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La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a cinco exmandos medios de las antiguas Farc a reconocer responsabilidad en crímenes de guerra relacionados con violencia sexual y de género contra niñas y mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinas. Se trata de la primera imputación por este tipo de delitos en el marco del caso 05, que investiga la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. El magistrado Raúl Eduardo Sánchez habló con El Espectador sobre los 68 hechos victimizantes que recoge la investigación adelantada desde su despacho para esta imputación, que se conoce en uno de los momentos más complejos de la justicia transicional.
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Esta imputación a cinco exmandos medios es la primera del caso 05 relacionada con violencia sexual y llega, además, en un momento de tormentas para la JEP. ¿Cómo entender la importancia de este llamado a reconocer responsabilidad?
El caso 05 aborda las investigaciones de delitos que se cometieron en el marco del conflicto armado en el Cauca y el sur del Valle del Cauca. Este es nuestro tercer auto de imputación y todos han sido contra antiguos miembros de las Farc. Asimismo, hay una gran preocupación de la JEP por visibilizar esta clase de conductas delictivas en materia de violencia sexual y violencias basadas en género.
Primero, porque son muy difíciles de investigar por diversas razones, como el temor de las víctimas a hablar. En el caso del Cauca, la situación de orden público, para nadie es un secreto, es bastante difícil. Estas personas están en medio del conflicto con las disidencias. No es fácil hacerlo, pero lo que hemos hecho a lo largo de todas las investigaciones que hace la Sala de Reconocimiento de Verdad es eso: visibilizar, darles voz a las víctimas e imputar a todas aquellas personas que hayan cometido delitos en el marco del conflicto armado.
Esta clase de delitos ya fueron imputados en primer lugar, en el caso 02, en el departamento de Nariño, también contra las Farc, en el caso 07, referente al reclutamiento ilícito de menores, y el caso 11, que es un caso exclusivo de violencia sexual. Y esto es para significar la gran importancia que tiene este tema al interior de la JEP.
¿Qué diferencia a esta imputación de las que ya se han hecho, especialmente en el marco del caso 11?
El caso 11 es exclusivo de violencia sexual, que involucra a miembros de la fuerza pública y antiguos miembros de las Farc, y es un caso a nivel nacional. Esto significa que se van a enfocar en los máximos responsables a nivel nacional. Mientras que el caso 05 es territorial porque está enfocado en una sola región, el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Lo que nosotros hacemos en este caso es imputar a los máximos responsables de esta región, de algunas estructuras puntuales de las Farc.
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La magistrada Lily Rueda es quien lidera las investigaciones sobre reclutamiento de menores y violencia sexual. ¿Cómo fue la conversación entre su despacho y el de ella para alimentar esta investigación?
Este auto tiene la gran ventaja de que es un auto de sala plena en la Sala de Reconocimiento de Verdad. Hubo un debate muy intenso, muy interesante con los y las colegas. Por otro lado, nosotros seguimos una línea de trabajo, partimos del caso 02 (situación territorial en Nariño) y del caso 07 (reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado) y tuvimos un diálogo muy productivo con la magistrada Liy Rueda. Muchas de las referencias que se usaron en este caso fueron recogidas, especialmente, del caso 07.
Opositores de la JEP dicen que la justicia transicional ha tenido manejo diferencial de los procesos contra los exintegrantes de las Farc y contra los exmiembros de la fuerza pública. ¿De qué forma esta imputación muestra que sí se han investigado los crímenes de todos los actores del conflicto armado bajo el mismo rasero?
Eso es absolutamente falso. Si uno ve el trabajo que ha hecho la JEP, con este auto se han hecho 17 imputaciones contra las Farc, mientras que las imputaciones a la fuerza pública son 13. La Constitución y la ley nos exigen que haya una simetría. Es decir, que se investigue por igual a miembros de la fuerza pública como a miembros de las Farc. Lo cierto es que ha habido más investigaciones e imputaciones derivadas de lo que hacían las antiguas Farc que sobre la fuerza pública. De hecho, tenemos muchos casos relacionados tanto con Farc como con fuerza pública porque nos exigen la simetría. Es una investigación muy pareja y los datos no mienten.
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¿Entonces qué es lo que ha fallado para que esa narrativa haya tomado tanta fuerza? Porque incluso el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, ha tenido que salir a desmentir esa supuesta condescendencia de la justicia con exintegrantes de las Farc.
Hay que tener una adecuada estrategia de comunicaciones que, hasta ahora y como hemos visto, se está dando. Pero hay personas a las que, así uno les diga todo el trabajo que se ha venido haciendo, desafortunadamente no están de acuerdo con la JEP. En esos espacios es donde se encuentra esa narrativa. Lo que sí es cierto es que, luego de informar todo el trabajo que se hace, de señalar todas las sentencias que hemos sacado, que son más de 3500, cuando hablamos de que le hemos concedido la libertad a más de mil personas que hicieron parte de la fuerza pública, además de las renuncias a la persecución penal, las cifras están ahí.
Hoy muchos de los militares que cometieron graves crímenes están caminando por la calle, están libres, están haciendo un nuevo proyecto de vida. Tan es así que un grupo de miembros de fuerza pública presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una medida cautelar por lo que está pasando en estos momentos con la JEP y su presupuesto. Esa narrativa se vende, sabemos también que hay bodegas que buscan desinformar. Hay que informarse un poco más y yo creo que con mayor información la concepción puede cambiar.
En su investigación detalló que la violencia sexual y basada en género ocurrió en dos modalidades. La primera corresponde a crímenes contra niñas y mujeres que hacían parte de la guerrilla. ¿Cuáles fueron los ejemplos que más lo impactaron?
Son tres líneas de investigación: una de violencia intrafilas en materia sexual, la segunda corresponde a los ataques sexuales contra la población civil y la tercera a los ataques sexuales o violencia basada en género, especialmente en las comunidades LGBTIQ+. En el caso de la violencia intrafilas, observa uno lo que ya el caso 07 nos había dicho: violaciones, abortos forzados, sexo obligatorio, entre otras conductas contra niñas reclutadas a la fuerza, que estaban allí para combatir, no para ser objeto de violación ni mucho menos.
¿Hubo algún caso que le haya dolido a usted de forma particular?
Son muchos casos. Me sorprendió cómo, desafortunadamente, las mujeres afrodescendientes eran violadas solamente por su color de piel. Es decir, que consideraban necesario estar con ellas solo porque les parecía que era atractivo estar con una persona afrodescendiente. Ese morbo, el color de la piel, es muy fuerte. Segundo, cómo una mujer fue violada simplemente porque tenía una relación afectiva con un soldado. Y tercero, me impactó cómo muchas mujeres eran violadas simplemente porque se negaban a dejarse reclutar.
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Hay un capítulo particular de esta imputación sobre crímenes contra personas de sexualidad diversa. ¿Qué fue lo que más le impactó de ese punto de la investigación?
Hay historias muy horrorosas. Encontramos ahí que muchas de estas víctimas LGBTIQ+ no solamente fueron violentadas por las Farc, sino también por los paramilitares. El solo hecho de tener esa condición social los hacía ser blanco de esta clase de violencia. Es bastante desesperanzador ver cómo la orientación sexual y de género diversa fue una lápida en la medida en que se convirtió en objeto de vejámenes sexuales.
¿Y sobre la estigmatización racial?
El caso 05 se concentra en municipios de población indígena, comunidades afrodescendientes y campesinas. Las mujeres, muchas que hacían parte de la población civil, eran violadas, fueron objeto de toda clase de ataques sexuales y quienes más sufrieron fueron sus propias comunidades. Esto va acompañado de una serie de afectaciones y daños psicológicos, de zozobra, angustia y temor. Los testimonios son muy fuertes. Son desgarradores.
Esta es la tercera vez que la JEP imputa a exmandos medios de las Farc por este tipo de crímenes, además del último secretariado de esa guerrilla. ¿Cómo explicar la particularidad de la responsabilidad de mando por la que están siendo llamados a aceptar o negar los hechos en la justicia transicional?
Nosotros trabajamos de la mano de las víctimas y son ellas las que nos exigen resultados. Nos enfocamos en los máximos responsables a nivel nacional y territorial. En ese orden de ideas, nuestro deber constitucional y legal es llamar a rendir cuentas a todas estas personas, bien sean miembros de la fuerza pública o de las antiguas Farc que cometieron esta clase de delitos.
Insisto, las víctimas son las que nos piden mayor verdad frente a lo ocurrido. Las víctimas en estos casos, desafortunadamente, por muchísimos años no tuvieron voz, nunca fueron escuchadas, nunca fueron atendidas y por primera vez estamos yendo a los territorios a hablar con ellas y a escucharlas. Con todo esto estamos dándoles resultados a las víctimas, que es lo que nos interesa.
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Muchas de las víctimas de estos crímenes eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos que luego le contaron a la JEP. También la imputación menciona casos de menores violadas en la guerrilla y que luego murieron en enfrentamientos. ¿Cómo hacer efectiva la justicia en escenarios como estos?
Desafortunadamente en la justicia ordinaria estos procesos no se movían. Tantos casos, delitos y procesos hacían que esto no avanzara con la fluidez que las víctimas esperaban. La ventaja de tener una jurisdicción especial es que solamente se enfoca en las competencias que son asignadas. En este caso, en la investigación de delitos cometidos en el marco y en el curso del conflicto armado. Ahí hay un avance porque las tasas de impunidad en la justicia ordinaria son prácticamente del 90%.
Hemos esclarecido muchas de esas conductas que estaban archivadas, llenas de polvo en diversos anaqueles de la judicatura. Es una tarea bastante dispensa desde el primer momento de ir a buscar expedientes hasta superar ese 90% de impunidad en la justicia ordinaria. El trabajo es eficiente en la medida en que por primera vez le estamos dando una verdad a las víctimas y estamos llamando a rendir cuentas a sus responsables. Nosotros le estamos poniendo rostro a eso que desafortunadamente la justicia ordinaria no investigó. Le estamos dando voz a esa persona fallecida para contar su historia.
Comparecientes y víctimas en este caso han sido objeto de amenazas por las que, incluso, tuvieron que anonimizar sus nombres en la imputación y eso muestra el contexto de violencia que persiste en el país. ¿Cómo seguir administrando justicia en medio de la guerra sin perder el ánimo en el intento?
Es un trabajo difícil porque las propias víctimas se muestran a veces temerosas o cautelosas de poder asistir a cualquier diligencia de la JEP y en los territorios eso se sabe. Es impresionante cómo hay ojos por todos lados y eso hace que las investigaciones sean más difíciles. En el marco del caso 05 tenemos una medida cautelar de protección a las víctimas que justamente le está exigiendo al Estado colombiano mayores medidas de protección frente a la población civil.
Uno de los principios constitucionales de la JEP es tener una garantía de no repetición para que todo eso que han vivido no lo deban seguir viviendo. En noviembre estamos planeando hacer una audiencia de seguimiento a propósito de la llegada del nuevo gobierno, en la medida en que las víctimas nos exigen la presencia del Estado. Por otro lado, ya radicamos una imputación contra miembros de la fuerza pública, que en este momento está en revisión, para darle un debate serio como todos los de la Sala de Reconocimiento de la JEP.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
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antonio(7747)•22 de septiembre de 2026 – 10:47Que sanciones van a aplicar a los que cometieron delitos sexuales contra los menores. Que dicen las mujeres que hacen parte de la JEP ?? Que dice la esposa de Ivan Cepeda que hace parte de la JEP. ? Los reclutadores violadores ya disfrutaron de 8 años de curules en el congreso y las mujeres, que cuando niñas fueron violadas, violadas se quedaron.
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antonio(7747)•22 de septiembre de 2026 – 10:42Sr magistrado, escuche la entrevista de la sra Deisy Guanara el dia de ayer en La FM en la cual narra como fue reclutada cuando tenia 10 años y al dia siguiente le implantaron el dispositivo de la T de cobre y estuvo sangrando por 2 dias, despues fue abusada sexualmente. Sandra Ramirez ( excongresista ) obligaba las menores a usar ropa interior y desfilar ante los del secretariado. Cuenta que pablo catatumbo borracho la manoseaba y abuso de ella.
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Alberto Gómez(jbw8b)•22 de septiembre de 2026 – 09:40JEP: impunidad para las farc. JEP: Morrocoy coja para las farc, ágil y veloz gacela contra los militares.
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Carlos(63194)•22 de septiembre de 2026 – 09:35La JEP es un grupo de alcahuetas que por años ha protegido a los exFarc y sólo hizo hasta ahora una tibia condena. Y ahora lloran por plata, después de vivir del erario público por años sin condenar a criminales abusadores de niños, terroristas y asesinos que viven en la completa impunidad. Acabando la JEP nos ahorraríamos miles de millones de pesos, que se pueden usar para cosas que realmente sirven.