
La energía que no se produce también tiene un costo. Puede aparecer en una fábrica que detiene sus máquinas, en una empresa que aplaza una ampliación o en un hogar que recibe una factura más alta. Y esta última es la más común. De manera que el riesgo no se limita exclusivamente al racionamiento (según los gremios, pende de un hilo, vale decir) porque el sistema eléctrico enfrenta una presión más amplia: la necesidad de aumentar su capacidad mientras algunas empresas acumulan deudas, los proyectos se retrasan y las reglas para invertir siguen siendo objeto de disputa.
Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), explicó a El Espectador durante el Congreso Anual de Energía de Acolgen que el parque térmico enfrenta una exposición considerable por esa deuda. Según sus cálculos, están en riesgo alrededor de 6.000 megavatios (MW) de generación térmica.
“Si no tienen, obviamente, la caja para comprar los combustibles, pues no van a tener cómo generar”, afirmó. El costo mensual de abastecer de combustible al parque térmico, agregó, puede llegar a COP 1,5 billones. La deuda, por tanto, ya representa un problema de liquidez equivalente a cerca de mes y medio de operación.
Para que lo entienda, los 6.000 MW que menciona Castañeda equivalen a casi la mitad de la demanda máxima de Colombia, que alcanzó 12.056 MW en noviembre de 2025, según XM, el operador del Sistema Interconectado Nacional.
Uno de los casos más conocidos es Air-e. La empresa distribuidora adeuda miles de millones de pesos a los agentes del mercado, entre ellos, las compañías de generación térmica, y no pudo componer su camino pese a la intervención del gobierno Petro en la compañía. Este problema no termina en los balances de la empresa; al contrario, si los generadores no reciben los recursos necesarios para comprar combustible, su capacidad de producir energía cuando disminuye el aporte de las hidroeléctricas puede verse comprometida.
El Ministerio de Hacienda anunció un paquete de COP 1,5 billones para aliviar la situación. De ese monto, se habían girado COP 300.000 millones. Según Castañeda, Air-e dejaría de pagar aproximadamente COP 370.000 millones correspondientes a la factura de agosto, de los cuales COP 300.000 millones serían cubiertos con recursos públicos y COP 50.000 millones con aportes de la propia empresa. El resto quedaría pendiente para un pago posterior, con octubre como el mes en "veremos" mientras consiguen caja.
La cifra exacta de la deuda varía entre COP 3,5 billones y 3,7 billones, según a quién se le pregunte. Lo que no cambia es el problema de fondo: una distribuidora con dificultades de caja compromete la cadena de pagos de un sistema en el que las térmicas necesitan comprar combustible antes de producir.
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El respaldo térmico no puede quedarse sin combustible
Para un usuario, la relación entre Air-e y las plantas térmicas puede parecer distante. No lo es. Las hidroeléctricas dominan buena parte de la generación colombiana, pero dependen de la disponibilidad de agua. Cuando los embalses bajan o las lluvias se alejan de los promedios históricos, las térmicas cumplen la función de respaldo.
El reporte más reciente de XM muestra que el nivel de embalse útil del sistema se ubicó en 78,89 %, mientras los aportes al sistema llegaron a 67,69 %, frente a un promedio de 72,97 %. A finales de agosto, Guavio y Chivor estaban por encima del 90 %, pero algunos embalses de la región occidental se encontraban cerca del 50 %.
Para Castañeda, el riesgo se puede explicar en términos sencillos: si las plantas no pueden encenderse, el sistema tendría que utilizar más agua para cubrir la demanda. Si esa presión coincide con una temporada seca, el margen de seguridad se reduce.
“Si no prendemos, nos vamos a gastar el agua y vamos a estar apagados en el mes de diciembre y enero”, dijo.
La advertencia se conecta con el diagnóstico presentado por Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen. En su intervención en el Congreso, señaló que Colombia ha tenido dificultades para incorporar al sistema la energía que esperaba recibir: en 2022 ingresó el 28 % de la energía prevista; en 2023, el 17 %; en 2024, el 25 %; en 2025, el 10 %, y en 2026, el 23 %, según las cifras expuestas por la dirigente.
Gutiérrez también sostuvo que el país necesita realizar inversiones anuales cercanas a COP 10 billones solo para recuperar el margen de confiabilidad requerido frente a nuevos periodos de sequía.
La demanda eléctrica, además, no está quieta. El crecimiento de la movilidad eléctrica, la expansión de los centros de datos y el uso de inteligencia artificial están aumentando las necesidades de generación y transmisión.
Y en esa espiral de sinsabores, entra un tema un poco más conocido: la transición tecnológica, que bajo el análisis de los expertos tiene una condición poco negociable: requiere electricidad disponible. Un centro de datos puede anunciar una inversión millonaria, pero necesita una red capaz de entregarle la energía en el lugar y el momento previstos. Una industria que busca ampliar su producción enfrenta la misma restricción. La promesa de nuevas inversiones pierde valor si el sistema no puede garantizar la conexión.
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Invertir a largo plazo con reglas que cambian
El sector empresarial sostiene que Colombia cuenta con recursos naturales y oportunidades de inversión, pero necesita reconstruir la confianza. Castañeda calculó que las inversiones en el sector eléctrico durante los próximos diez años podrían alcanzar los COP 65 billones.
“No hay contratos, aquí no hay concesiones, aquí no hay nada, digamos, que nos vincule directamente con el Gobierno; si se da es porque hay confianza y porque se cree en el país y en su regulación”, afirmó.
La declaración resume una particularidad de la infraestructura eléctrica: los proyectos requieren grandes desembolsos y recuperan su inversión durante periodos extensos, ¿y quién invertirá si cada dos años se prometen reformas y soluciones a crisis cortoplacistas sin pensar en el largo plazo? Una central, una red de transmisión o una infraestructura de distribución no se construyen para responder al ciclo de un gobierno. Las decisiones financieras pueden comprometer capital durante 20, 30 o 40 años, admite Acolgen.
Por eso el gremio propuso promover un proyecto de ley que otorgue estabilidad jurídica de largo plazo a inversiones estratégicas de infraestructura. Gutiérrez habló de un régimen de 30 años con reglas objetivas y mecanismos efectivos.
El planteamiento fue respaldado, con distintos matices, por los participantes del panel “Sincronía energética: los pilares para una transición sostenible”. Ana Fernanda Maiguashca, directora del Consejo Privado de Competitividad, cuestionó la forma en que se tramitan los permisos y propuso un sistema de gestión ambiental basado en riesgos. No debería recibir el mismo tratamiento, sostuvo, un parque solar pequeño y una instalación de gran escala.
La discusión, insisten los expertos, no consiste en eliminar la evaluación ambiental. La propuesta empresarial busca que los requisitos, los tiempos y las entidades involucradas guarden relación con las características de cada proyecto. En la práctica, los inversionistas se enfrentan a trámites distribuidos entre distintas autoridades, procesos de consulta previa, decisiones territoriales y permisos que pueden avanzar a ritmos diferentes.
José Miguel Mendoza, participante del mismo panel, planteó la necesidad de articular las competencias de las entidades públicas mediante una especie de ventanilla o instancia coordinadora que permita identificar un responsable para sacar adelante los proyectos estratégicos. La fragmentación institucional, explicó, hace que los inversionistas deban recorrer múltiples oficinas sin que exista necesariamente una autoridad con capacidad para coordinar el conjunto del proceso.
Cada mes de retraso puede modificar el costo financiero de una obra, aplazar su entrada en operación y dejar al sistema dependiendo durante más tiempo de la infraestructura existente.
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Un portafolio de COP 600 billones, pero pocos proyectos listos
El vicepresidente José Manuel Restrepo afirmó durante su intervención que el Gobierno identificó alrededor de 176 proyectos públicos, privados y mixtos, con un valor superior a COP 600 billones. De ese conjunto, dijo, se seleccionó un grupo de entre 30 y 60 iniciativas prioritarias que se buscarían presentar a inversionistas internacionales.
La cifra muestra el tamaño del portafolio que el Gobierno quiere promover, aunque no equivale a recursos asegurados ni a obras próximas a comenzar. Entre identificar un proyecto y ponerlo en funcionamiento existe una cadena de estudios, permisos, financiación, acuerdos territoriales, contratación y construcción.
Ese recorrido es precisamente el que los empresarios consideran necesario acelerar. En el panel, los representantes del sector insistieron en que Colombia debe pasar de los diagnósticos a una hoja de ruta concreta. La demanda crece, las nuevas tecnologías cambian las condiciones del mercado y la infraestructura de transmisión no siempre avanza al mismo ritmo que los proyectos de generación.
Ricardo Sierra, presidente del Grupo Energía Bogotá, advirtió que el país debe modernizar su regulación para atender nuevas necesidades de conexión. Mencionó el caso de empresas que requieren cargas de 20 megavatios y centros de datos que podrían demandar hasta 100 megavatios. La capacidad de responder a esas solicitudes depende de redes, subestaciones y procedimientos que no siempre están disponibles cuando el usuario los necesita.
La expansión también tiene una dimensión regional. Maiguashca señaló que el problema energético no debe abordarse únicamente desde Bogotá, aunque las decisiones nacionales se tomen en la capital. Las condiciones de La Guajira, Antioquia, la Costa Caribe y otras zonas son diferentes, tanto por los recursos disponibles como por los conflictos territoriales, la infraestructura y los tiempos de licenciamiento.
Una política energética que ignore esas diferencias puede terminar aplicando soluciones uniformes a problemas distintos. La generación puede estar localizada lejos de los centros de consumo; la transmisión puede convertirse en el cuello de botella; y una comunidad puede enfrentar impactos específicos que no aparecen en los modelos nacionales.
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El precio de la energía y la presión sobre los hogares
Durante el panel también se cuestionaron los efectos de las decisiones tarifarias y de algunos componentes que terminan incorporándose a las facturas.
Los participantes plantearon que el debate público suele concentrarse en las empresas generadoras, aunque el precio final depende de varios eslabones: generación, transmisión, distribución, comercialización y otros cobros asociados al servicio. Las afirmaciones específicas sobre tarifas regionales y alumbrado público requieren revisión documental antes de convertirse en cifras publicadas, pero la preocupación central quedó expuesta: una política que busque contener los precios sin resolver los costos estructurales puede debilitar los incentivos para invertir.
"No hablamos el lenguaje de la gente común", dijo el senador Óscar Villamizar, en un panel sobre la agenda legislativa de la seguridad energética. "Están pensando: "¿Cómo van a llenar la nevera de su casa?".
Aquí entra el tira y afloja: las familias necesitan un servicio accesible y las empresas requieren tarifas previsibles para planear sus gastos. Al mismo tiempo, el sistema necesita inversiones cuantiosas para ampliar la oferta, fortalecer las redes y responder a una demanda que podría aumentar con la electrificación del transporte y la expansión digital.
El sector empresarial pide reglas estables. El Gobierno debe responder por el interés de los usuarios, la confiabilidad del servicio y la ejecución de los recursos públicos. Y los proyectos deben superar las exigencias ambientales y territoriales sin quedar atrapados indefinidamente en trámites que nadie coordina, mientras las familias esperan un servicio de calidad y una tarifa menos costosa.
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