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La Fiscalía General de la Nación destapó un presunto patrón de explotación sexual contra niñas indígenas de entre 12 y 15 años, pertenecientes a la comunidad Jiw de los resguardos Caño La Sal y Luna Roja, en Puerto Concordia (Meta). Leonalgel Benavides Beltrán, Celino Vargas Torres, Víctor Manuel Vargas Silva y Jhon Nilson Acosta Mejía fueron señalados como presuntos responsables de estos hechos, que habrían tenido lugar entre 2019 y 2026.
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Según el ente investigador, las evidencias recopiladas hasta el momento permiten identificar preliminarmente a cuatro víctimas. Sin embargo, la Fiscalía indicó que la investigación continúa con el objetivo de identificar a otras menores que habrían sido abusadas sexualmente.
De acuerdo con la Fiscalía, las niñas habrían sido inducidas al consumo de sustancias tóxicas para luego ser sometidas a agresiones sexuales, aprovechando su estado de indefensión. A esta situación, señaló el ente investigador, se suman las condiciones de vulnerabilidad derivadas del desplazamiento, las dificultades socioeconómicas y las barreras territoriales que afectan a la comunidad Jiw en el sur del país.
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El pueblo Jiw, también conocido como guayabero, es un grupo indígena que habita principalmente en los departamentos de Guaviare y Meta. La Corte Constitucional ha advertido desde 2009 sobre el riesgo de exterminio físico y cultural que enfrenta este pueblo como consecuencia del conflicto armado y el desplazamiento forzado, y ha ordenado medidas para garantizar su protección y pervivencia. En decisiones posteriores, la Corte ha reiterado que persisten factores de riesgo y dificultades en la respuesta estatal frente a esta comunidad.
Puerto Concordia, el municipio donde se habrían registrado los hechos, ha sido escenario recurrente de crisis humanitarias que afectan a esta población. Comunidades enteras han tenido que abandonar sus resguardos por amenazas de grupos armados, y varias familias permanecen desde hace años en asentamientos improvisados en los cascos urbanos, sin garantías plenas de acceso a salud, educación y seguridad. Ese contexto de precariedad es, según la Fiscalía, uno de los factores que habría sido aprovechado por los presuntos agresores.
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Los cuatro hombres fueron capturados durante diligencias de registro y allanamiento adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, en distintos inmuebles de Puerto Concordia. En uno de esos operativos fueron halladas dos menores de edad indígenas, quienes quedaron a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.
Una fiscal de la Seccional Guaviare imputó a los capturados, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años y acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir. Los procesados no aceptaron los cargos, por lo que el caso continuará su curso ante un juez de control de garantías, quien deberá definir la medida de aseguramiento de cada uno de los imputados.
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