Están desconociendo todo: JEP rechaza idea de quitarles COP 100.000 millones

Su pronunciamiento se dio al inicio de la rendición de cuentas de la JEP, que se realiza este viernes en la Universidad Externado de Colombia, en Bogotá. Durante el evento, el magistrado Ramelli se refirió a la propuesta del congresista de Salvación Nacional. "Esta es una necesidad sentida. Con cuatro billones que ha costado la JEP, sus indicadores de resultados son desastrosos, lamentables. Es la jurisdicción de la impunidad", dijo el senador Gómez Martínez.

La propuesta fue respaldada de forma directa por el presidente Abelardo de la Espriella, quien por medio de su cuenta de X respondió a la propuesta del senador. "¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!", escribió el jefe de Estado. Una propuesta que aparece en uno de los momentos más complejos para la JEP: en medio de la discusión del presupuesto de 2027 por parte del Congreso, a un par de meses del cambio de presidente de la JEP y sin poder entablar una conversación con el nuevo gobierno.

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Sobre esa propuesta, el magistrado Ramelli aseguró que trasladar COP 100.000 millones de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura para el funcionamiento de la Rama Judicial "pone en grave riesgo el funcionamiento del tribunal transicional creado en el Acuerdo Final de Paz". Agregó que, de aprobarse la propuesta radicada en la Comisión Primera del Senado, se afectaría de forma directa la adquisición de bienes y servicios, un impacto del 62 % de los recursos destinados en el presupuesto de la JEP.

El magistrado Ramelli dijo que el posible recorte presupuestal se sumaría a la desfinanciación acumulada de la JEP, que ya alcanza los COP 84.663 millones. "De concretarse esta proposición, se acabaría vulnerando directamente la garantía estatal de dotar a la JEP de la autonomía presupuestal, administrativa, técnica y de infraestructura indispensables para el cumplimiento de sus funciones constitucionales", señaló el togado.

Durante su pronunciamiento, el magistrado Ramelli anunció que pondrán la situación en conocimiento de la Corte Penal Internacional, por cuenta de los compromisos que el país adquirió con la Fiscalía de ese órgano internacional en el marco del Acuerdo de Paz y de la creación de la justicia transicional. Hizo un llamado urgente a la comunidad internacional sobre el coletazo que representaría la "parálisis operativa" de la JEP por cuenta de los recortes presupuestales, especialmente para la garantía de los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de los comparecientes.

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También señaló que hablarán con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, los países garantes del Acuerdo de Paz, así como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para informarles sobre los eventuales problemas financieros de la JEP y sus consecuencias por un posible recorte presupuestal.

Entre esas consecuencias, dijo el togado, estaría la imposibilidad de operación del sistema de protección a víctimas y testigos, intervinientes y operadores judiciales, que tiene un costo de COP 62.478 millones destinados a convenios con la Unidad Nacional de Protección (UNP). "Esto dejaría desamparadas a miles de personas cuyos derechos, seguridad y vidas son protegidas por la jurisdicción", dijo el magistrado Ramelli.

También dijo que estarían de cara a "un inminente cierre e inoperancia" de la sede principal y de la sede alterna de la JEP en Bogotá, pues no se podrían garantizar los COP 29.362 millones necesarios para el pago de arriendos, servicios públicos y mantenimiento básico, "paralizando la atención a los ciudadanos, así como el trabajo general de las Salas y Secciones de la magistratura, de la Secretaría Ejecutiva y de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA)".

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El recorte de recursos, según explicó el magistrado Ramelli, tendría consecuencias incluso en la reserva y seguridad de toda la información que manejan, pues habría "una restricción e inoperancia tecnológica", pues se vería comprometido al menos el 40 % de los recursos destinados al Datacenter, que son alrededor de COP 8.160 millones. "La comunidad internacional ha hecho constantes y reiterados llamados a respetar no solo la independencia en las decisiones de este tribunal especial, sino a garantizar su funcionamiento destinando los recursos necesarios para ello", dijo el magistrado Ramelli.

Agregó: "La JEP es consciente de la crisis fiscal de la Rama Judicial y de los retos que presenta en materia de rezagos para proferir decisiones en procesos judiciales pendientes. Sin embargo, estas son problemáticas estructurales que no pueden ser resueltas a costa de una jurisdicción creada y diseñada con el fin específico, bajo un marco de estricta temporalidad, destinado a investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante 50 años de conflicto armado interno", expresó el magistrado Ramelli.

Finalmente, el presidente de la JEP cuestionó una iniciativa que también avanza en la Comisión Primera del Senado para reformar la Constitución y establecer una "revisión judicial automática" de todas las decisiones de la JEP contra miembros de la fuerza pública, a cargo de la Justicia Penal Militar. "Estas iniciativas de estrategia combinada de asfixia económica y sometimiento de la JEP a la Justicia Penal Militar constituyen el más grave ataque que ha sufrido la justicia transicional colombiana contra su independencia y autonomía judicial. Al mismo tiempo, constituyen un grave atentado contra los derechos de las víctimas a la verdad, la reparación y la no repetición", concluyó el magistrado Ramelli.

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