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Chats, acusaciones, testimonios, documentos, registros de ubicación de GPS y hasta la propia colaboración que en su momento ella misma le ofreció a la Fiscalía, contradicen la versión que en los últimos días ha querido instalar Sandra Liliana Ortiz Nova, exalta consejera para las regiones de la Presidencia, de que es inocente. Se trata de una de las protagonistas del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en donde está a las puertas de un juicio por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, entre otros hechos, por haber llevado supuestamente COP 3.000 millones al exsenador Iván Name Vásquez en octubre de 2023. Desde que su nombre comenzó a rondar en el expediente, Ortiz Nova ha dado múltiples declaraciones encontradas. El último capítulo de estas versiones se lo entregó hace una semana a la revista Cambio.
Allí se despachó contra todos. Sostuvo que era inocente y que los fiscales del caso habrían inflado sus delitos para proteger a quienes realmente se robaron al Estado; que esta investigación es un “macabro falso positivo en su contra”; que en la Fiscalía ni siquiera sabían por qué cargos la iban a procesar; que la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, se había comportado “de una manera temeraria”; que su caso se había edificado sobre testigos falsos y contratos inexistentes y que era una perseguida política. El Espectador conoció detalles de las cinco matrices de colaboración que en su momento entregó Sandra Ortiz a la Fiscalía en busca de una inmunidad total. En esos documentos ella se comprometió a declarar contra sus dos exjefes políticos: Iván Name y Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y hoy prófugo de la justicia.
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Además, dijo tener evidencias contra los testigos estelares del expediente, Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y subdirector de la Ungrd, respectivamente; y también aportó un documento, en búsqueda del principio de oportunidad, sobre el hoy magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández. De hecho, en abril de 2025, la revista Semana publicó los chats que ella entregó a la justicia en los que supuestamente, según su relato, se habría trazado un plan para que el Senado eligiera al abogado Fernández, entonces secretario jurídico de Presidencia, como magistrado de ese alto tribunal. Lo paradójico es que hoy Sandra Ortiz se presenta como una persona inocente y perseguida, cuando, durante meses, trató de negociar su pena a cambio de confesar su participación en este entramado de corrupción. El principio de oportunidad no es para inocentes. Por eso, su reciente entrevista levantó roncha en la Fiscalía.
A mediados de agosto de 2024, cuando ya había sido salpicada por Olmedo López y Sneyder Pinilla en sus confesiones, Sandra Ortiz empezó a buscar aproximaciones con la Fiscalía. Siempre exigió inmunidad total, a lo que los fiscales se negaron. Fuentes enteradas de la investigación le contaron a este diario que, aunque Ortiz solía decir que, si ella hablaba, el gobierno del expresidente Petro se caía, finalmente nunca aterrizó una propuesta. Hace una semana, Ortiz le dijo a Cambio que en la Fiscalía le decían a ella de quién podía o no hablar y que, incluso, le vetaron el nombre de Laura Sarabia, exdirectora del Dapre. Precisamente, la exconsejera investigada ha dicho en varias ocasiones que quien montó este complot contra ella fue Sarabia, sin presentar una prueba. El Espectador consultó con el búnker esta acusación de veto sobre Sarabia y la explicación fue sencilla: nunca entregó pruebas.
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Tan es así que en las cinco matrices de colaboración que ella presentó para servir como testigo de cargo y de corroboración no está mencionada Sarabia. En la entrevista con Cambio, sostuvo que era una tristeza lo que estaba pasando con Carlos Ramón González, pero en la matriz que presentó en su contra lo catalogó como el cerebro detrás de la compra del presidente del Senado por parte de la Casa de Nariño. De hecho, mencionó encuentros y almuerzos entre los tres (Ortiz, Name y González) en los que se habrían negociado cargos en entidades, contratos millonarios y compra de votos en el Congreso a cambio de apoyo en iniciativas del gobierno Petro. Es más, hizo una relación de chats y reuniones ocurridos entre el 28 de septiembre y el 13 de octubre de 2023 en los que, según la Sandra Ortiz, Carlos Ramón González le ofreció a Iván Name COP 3.000 millones y la puso a ella como coordinadora de esa entrega de dinero.
Es decir, Sandra Ortiz corroboró entonces lo que hoy niega. Hace una semana, en la mencionada entrevista, ella misma declaró: “No sé cómo Olmedo y Sneyder pueden dormir. Yo no podría llevar gente inocente a la cárcel”. Se refería a su amigo, el expresidente del Senado, Iván Name. Según Ortiz, es mentira que ella le hubiera llevado COP 3.000 millones al excongresista en octubre de 2023 y que así lo probará en el juicio. Sin embargo, en la propia matriz de colaboración que entregó el año pasado, acompañada de su entonces abogado Oswaldo Medina, dice todo lo contrario. Por ejemplo, relató los detalles de un almuerzo ocurrido en septiembre de 2023 entre Name, González y Ortiz. Allí, según refirió Sandra Ortiz a la Fiscalía, Name le dijo a González que le interesaban dos contratos de la Ungrd por un valor de COP 43.000 millones y que González aceptó dárselos a cambio de que ayudara al gobierno en sus reformas.
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Y fue más allá, pues aportó chats, información de encuentros y la respuesta negativa de Olmedo López a la petición de Name, razón por la cual Carlos Ramón González tomó la decisión de entregarle COP 3.000 millones. En la matriz también incluyó el relato de los hechos, los involucrados y las pruebas de corroboración para sus confesiones. Es más, en esa matriz, al referenciar el día 12 de octubre de 2023, Ortiz aseguró que la primera entrega de COP 1.500 millones a Iván Name se coordinó con un hijo del excongresista en su apartamento ubicado en el norte de Bogotá. El documento elaborado por Ortiz y quien fuera su abogado, Oswaldo Medina, señala que Iván Name se molestó mucho porque solo le trajeron la mitad de lo pactado a su casa y que, en vista de la situación, Carlos Ramón González le confirmó que al día siguiente, 13 de octubre, le pagarían el resto del dinero.
En síntesis, las matrices de colaboración que presentó Sandra Ortiz en 2025 para negociar un acuerdo con la justicia confirman que en un momento quiso aceptar su responsabilidad en este entramado de corrupción. En palabras sencillas, estamos hablando de dos versiones de Sandra Ortiz: la de 2025, dispuesta a entregar a Carlos Ramón González e Iván Name, y la Sandra Ortiz de hoy, que se jura inocente. Además de sus propias confesiones, El Espectador conoció las intimidades de lo que contaron ante la justicia los integrantes de la Policía que la custodiaron mientras fue alta consejera para las regiones. El testimonio más revelador es el de la policía Yennifer Labastidas, quien recordó lo que pasó el 12 de octubre de 2023. Esa fecha es crucial porque Sneyder Pinilla y Olmedo López aseguraron que le entregaron COP 1.500 millones a Ortiz en el apartamento 2312 del Tequendama Suites, donde se hospedaba.
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Según la Fiscalía, después de esa entrega de dinero, Sandra Ortiz se desplazó hasta el apartamento de Name con Sneyder Pinilla en el carro de ella. Aunque hoy la exconsejera niega esa acusación y a raja tabla asegura que Pinilla jamás se montó en su carro, el ente investigador tiene otras pruebas para desmentirla. No solo la ubicación del GPS de su carro en ese trayecto, sino el testimonio de la policía Labastidas. Ella declaró que ese 12 de octubre, en efecto, salieron del Tequendama al edificio Bassel 1, donde vivía Name, y que, una vez allí, vio que del carro de Ortiz se bajó ella y otra persona que ella recuerda de contextura delgada, no muy alto, de cabello oscuro y trigueño. Rasgos físicos que coinciden con los de Sneyder Pinilla. Además, en la minuta del edificio Bassel de ese 12 de octubre quedó registrada la placa del carro KGF-361, en el que se movía Ortiz. De acuerdo con ese registro, estuvo entre las 4:35 de la tarde y las 4:55.
Varios miembros del esquema de seguridad no solo corroboraron esa misma ruta, sino que también identificaron a Juan Sebastián Aguilar como pareja sentimental de Sandra Ortiz, un esmeraldero vinculado en su momento al zar de las esmeraldas, Víctor Carranza, que fue asesinado el 7 de agosto de 2024 por un francotirador en Bogotá. Le decían “Pedro Pechuga”. Uno de los policías indicó que sabía que el señor trabajaba en el negocio de las esmeraldas y con escoltas; otro indicó que solían llevarlos a él y a Ortiz a comer a varios restaurantes en el norte de Bogotá y que incluso los transportaron a las casas de Iván Name y Carlos Ramón González. Una de las particularidades que contó uno de los escoltas de Ortiz es que, después del encuentro del 12 de octubre de 2023 en el apartamento de Iván Name, el esquema la llevó “hacia un chamán que ella frecuentaba y se encontró con su pareja sentimental Juan Sebastián” (Aguilar).
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En el rosario de contradicciones de Sandra Ortiz hay otra perla más. En diciembre de 2024, durante la imputación de cargos, la exconsejera en un momento pidió la palabra y criticó duramente al ente investigador y se declaró un chivo expiatorio. Esas declaraciones pusieron en el congelador los acercamientos que habían hecho Ortiz y la Fiscalía para llegar a una salida negociada para su caso. Solo vino a destrabarse en febrero de 2025, cuando Ortiz y el abogado Medina le enviaron una carta a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y a los fiscales del caso, en la que le pidieron excusas por lo dicho en la audiencia de imputación. “En el marco de las audiencias preliminares, la bancada defensiva señaló que habían existido presiones por parte de la Fiscalía. Expresión que se enmarcó en la dinámica de las citadas diligencias, particularmente en la inminencia de la imposición de una medida de aseguramiento”, se lee en la carta.
La misiva terminaba así: “Los suscritos se permiten presentar excusas y aclarar que en la indagación no hubo ninguna clase de presión indebida por parte de la señora fiscal general, y ninguno de sus fiscales delegados. En razón a lo anterior, nos permitimos expresar nuestras excusas”. La carta está firmada por Oswaldo Medina y Sandra Ortiz, quien además estampó su huella. Por esos días, el propio abogado Medina le escribió a los fiscales del expediente un mensaje que hoy cobra relevancia, en el que les prometió que su cliente estaba dispuesta, más que nunca, a entregar pruebas sustanciosas del escándalo de corrupción: “Yo sé que Sandra les puede aportar buena información y corroborar el gran trabajo que han hecho; ella está dispuesta a rendir los respectivos interrogatorios con información precisa. La participación de ella ustedes la tienen clara, ella quiere cooperar y solucionar su situación. Estamos pendientes”.
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Tras esas excusas se reactivaron las negociaciones. Pero persistió el mismo problema: a Sandra Ortiz solo le servía la inmunidad total por su información y, además, aportó pocas pruebas para corroborar lo que prometía en sus matrices. En ese tire y afloje, la negociación se fue diluyendo y la Fiscalía le cerró la puerta. Fue entonces cuando Ortiz volvió a hablar de presiones. Lo hizo ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema en dos declaraciones a las que tuvo acceso El Espectador. Lo inverosímil es que en ambos testimonios dijo que lo único que le interesaba era la verdad, que no entendía por qué la Fiscalía no había aceptado negociar con ella y que además ella le había entregado cinco matrices de colaboración en donde estaba, para ella, la verdad del caso Ungrd. Los mismos documentos en los que hundía a sus amigos Carlos Ramón González e Iván Name, como protagonistas del peor escándalo de corrupción del gobierno Petro.
Hoy Sandra Ortiz niega cualquier responsabilidad y dice que todo es mentira, pero el 26 de mayo de 2025 declaró: “Yo me hago responsable de lo que yo haya cometido. Aquí me señalan de ser la mensajera, Sneyder y Olmedo. Pues me hago responsable de ser la mensajera, pero a mí no me pueden imputar delitos como un lavado de activos, señor magistrado, cuando los recursos son lícitos. Los recursos que se transportaron ese día fueron lícitos”. Hoy Sandra Ortiz ya no tiene al mismo abogado que trató de negociar con la Fiscalía. El Espectador se comunicó con Oswaldo Medina para preguntarle por las matrices de colaboración que entregó con su entonces clienta. Sin embargo, se abstuvo de pronunciarse por su secreto profesional como abogado. Varios penalistas consultados por este diario explicaron que cualquier procesado que busque un principio de oportunidad está reconociendo un pasado delictivo.
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El Espectador contactó a la fiscal del caso, María Cristina Patiño, quien tampoco quiso dar declaraciones sobre la polémica entrevista de Sandra Ortiz en la que se despachó contra la Fiscalía. Patiño solamente refirió que todo lo dicho por Ortiz es falso y que ya la denunció por injuria. Finalmente, el nuevo representante de Ortiz, Mauricio Camacho, salió en defensa de su clienta. Para empezar, insistió en que su anterior abogado le vendió ilusiones con esa negociación y que Sandra Ortiz jamás ha aceptado ninguna responsabilidad en este caso. “Quien la ilusionaba para la salida anticipada era su anterior defensor. Pero cuando la Fiscalía fue a corroborar lo que ofrecía, se dio cuenta de que no le servía para nada. Ella nunca dijo que iba a entregar algo porque no tenía nada que decir. En las matrices no dice eso”, reiteró Camacho. No obstante, en las matrices sí dijo que había participado en estos estos hechos de corrupción.
El abogado Camacho fue enfático en que el supuesto prestamista Pedro Castro es un testigo falso y que ya lo denunció. En el expediente, el ente investigador asegura que fue él quien le prestó COP 4.000 millones a Sneyder Pinilla para que repartiera entre Iván Name y el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, ambos presos por esos hechos. El penalista Camacho criticó duramente el trabajo de la Fiscalía sobre Pedro Castro y aseguró que va a probar en el juicio que el dinero nunca existió. “La Fiscalía jamás investigó el origen de los recursos de Pedro Castro. Sus explicaciones de por qué tenía COP 4.000 millones en su mesita de noche son un chiste. Sin dinero no hay historia”. Hace una semana Sandra Ortiz dijo: “Yo solo quiero que se sepa la verdad”. La pregunta es: ¿cuál verdad? La que prometió en sus matrices de colaboración de 2025, o la que dice hoy en donde se declara inocente.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
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JOSE NICOLAS(21911)•Hace 7 horasLamentable: CAMBIO prestarse para esas payasadas. De ahí mi decisión de no renovar mi suscripción a la revista de los Lara. Periodistas de m i e r d a.
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Finley(56195)•Hace 9 horasQué tan mentirosita la moza de alias Pechuga; ya se me hacía rara esa elogiadera de repente en Hora 20 esta semana, como tratando de desviar la investigación y los medios dedicados a ayudarle solo porque se hace la que yo no fui y todo fue Petro. Los medios felices y ella diciendo mentiras impúnemente