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En una carta enviada al alcalde, los siete concejales del Centro Democrático plantearon 10 observaciones sobre el texto aprobado en primer debate. Entre ellas está el aumento del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para el sector financiero, cuya tarifa, aunque fue reducida en el primer debate, pasaría de 11 a entre 18 y 20 por mil, según la actividad. Los concejales sostienen que esto podría aumentar los costos de financiación y afectar el acceso al crédito y a la vivienda.
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En la misiva, firmada por Julián Uscátegui, Humberto Amín, Andrés Barrios, Diana Diago, Sandra Forero, Andrea Hernández y Óscar Ramírez Vahos, lanzaron críticas sobre los siguientes puntos que piden revisar al alcalde de cara al próximo debate.
Los 10 puntos de la reforma cuestionados por el Centro Democrático
- Aumento del ICA al sector financiero y su impacto en crédito y vivienda: Aunque la tarifa propuesta se ajustó entre el 18 y 20 por mil, representa un incremento superior al 89 % frente a la tarifa vigente del 11 por mil, lo cual puede elevar los costos de intermediación y afectar los créditos hipotecarios y el acceso a la vivienda.
- Pérdida de competitividad por el ICA financiero: El incremento tarifario reduce la competitividad tributaria de Bogotá frente a municipios vecinos, incentivando el traslado de operaciones financieras y encareciendo el financiamiento para emprendedores.
- Encarecimiento de seguros de salud, vida y patrimonio: El mayor costo tributario al sector financiero puede trasladarse al precio de las pólizas de seguro, desincentivando la protección de bienes y personas ante la inseguridad o desastres naturales.
- Carga tributaria sobre el sector automotor: Pese a las tarifas diferenciadas para vehículos híbridos y eléctricos, preocupa el impacto sobre la venta de vehículos convencionales (11 por mil), repuestos y mantenimiento, afectando un sector que genera más de 18.000 empleos.
- Impacto en bares y gastrobares por bebidas alcohólicas y tabaco: La tarifa del 19 por mil puede significar un aumento de hasta un 37,7 % respecto a la tarifa vigente (13,8 por mil), elevando los costos operativos y comprometiendo la formalidad del sector.
- Afectación a tenderos y pequeños comerciantes: Al aplicarse sobre los ingresos brutos en productos que ya tienen cargas altas, reduce los márgenes y compromete el flujo de caja de los pequeños negocios, que tienen menor capacidad para absorber costos.
- Dudas jurídicas en la sobretasa al alumbrado público: Se cuestiona destinar recursos públicos para intervenir infraestructura que pertenece en gran medida a un tercero (ENEL), considerando que el Distrito solo posee menos del 4 % de las luminarias.
- Concentración de la sobretasa al alumbrado en el sector productivo: Los predios comerciales, industriales, financieros y dotacionales aportarían cerca del 60 % del recaudo proyectado (aproximadamente $241.000 millones).
- Carga sobre la clase media y pobreza oculta: La sobretasa al alumbrado se calcula sobre el avalúo catastral y no sobre los ingresos efectivos del propietario, lo que perjudica a hogares de estratos 3, 4 y 5 con alto valor de inmueble pero baja capacidad de pago real.
- Ausencia de una cláusula de reversión de activos: El proyecto no establece un mecanismo jurídico claro que garantice que los activos e infraestructura de alumbrado público financiados por los contribuyentes pasen a ser propiedad del patrimonio distrital en el futuro.
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Con esta carta, los concejales pidieron a la Administración suprimir en el segundo debate en plenaria los artículos relacionados con estas medidas.
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