Miguel Quintero, hermano de exalcalde de Medellín, se declara inocente en caso de corrupción

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La audiencia de imputación se retomó en la tarde de este lunes y los defensores de Quintero Calle y de la excontratista Vanessa Álvarez Restrepo, expresaron reparos con la imputación hecha por la Fiscalía el pasado 10 de septiembre. Tras aclarar todas las dudas, el ente investigador continuó y dejó formalizada la investigación en contra del hermano del exalcalde de Medellín.

Miguel Andrés Quintero Calle fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. A su turno, se declaró inocente de los cargos por los que es señalado ante la justicia. Por su parte, Álvaro Alonso Villada García, Vanessa Álvarez Restrepo y Sebastián de Dios Ortega Urán, fueron imputados por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Ninguno aceptó los cargos.

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De acuerdo con lo dicho por la Fiscalía en la audiencia, estas personas habrían participado en el direccionamiento de seis contratos por más de COP 17.657 millones, suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí (Antioquia). Esas acciones habrían llevado a un detrimento patrimonial superior a los COP 2.481 millones.

Dichos acuerdos, según el ente investigador, fueron celebrados entre 2019 y 2023, y tenían como propósito fortalecer las capacidades del organismo de socorro, apoyar acciones de reducción del riesgo de desastres y atención de emergencias, así como el desarrollo de actividades de formación bomberil y suministrar kits destinados a atender la emergencia sanitaria por el Covid-19.

En medio de la investigación, dijo la Fiscalía, se conoció que la contratación se realizó de manera directa sin el cumplimiento de los requisitos legales. Además, puso al descubierto posibles sobrecostos en los kits para la pandemia y pagos correspondientes a servicios de transporte y recargas de celulares que no fueron prestados.

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El ente investigador tiene la teoría de que Miguel Andrés Quintero Calle, sin ser servidor público, «habría intervenido en el nombramiento de Juan David Palacio Cardona como director del AMVA y de Álvaro Alonso Villada García como subdirector Administrativo y Financiero de la entidad, con el propósito de ejercer control sobre la contratación».

Según las pesquisas, Quintero Calle habría ordenado a Palacio Cardona y Villada García direccionar los seis contratos en beneficio del gerente y representante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, Misael Alberto Cadavid Jaramillo, a cambio del 15 % de los recursos entregados. Además, que la abogada Álvarez Restrepo realizó los estudios previos de los contratos comprometidos, y Sebastián de Dios Ortega Urán, habría recibido dinero en efectivo para posteriormente entregárselo a Miguel Quintero Calle.

El ente investigador señala que la contratista Vanessa Álvarez Restrepo, al parecer, habría elaborado los estudios previos de esas licitaciones a pesar de que no estaba dentro de sus funciones. Esos documentos habrían sido claves para lograr el presunto direccionamiento irregular de los contratos. El vínculo entre los implicados, según la Fiscalía, se reflejaría en un chat de WhatsApp creado en 2020. Primero lo llamaron «Alternativos» y luego lo cambiaron a «Amigos».

La Fiscalía sostiene que la información recuperada de esos chats daría cuenta de la forma en la que Miguel Quintero actuaba desde un rol de liderazgo para impartir órdenes en el marco del presunto entramado de corrupción. Según la Fiscalía, de las coimas del 15 % de los contratos, el hermano del hoy exalcalde se habría apropiado del 10 % y el exsubdirector Álvaro Alonso Villada García se habría quedado con el 5 %. Los pagos, además, se habrían hecho en efectivo.

“Una vez ingresaba cada pago del área metropolitana al Cuerpo de Bomberos, el monto equivalente al 15% se extraía en efectivo mediante cheques girados por cifras cerradas. En gran porcentaje por un valor de COP 50 millones, a nombre de varias personas. Dentro de estas, el señor Germán Osorio, quien era conductor y prestaba logística de varios servicios al cuerpo humano voluntario de Itagüí», indicó la fiscal del caso durante la audiencia de imputación.

Agregó que Germán Osorio, al parecer, cobraba los cheques producto del ilícito en dinero en efectivo. «El dinero así obtenido era entregado al tesorero del Cuerpo de Bomberos, señor Juan Alberto Cardona Henao, quien ya fue imputado, o al propio representante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, Misael Cadavid», expuso la funcionaria del búnker. De ese modo, al parecer, se habrían desviado COP 2.481 millones entre los años 2020 y 2023.

Aunque la Fiscalía anticipó que solo pedirá una medida privativa de la libertad en contra de Miguel Quintero, ese asunto solo se resolverá hasta el próximo miércoles 16 de septiembre a las dos de la tarde.

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