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Las autoridades impusieron medidas cautelares sobre 38 inmuebles avaluados en más de COP 379 mil millones, ubicados en Bogotá y cuatro municipios de Cundinamarca, por sospechas de haber sido adquiridos, al parecer, mediante recursos provenientes de actividades asociadas con los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y contrabando. Así lo informó la Décima Tercera Brigada del Ejército, que acompañó el operativo junto al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
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El brigadier general William Fernando Caicedo Benavidez, comandante de la Brigada 13, informó que 21 de las 38 propiedades están ubicadas en Bogotá, principalmente en los sectores de Unicentro y Toberín. Allí, locales comerciales de Lili Pink, entre ellos unos arrendados a la marca Koaj, fueron objeto de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo de las propiedades, por parte de los investigadores. En este punto vale aclarar que la marca Koaj no es objeto del proceso de extinción, ya que simplemente es arrendataria.
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Mientras tanto, en los municipios de Tabio, Tenjo, Funza y La Calera, en Cundinamarca, las autoridades intervinieron otros 17 predios rurales con el objetivo de impedir su venta, transferencia o disposición, mientras avanza el proceso penal.
El antecedente del caso Lili Pink
La intervención se suma a un proceso que la Fiscalía adelanta contra la cadena de ropa femenina Lili Pink por presunto contrabando y lavado de activos. El 16 de septiembre, el ente acusador informó que impuso medidas cautelares sobre 45 propiedades relacionadas con el caso, ubicadas en Bogotá y seis departamentos, con un avalúo superior a COP 184.615 millones. Esos bienes incluían 17 inmuebles rurales y 28 urbanos en Bogotá, Funza, La Calera, Tenjo, Cartagena, Pereira, Ibagué y Cali.
La investigación comenzó a hacerse pública el pasado 27 de abril, cuando las autoridades intervinieron más de 400 tiendas en las que se comercializaba la marca y capturaron a varias personas. Entre ellas aparece el abogado Walter Martínez Martínez, imputado por lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando. El procesado no aceptó los cargos.
Según la Fiscalía, la presunta estructura habría utilizado importadoras, comercializadoras y sociedades de papel para ingresar prendas de vestir, juguetes y cosméticos, distribuirlos en el país y dar apariencia de legalidad a las operaciones.
El ente investigador calcula que el entramado estaría relacionado con operaciones de lavado de activos por más de COP 730 mil millones, enriquecimiento ilícito superior a COP 430 mil millones y contrabando por más de COP 75 mil millones. La investigación continúa y será la justicia la que determine las responsabilidades individuales y empresariales.
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Mientras tanto, en este nuevo operativo desplegado en Bogotá y Cundinamarca, la SAE será la encargada de administrar las propiedades mientras la justicia define si regresan a sus titulares o pasan definitivamente a manos del Estado. La Fiscalía deberá demostrar entonces si las fincas, apartamentos, parqueaderos, bodegas y locales comerciales fueron adquiridos con recursos ilícitos o guardan alguna relación con las actividades investigadas. Los propietarios, poseedores y demás afectados podrán controvertir las medidas y presentar sus argumentos dentro del proceso judicial.
*NOTA DEL EDITOR: Esta noticia se modificó para aclarar que el proceso de extinción de dominio no es en contra de la marca Koaj. Su nombre se vio involucrado en el procedimiento, al ser arrendatario de uno de los locales de Lilipink, empresa contra la que sí recae el proceso judicial.
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