. Debe promover la creación, sí (siempre desde la libertad de expresión); pero también garantizar que todas las personas puedan acceder, participar y ejercer plenamente de la vida cultural, estimulada por esos recursos. Como en las antiguas odiseas, quizá la mejor forma de vencer una batalla consiste en dejar de producir las condiciones que hacen posible la guerra.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖