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En las últimas horas se conoció un panfleto que ha circulado en Anorí (Antioquia) con una amenaza clara: «Tienen 24 horas para irse». El autor es el frente 36 de las disidencias de las Farc, que además impuso nuevas restricciones a la movilidad y al comportamiento de esta población del nordeste de Antioquia. De acuerdo con una denuncia de Iris Marín, defensora del Pueblo, la estructura armada también habría ordenado el desplazamiento forzado de personas del municipio.
Aunque la funcionaria no detalló cuáles son las personas afectadas ni las zonas específicas donde fueron impartidas las órdenes, exigió al grupo armado suspender inmediatamente las medidas de control poblacional. “Estas acciones constituyen inaceptables infracciones del derecho internacional humanitario”, señaló.
El frente señalado pertenece al Estado Mayor de Bloques y Frentes, organización comandada por alias “Calarcá Córdoba”. La estructura tiene presencia en áreas rurales y urbanas de Anorí, donde mantiene un acuerdo operativo con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) para contener el avance del Clan del Golfo.
La denuncia no representa un hecho aislado. El 16 de julio de 2026, la Defensoría publicó el Informe de Seguimiento 024-2026 a la Alerta Temprana 023 de 2022, emitida para Anorí, Amalfi, Remedios, Segovia y Vegachí. El documento concluyó que el riesgo advertido cuatro años atrás no solo continúa, sino que tiende a agravarse.
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Según el informe, los grupos armados han profundizado sus mecanismos de control social y la regulación de la vida comunitaria. Sus órdenes afectan la movilidad, el uso de teléfonos celulares, la organización comunal, el ingreso de personas a las veredas y hasta los horarios en los que los habitantes pueden utilizar internet.
Las normas impuestas a las comunidades
En las zonas rurales de los municipios incluidos en la alerta se han impuesto restricciones para circular entre las 7:00 u 8:00 de la noche y las 5:30 de la mañana. A quienes se desplazan en automóviles les ordenan mantener los vidrios abajo, mientras que conductores y pasajeros de motocicletas tienen prohibido usar casco en algunos sectores.
Las restricciones también alcanzan las comunicaciones. Según la Defensoría, integrantes del Clan del Golfo obligan a los habitantes a entregar sus celulares en retenes para revisar su contenido y evitar que informen sobre la ubicación de sus hombres. Las disidencias y el Eln, por su parte, han prohibido el uso de las cámaras y ordenado cubrirlas permanentemente. También han restringido la conexión a internet, generalmente entre las 6:00 de la tarde y las 5:00 de la mañana.
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Los grupos armados se han atribuido además la facultad de decidir quién puede entrar o salir de los territorios. Las Juntas de Acción Comunal deben reportar la llegada de personas foráneas y solicitar autorización para su ingreso. En algunas zonas, incluso se les ha impedido a los profesores desplazarse hasta las cabeceras municipales para asistir a reuniones convocadas por entidades públicas.
La población también ha quedado atrapada entre órdenes contradictorias. En áreas rurales de Anorí, Amalfi, Remedios y Segovia, el frente 36 obliga a integrantes de las Juntas de Acción Comunal y de otras organizaciones comunitarias a portar un carné con su nombre, documento de identidad, fotografía y asociación a la que pertenecen. El Clan del Golfo, entretanto, prohíbe llevar esas identificaciones y ha amenazado con mutilar a quienes las porten.
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Estas prácticas configuran lo que la Defensoría denomina una “gobernanza armada ilegal”: los grupos no se limitan a confrontar a sus adversarios, sino que imponen reglas, vigilan a los habitantes, aplican castigos y controlan actividades propias de la vida civil. Las restricciones terminan afectando el acceso a alimentos, salud, educación y medios de subsistencia.
Una disputa que se agravó en Anorí
El origen de la alerta se remonta a la disputa que comenzó tras la salida de las antiguas Farc del territorio y la falta de una presencia integral del Estado. Desde entonces, el Eln , las disidencias y el Clan del Golfo han intentado controlar corredores que comunican al Valle de Aburrá con el sur de Bolívar, la costa Atlántica y, eventualmente, el Catatumbo.
La infraestructura vial de la región facilita la movilidad de las estructuras armadas y el transporte de insumos asociados al narcotráfico. El control de estos corredores también permite acceder a zonas mineras y a territorios que históricamente han estado bajo la influencia de las guerrillas.
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En Anorí, la expansión del Clan del Golfo se intensificó durante el último trimestre de 2024. Los enfrentamientos con las disidencias y el ELN ocasionaron desplazamientos forzados masivos en las veredas La Plancha y Los Trozos. Para contener ese avance, el frente 36 y el ELN mantuvieron un acuerdo de no agresión y coordinación operativa.
La Defensoría ha identificado influencia de las disidencias en La Plancha y en el cañón del río Porce, límite natural entre Anorí y Amalfi. También señaló que las estrategias de control social se han recrudecido especialmente en la zona de Dos Bocas, cerca del Bajo Cauca.
La confrontación alcanzó incluso el casco urbano. En septiembre de 2025, el Ejército identificó al menos seis hechos atribuidos presuntamente al frente 36, entre ellos la instalación de banderas y objetos sospechosos, así como ataques con explosivos contra la fuerza pública. Los episodios se concentraron en los barrios Arenales y Las Lomas y en los alrededores de la base militar de Montañitas.
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A este panorama se suma la contaminación por minas antipersonal, municiones sin explotar y trampas explosivas. Entre septiembre de 2022 y marzo de 2026, la Defensoría registró 62 eventos relacionados con estos artefactos en los cinco municipios: 42 procedimientos de desminado durante operaciones militares, 16 accidentes y cuatro casos de posible instalación de explosivos.
En Anorí, las veredas Chagualo Arriba, La Plancha, Liberia, Providencia y Los Trozos requieren especial vigilancia. La contaminación por armas no solo amenaza la vida de los habitantes, sino que restringe el tránsito hacia cultivos, zonas ganaderas y áreas de trabajo. Además, las amenazas que el frente 36 habría dirigido en 2025 contra la organización de desminado humanitario Halo Trust afectaron sus actividades en Anorí y Amalfi.
La respuesta estatal ha sido insuficiente
El informe de seguimiento concluyó que las medidas adoptadas por las autoridades han tenido un cumplimiento parcial y no han logrado transformar el escenario de riesgo. Aunque la Defensoría destacó algunas acciones de coordinación e investigación, advirtió que los grupos armados conservaron y, en algunos sectores, fortalecieron su capacidad de control.
La entidad también encontró que el reclutamiento de menores continúa. En Anorí y los demás municipios advertidos, las disidencias, el ELN y el Clan del Golfo recurren a ofrecimientos económicos, entrega de motocicletas, amenazas y otras formas de presión para vincular a niños y adolescentes. En algunos sectores, según el informe, pueden reclutar entre dos y tres menores por semana desde los 13 años.
Por ello, la Defensoría pidió avanzar en el control territorial, el desminado, la prevención del reclutamiento infantil, la protección de líderes sociales y la investigación de los delitos cometidos por las estructuras armadas. También solicitó mejorar el intercambio de información para anticipar nuevos hechos de violencia y atender a las comunidades afectadas.
El Ministerio del Interior deberá liderar y coordinar la respuesta a través de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas. Las recomendaciones también comprometen a los ministerios de Defensa y Justicia, la Gobernación de Antioquia, las alcaldías, la Fiscalía, el ICBF y las entidades responsables de la acción contra minas.
La nueva denuncia sobre las restricciones de movilidad confirma, para la Defensoría, que el riesgo advertido se sigue materializando. Por eso, además de exigir al frente 36 que levante las órdenes impuestas a la población, la entidad recordó que todos los actores armados están obligados a respetar el derecho internacional humanitario y a mantener a los civiles por fuera de la confrontación.
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Guillermo(n5sqs)•12 de septiembre de 2026 – 14:08El bandido de «Calarcá» todavía se siente imbatible. Se burló de la voluntad de diálogo, la ingenuidad y luego la arrogancia del pasado gobierno. Ahora todo el peso de la ley contra el y sus secuaces.