Defensoría alerta por muerte de dos adolescentes y ataques con drones en Tibú

Puntualmente, el primer hecho se registró el martes 15 de septiembre, cuando un adolescente de 16 años murió tras la activación de una mina antipersonal en la vereda La Unión Vetas, mientras realizaba labores agrícolas. En su comunicado, la entidad señaló que este hecho "evidencia los riesgos a los que continúa expuesta la población civil que desarrolla sus actividades cotidianas".

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Ese mismo día, un joven de 17 años se movilizaba hacia el sector de Filoquemado, en la vía hacia Versalles, para prestar un servicio de barbería. En el trayecto fue detenido, presuntamente, por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y posteriormente asesinado. El adolescente era hijo de un líder social de la región y ambos hacían parte de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat).

"Nos solidarizamos con las familias de los dos adolescentes y continuamos acompañándolas mediante la activación de rutas institucionales de atención y protección", mencionó la Defensoría. Asimismo, recordó a los grupos armados que el derecho internacional humanitario (DIH) obliga a distinguir en todo momento entre población civil y combatientes, así como prohíbe que se dirijan las hostilidades contra quienes no participan en el conflicto.

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En ese sentido, señaló a través de su comunicado: "Las niñas, niños y adolescentes gozan además de una protección especial en los conflictos armados. Asimismo, el empleo de minas antipersonal está prohibido y continúa poniendo en riesgo la vida e integridad de las comunidades".

La Defensoría aseguró que también tuvo conocimiento de un ataque con drones equipados con explosivos registrado el pasado martes en Miramontes, en zona rural de Tibú, en el que dos civiles resultaron heridos. "Este hecho se suma a una modalidad sobre la que hemos advertido reiteradamente. Nuestro Sistema de Alertas Tempranas ha identificado el uso de drones por grupos armados ilegales para labores de vigilancia, intimidación y control territorial, así como para transportar y lanzar artefactos explosivos", detalló.

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En su pronunciamiento, la Defensoría señaló que, de acuerdo con el Servicio de Acción contra las Minas de las Naciones Unidas (Unmas), entre enero y mayo de 2026 se registraron 121 ataques con drones equipados con artefactos explosivos, que dejaron 21 personas fallecidas y 145 heridas. "El 32 % de las personas afectadas correspondió a población civil y Norte de Santander registró 30 eventos", mencionó.

En ese sentido, la exigió a los grupos armados ilegales respetar estrictamente el DIH, abstenerse del uso de minas antipersonal y de ataques indiscriminados, y respetar en todo momento la vida, integridad, libertad y movilidad de la población civil, sobre todo cuando se trata de niñas, niños y adolescentes. También pidió a las autoridades fortalecer las medidas de prevención y solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes esclarecer estos hechos y determinar las responsabilidades a que haya lugar.

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