
El próximo 4 de noviembre el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga dejará la presidencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), después de dos años de gestión. Y en las salas y secciones de la justicia transicional ya se definieron los nombres de los tres togados que buscan reemplazarlo: Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra, Camilo Andrés Suárez Aldana y Danilo Alfonso Rojas Betancourth. El Espectador conoció que el pasado 15 de septiembre se reunieron los 38 magistrados de esa instancia creada con el Acuerdo de 2016 (18 de las Salas de Justicia y 20 del Tribunal para la Paz) para formalizar sus candidaturas al cargo de quien dirigirá, coordinará y representará a ese organismo en los próximos dos años.
Se trata de una cambio que ocurrirá a solo un par de meses de la llegada del presidente Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño, en medio de la discusión del presupuesto para el año 2027 y de cara al cierre de la etapa de investigación que adelantan las Salas de Justicia sobre los 11 macrocasos de la JEP. Desde su inicio de labores, en marzo de 2018, cuatro magistrados han presidido esa instancia: Patricia Linares Prieto, Eduardo Cifuentes Muñoz, Roberto Carlos Vidal Vidal López y Alejandro Ramelli Arteaga. El reto ahora, según expertos y analistas que le han seguido la pista a la implementación del Acuerdo de Paz, es emitir nuevas sentencias y vigilar su cumplimiento, incluso a pesar de los coletazos políticos y económicos.
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Reinere Jaramillo Chaverra
La magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra es la única mujer en la terna para asumir la presidencia de la JEP. Hace parte del Tribunal para la Paz, donde ejerce como vicepresidenta de la Sección de Ausencia de Reconocimiento, que se encarga de emitir las sentencias contra máximos responsables que deciden no aceptar los delitos imputados y son llevados a juicio adversarial. En diciembre de 2025 tuvo a cargo la ponencia de la sentencia a 20 años de cárcel contra el coronel retirado del Ejército Publio Hernán Mejía, por 72 casos de ejecuciones extrajudiciales en el Batallón La Popa, de Valledupar (Cesar). También es la coordinadora de la Comisión de Género de la justicia transicional.
Jaramillo Chaverra nació en Medellín (Antioquia), la hija del medio en una familia de diez hermanos desplazados por la violencia en el municipio de San Roque. Hizo estudios de Sociología en su ciudad, luego viajó a Bogotá para trabajar como secretaria en el Congreso, estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Colombia e hizo una especialización en Derecho Público en la misma institución. También tiene una maestría en Investigación Social Interdisciplinaria, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Ha sido docente universitaria durante 11 años, alcaldesa local de Sumapaz entre 2008 y 2012, defensora pública de la Defensoría del Pueblo y abogada en el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y en la Comisión Colombiana de Juristas. Actualmente lidera el juicio adversarial contra el coronel retirado David Herley Guzmán, por ejecuciones extrajudiciales en Antioquia.
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Camilo Andrés Suárez Aldana
El magistrado Camilo Andrés Suárez Aldana es el vicepresidente de la Sección de Reconocimiento del Tribunal para la Paz, encargada de resolver los casos de los comparecientes que aceptan responsabilidad y se acogen a sentencias restaurativas, distintas a las penas de cárcel. El togado fue el ponente de la primera sentencia restaurativa de la JEP, emitida el 16 de septiembre de 2025 contra los siete exintegrantes del último Secretariado de las antiguas Farc por 21.936 casos de secuestros. Esa sentencia sancionó a los exjefes guerrilleros con ocho años de trabajos y obras de carácter reparador y restaurador. Esa decisión fue apelada y, aunque hace dos meses se resolvió en segunda instancia, aún está por ejecutarse.
Suárez Aldana nació en Bogotá. Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Colombia y tiene una especialización en Resolución de Conflictos y Derecho Internacional de los Derechos Humanos de esa misma institución. También se especializó en Derecho Penal y Criminología en la Universidad Libre y en Procedimiento Penal Constitucional y Justicia Militar en la Universidad Militar Nueva Granada, e hizo estudios de posgrado en España y Alemania. Tiene experiencia como docente universitario y, durante 24 años, entre 1992 y 2016, trabajó en la Justicia Penal Militar y Policial. Primero como juez y luego como magistrado del Tribunal Superior Militar, instancia que presidió entre los años 2012 a 2013 y 2015 a 2016.
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Danilo Alfonso Rojas Betancourth
El magistrado Danilo Alfonso Rojas Betancourth es el vicepresidente de la Sección de Apelaciones del Tribunal para la Paz, la instancia que resuelve los recursos contra las sentencias de primera instancia y permite el cierre jurídico de todos los expedientes de la justicia transicional. Nació en el municipio de San Antonio (Tolima) y es abogado graduado de la Universidad Libre. Estudió dos especializaciones: una en Instituciones Jurídico-Políticas y Derecho Público de la Universidad Nacional de Colombia y otra en Derecho Público Administrativo, de la Universidad Santo Tomás. También hizo una maestría y un doctorado en Derecho en la Universidad Nacional.
Trabajó como consultor en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Consejo Noruego para los Refugiados (CNR). Estuvo al frente de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango, relator y magistrado auxiliar del Consejo de Estado. Entre 2010 y 2018 fue consejero de Estado, instancia de la que fue elegido presidente en enero de 2016. Es la tercera vez que se une al pulso por la presidencia de la JEP, pues ya había sido candidato en 2020, contra Alejandro Ramelli y Eduardo Cifuentes, y en 2024, contra Reinere Jaramillo y Alejandro Ramelli.
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Los retos del próximo presidente
Quien asuma el 5 de noviembre de 2026 la presidencia de la JEP no solo tendrá que coordinar el funcionamiento de la justicia transicional y ser su portavoz ante el país y ante la comunidad internacional. También tendrá que enfrentar retos en materia jurídica y política que hoy preocupan a los analistas. Uno de ellos es el diálogo con el presidente Abelardo de la Espriella, quien durante su campaña manifestó abiertamente su oposición a esa instancia y su intención de desmontarla, a pesar de que está protegida por la Constitución y su funcionamiento irá, en principio, hasta 2032. Así lo explicó María Camila Moreno, directora para Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ).
“El relacionamiento con el nuevo Gobierno será un desafío, pues hasta ahora no hay un diálogo y es fundamental porque de eso, y de la coordinación institucional, depende también el cumplimiento de las sanciones propias”, explicó la experta. A eso se suma el presupuesto para 2027, que en este momento está siendo discutido en el Congreso. Según información de la propia JEP, su presupuesto inicial para el próximo año estaba por COP 947.648 millones, pero en el nuevo proyecto de presupuestos quedó por COP 821.803 millones, un déficit del 13 % ante el cual hoy solo hay dos caminos: que el Congreso tome una decisión favorable y lo incremente, o repensar en qué se invertirán los recursos del próximo año.
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La directora Moreno agregó que quien asuma la presidencia de la JEP también tendrá que enfrentar retos internos como el de aprovechar los poco más de siete años que le quedan a la justicia transicional. “Estamos en un momento crítico en el sentido de que la JEP tiene que repensar estrategias y metodologías para asegurar que en el tiempo que tiene pueda terminar cabalmente con su mandato”, dijo la experta. Señaló que la atención de la justicia transicional, cuyas Salas de Justicia tendrán que culminar su trabajo en el primer trimestre de 2027, deberá centrarse en el cierre de sus 11 macrocasos, garantizar la seguridad jurídica de los comparecientes y satisfacer las garantías de verdad y justicia de miles de víctimas.
Finalmente, señaló que hay un reto adicional de relacionamiento y coordinación con la justicia ordinaria. “Todavía hay miles de expedientes abiertos en la Fiscalía contra personas que están en la JEP y que esta instancia no ha recibido o no se los han entregado. Eso hay que resolverlo o al menos definir la forma de hacerlo para garantizar la seguridad jurídica de los comparecientes”. Y concluyó señalando que el próximo presidente tendrá que resolver cómo “reposicionar a la JEP ante la sociedad”, para llevar el debate más allá y que el país comprenda que la justicia transicional “no se mide únicamente por sentencias”. Esos puntos y los que se irán sumando a la agenda los tendrá que asumir quien quede elegido el próximo 20 de octubre por la Sala Plena de esa entidad.
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Lucila(60806)•18 de septiembre de 2026 – 18:41En esta entidad ejemplar,todos son personas brillantes,imparciales,muy cultos e intachables.No es difîcil la elecciôn,quien quede sabrâ conducirla por la ruta del êxito y la imparcialidad.
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El observador(92674)•18 de septiembre de 2026 – 14:11Tres magistrados sin decisiones trascendentes y con tiempo para hacer lobby politico.