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Esta semana al interior de la Corte Suprema de Justicia hay una discusión que tiene al país a la expectativa: la llegada de cinco nuevos magistrados que se encargarán, nada más y nada menos, que de investigar y juzgar a varios de los más poderosos. Se trata de los abogados que remplazarán a cinco magistrados de la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal que terminan su periodo el próximo 8 de octubre. Aunque la Sala Plena de la Corte, encargada de elegir a sus propios colegas, tiene todavía tiempo para sopesar la decisión, quieren dejar todo listo antes de que llegue esa fecha. Por eso, en los últimos días se han adelantado reuniones de alto nivel que podrían definir hacia quiénes irán los votos.
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Quienes salen son: la magistrada Cristina Lombana y los magistrados César Reyes, Héctor Alarcón, Marco Antonio Rueda y Francisco Farfán. Dentro de sus labores está investigar y llevar a juicio a senadores, representantes a la Cámara, alcaldes, gobernadores y altos mandos militares, entre otros. Para reemplazarlos ya hay un sonajero de juristas con hojas de vida destacables y carreras reconocidas en la justicia penal. Sin embargo, los méritos académicos y la trayectoria no son lo único que pesa en esta elección.
En las últimas semanas, varios de los candidatos han recorrido los pasillos del cuarto piso de la Corte, visitando despachos de magistrados de la Sala Penal. Su intención es muy clara: convencerlos de que son la mejor opción para llegar a la magistratura y llevar los casos de mayor impacto en el país. La razón de visitar especialmente ese piso es que la Sala Penal es la más grande de la Corte y, por consiguiente, la que más votos pondrá en la Sala Plena en la que se defina quiénes ocuparán las cinco vacantes. De hecho, en la tarde de este miércoles 16 de septiembre, los nueve integrantes de la Sala Penal se reunieron para debatir cuáles perfiles son los más aptos y tratar de llegar con los votos claros a la Sala Plena de mañana, 17 de septiembre.
De los 129 aspirantes que se inscribieron solo quedan 50, 10 para cada una de las vacantes. A pesar de que todavía no hay ninguna decisión tomada y hasta que no se vote todo puede pasar, hay unos nombres que suenan con más fuerza. Por ejemplo, para el puesto que deja la magistrada Cristina Lombana se conformó una lista exclusivamente con mujeres, dentro de las que destacan tres nombres. El primero, el de Irma Alexandra Cárdenas, quien fue jefa de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría. También está Andrea Nataly Bermúdez, exprocuradora judicial y exmagistrada auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema; y la fiscal Claudia Patricia Vanegas, quien actualmente es auxiliar de la propia Lombana.
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Vanegas además es conocida por haber hecho parte el grupo de fiscales delegados ante la Corte para investigar el llamado cartel de la toga, la red de corrupción al interior del alto tribunal. La investigadora participó en las pesquisas contra Luis Gustavo Moreno, exdirector de la Fiscalía Anticorrupción y uno de los principales delatores del entramado en el que también estuvieron involucrados los exmagistrados Francisco Javier Ricaurte, José Leonidas Bustos y Gustavo Enrique Malo. A pesar de esa experiencia, tiene a una rival que le estaría sacando ventaja en este momento por el simple hecho de no tener relación con la magistrada Lombana la fiscal María Cristina Patiño, quien hasta hace poco estuvo al frente del caso por presunto lavado de activos contra Nicolás Petro, hijo Mayor del expresidente Gustavo Petro.
El nombre de Patiño viene tomando fuerza al interior de la Corte, porque, además de ser una reconocida investigadora, está lejos del ala de la magistrada Cristina Lombana. Esa distancia, dicen fuentes enteradas de la elección, tiene peso, pues algunos de los magistrados de la Sala Plena de la Corte han tenido choques directos con Lombana por decisiones y acciones que han sido mediáticas en contra de sus compañeros de la Sala de Instrucción. Además, varios de los togados no olvidan el escándalo que se presentó cuando Lombana envió a dos policías a la presidencia del alto tribunal para enviar comunicaciones.
Para el cargo que deja el magistrado Héctor Alarcón suenan tres nombres principalmente. Está la candidata Madeleyne Pérez Ojeda, actual directora especializada contra la corrupción de la Fiscalía. También se perfilan las hojas de vida de dos investigadores que conocen de cerca las pesquisas de uno de los casos más mediáticos que lleva la Sala de Instrucción, el caso de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Se trata de Gabriel Sandoval Vargas, fiscal delegado ante la Corte; y Javier Fernando Fonseca, quien fue conjuez de la Sala de Instrucción en ese expediente. Al interior de la Corte aseguran que esa experiencia los favorecería.
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En el caso de la vacante que deja el magistrado Francisco Farfán resaltan los nombres de Esiquio Manuel Sánchez Herrera, un abogado con amplia trayectoria en la Procuraduría. De hecho, participó en el proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos y fraude procesal y, a nombre del Ministerio Público, pidió que se archivara el caso. Según fuentes cercanas a la Sala Penal, le compiten de cerca Alejandra Ardila Polo, magistrada del Tribunal Superior de Bogotá y la fiscal delegada ante la Corte, Patricia del Socorro Hernández.
Para el puesto que deja el magistrado César Reyes suena el procurador Vladimir Cuadro Crespo, exabogado de la condenada por corrupción Aida Merlano. En su paso por el Ministerio Público participó del proceso contra Álvaro Uribe por presunto fraude procesal y manipulación de testigos. En primera instancia pidió que se archivara el caso a favor del expresidente y, cuando fue condenado en primera instancia, fue uno de los que solicitó que la justicia lo absolviera en segunda instancia. Su competencia directa, según fuentes de la Corte, serían dos magistradas del Tribunal Superior de Bogotá: Alexandra Valencia Molina, magistrada de la Sala de Justicia y Paz, y Susana Quiroz Hernández, de la Sala Penal.
Finalmente, para la vacante que deja el magistrado Marco Antonio Rueda suenan los nombres del fiscal Diego Antonio Montaña Bohórquez, delegado ante la Corte Suprema y, además, sería uno de los hombres más cercanos a la fiscal general Luz Adriana Camargo, según fuentes enteradas del proceso de elección. También están la fiscal Francy Eugenia Gómez Sevilla, quien durante un tiempo fue la titular del proceso contra la exembajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia, por el caso del polígrafo contra su exniñera, Marelbys Meza. Asimismo, suena la exfiscal Adriana Cecilia Alarcón Gallego, reconocida por llevar la investigación del feminicidio de la niña Yuliana Samboní en 2016.
Aunque estos perfiles suenan con mayor fuerza que otros al interior de la Corte, todo puede cambiar hasta la votación final de la Sala Plena. Dentro de los criterios que también evalúan los magistrados que votarán, está que los nuevos integrantes del alto tribunal no sean tan “problemáticos” como los que salen. La primera generación de togados de la Sala Especial de Instrucción estuvo marcada, además de su trabajo investigativo, por escándalos y choques internos. A lo largo de los ocho años que están por concluir hubo diversos episodios de denuncias entre magistrados, constantes recusaciones, investigaciones de acoso laboral y más, muchos de los cuales siguen sin resolverse.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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