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Desde hace unos días ha cogido fuerza en la opinión pública la idea de que lo que ocurrió en la investigación de su Fiscalía en el caso por el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) es comparable a lo que conocemos como el cartel de la toga. Todo por cuenta de una supuesta omisión de los investigadores que no compulsaron copias para investigar a un magistrado de la Corte Constitucional que estaría relacionado con este caso. ¿Qué opinión le merece esa comparación?
A mí me sorprende. Aunque quiero empezar por decir que esas críticas no son generalizadas. En realidad, están muy focalizadas y tienen que ver con una persona procesada que no está conforme con una negociación que ella misma buscaba con la Fiscalía.
¿Se refiere a la señora Sandra Ortiz?
Sí, correcto. En el caso de la Ungrd, nosotros hemos revisado con mucho juicio todas las pruebas y líneas de investigación que abrimos y ya tenemos, incluso, condenas. Todos esos elementos que hemos analizado nos llevaron a hacer una compulsa de copias a la Corte Suprema de Justicia, respecto de los congresistas que estarían involucrados en este caso, empezando por los expresidentes del Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle.
Por el lado de la Fiscalía, quiero recordar que ya hay dos exministros (Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco) acusados, un exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Carlos Ramón González), prófugo, pero en juicio, y otros exfuncionarios del gobierno también vinculados a las investigaciones. Todo esto ha sido con un trabajo muy cuidadoso, recurriendo también a las herramientas que nos da la ley para concretar negociaciones con quienes han entregado información valiosa en el expediente. Nuestra intención es clarísima: que hechos tan graves no se queden sin condena. Aquí lo que hay es una investigación estructural que no ha terminado.
¿Qué sigue en este caso?
Ya tomamos una decisión clave: reforzar el equipo de tareas especiales que trabaja el caso, que estaba solo y bajo la dirección de la fiscal María Cristina Patiño. Ahora, ella se va a concentrar en los casos de los aforados, incluyendo el juicio contra los dos exministros, y además vamos a tener un grupo de la delegada anticorrupción que va a tomar los casos de los no aforados, incluyendo el caso de Sandra Ortiz.
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Es decir, ¿para usted estas críticas y señalamientos son producto de una procesada de la Fiscalía, Sandra Ortiz, que no le gustó la manera en que llevaron el proceso en su contra?
Esa es mi lectura.
Hoy esta mujer investigada dice muchas cosas que hace unos meses no decía. Es difícil encontrar qué está diciendo y en qué momento procesal. Ahora, por ejemplo, dice que es inocente y que la Fiscalía la presionó. Pero hace un tiempo, ella intentó presentar unas matrices de colaboración buscando un principio de oportunidad, que es para personas que no son inocentes. ¿Usted cómo entiende las dos versiones de la señora Sandra Ortiz y por qué está tan empeñada en criticarla tan ácidamente a usted?
Yo no quisiera entrar en el detalle de lo que yo opino o no por una razón muy elemental y es que en el día de ayer formularon una recusación en mi contra sobre la cual yo no me he pronunciado. Esa es una recusación que es recurrente y que tiene que ver con si yo debería apartarme del manejo de ese caso. De hecho, sea de paso aclarar que yo no tengo el manejo de ese caso y siempre ha sido manejado por un equipo de tareas especiales asignado. Mi cargo tiene tanta carga que yo no tengo tiempo de hacer labor judicial. Creo que el caso de la Ungrd es muy importante y ha sido muy bien manejado. Ahora bien, no sé cuáles son los motivos de la señora Sandra Ortiz. Lo que espero es que el proceso se defienda por sí mismo porque la pelea no es con los funcionarios, sino con las pruebas.
Pero aclaremos una cosa: ¿la señora Sandra Ortiz buscó un principio de oportunidad con la Fiscalía?
Es correcto.
¿Y el principio de oportunidad es para personas inocentes?
No.
Gracias. Suficiente ilustración. Y ya que seguimos en el tema de la Ungrd, hay dos investigados de los que la Fiscalía no ha dicho mucho. Se trata de Andrea Ramírez, quien actuó como asesora de enlace entre el Ministerio de Hacienda y el Congreso, y Jaime Ramírez Cobo, exasesor del Dapre. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Efectivamente hay una línea de investigación en contra de ellos dos que está a cargo de la dirección especializada contra la corrupción.
¿Pero esa investigación en qué está? Es que ya imputaron a dos ministros, también a Carlos Ramón González y de alguna manera a todo ese primer escalón de aforados. ¿Qué pasa en el caso de los asesores?
Lo que puedo decir hoy es que efectivamente eso es una línea de investigación que va andando. El grupo de trabajo ha ido investigando por eventos y, por estrategia, priorizamos los más importantes, por eso ya fueron acusados los ministros, por ejemplo. En la medida en que vayamos avanzando en las otras líneas que nos tocó ir dejando como en un segundo plano por avanzar en los de los aforados. Si hubiéramos hecho lo contrario, hoy estarían diciendo que por qué no ha avanzado los casos de ellos. Ahora estamos tratando de equilibrar las cargas para poder resolver todo. Esa investigación ha avanzado a un ritmo adecuado, no se había visto que en un caso de corrupción de este tamaño, tuviéramos ya condenados y procesados en juicio. Quiero recordar, por ejemplo, el caso del carrusel de la contratación de Bogotá. Hoy seguimos con audiencias de ese expediente.
Claro, y es inevitable las críticas. ¿Pero no cree que puede generar cierto traumatismo que un nuevo grupo entre a investigar casos que ya venía conociendo un equipo que conoce como pocos los detalles de la investigación? ¿Cómo hacer para avanzar en esos casos y que la ciudadanía sepa que la Fiscalía va bien?
La forma de garantizar eso es mediante un ejercicio de articulación. Un equipo de tareas trabaja mancomunadamente. Las personas que han estado frente a esa investigación hablan con las que llegan y comparten la información. Se ayudan. Ese ejercicio es el que nos permite hacer rápidamente esos procesos de reforzamiento que van a ser necesarios siempre. A medida que las investigaciones crecen, nos toca hacer ese tipo de ejercicios.
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Hablemos del caso de Carlos Ramón González. ¿En qué está su caso y la eventual solicitud de que vuelva a Colombia?
Es un tema muy complicado en la medida en que no depende de nosotros. Nosotros avanzamos en lo judicial y ya está acusado y en juicio. Pero, sobre la solicitud de extradición, no hemos siquiera recibido respuesta de Nicaragua. No tenemos ninguna razón.
Además de esos líos, también tuvieron problemas para que la circular roja de la Interpol quedara en línea. ¿Qué pasó ahí? ¿Es raro, no?
Es raro. Sobre todo porque es un mecanismo que funciona muy bien y es así porque trataba muy bien en términos de la agilidad con la que se publica una circular roja. Y, en este caso en particular, yo sí tengo que decir que la circular roja no se publicó pronto y eso dilató e incluso permitió que pudiera ubicarse más allá de Nicaragua. Hoy no tenemos claro dónde está. No tenemos la certeza de que él se encuentre de verdad en Nicaragua. Todo el país supo que podía estar en ese país, a raíz de los videos en los que apareció en una fiesta de Navidad de la Embajada de Colombia en Nicaragua. Eso ha sido muy frustrante en la labor judicial, porque es claro que es una persona requerida por la justicia colombiana. Eso no debería suceder y no es un buen ejemplo para la sociedad colombiana.
¿Usted cree que Carlos Ramón Gonzáles podría haber sido detenido ahí?
No estoy segura. Yo creo que sí. Pero lo que me parece verdaderamente lamentable es que estuviera en una fiesta con personas del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Además de que la Interpol se demoró en subir la primera circular, después hubo otro problema, pues en diciembre de este año, bajaron la circular del sistema sin que el país entendiera qué había pasado. ¿Cuál es su explicación a esa situación?
No tengo explicación.
¿Usted le ha pedido explicaciones a los delegados de la Interpol?
La explicación que nos han dado es que los ficheros de la Interpol se revisan de vez en cuando y así sucede, efectivamente. En este caso, lo que supimos es que la defensa de González (en cabeza de Iván Cancino, hoy ministro de Justicia) pidió una revisión al caso porque decía que era una persecución política.
¿Cómo puede entenderse una persecución política de un funcionario de un gobierno que está en ejercicio?
No puede entenderse.
¿Entonces?
Pues es que eso fue lo que argumentó la defensa.
Pero lo que no entendemos es si la Interpol es un mecanismo que funciona tan bien y es tan ágil, ¿por qué en este caso pasó lo que pasó? Algunas personas atribuyen lo que ocurrió a las buenas relaciones que pudo haber tenido Carlos Ramón González, o bien como jefe del Dapre o después como director de la Dirección Nacional de Inteligencia ¿Usted qué opina?
No puedo opinar nada. Yo no debo opinar . Yo no quisiera creer que eso es así porque nosotros trabajamos muy de la mano con Interpol y tenemos una muy buena relación con ellos, además que nuestro trabajo hacia el exterior es muy importante. Y en buena parte eso lo logramos con nuestros aliados claves, que incluye a la Interpol. Todo esto supone unas relaciones de confianza porque trabajamos con información delicada y muchas veces con reserva. Eso funciona con base en la confianza entre países. Entonces es muy grave que esa confianza se rompa por influencias o amistades. No tengo elementos para decir que en este caso fue así.
Pero en este caso, les falló el aliado…
Totalmente. La Interpol nos falló.
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Otro de los puntos que se ha cuestionado estos últimos días en relación con el caso de la Ungrd es que un grupo de 60 investigadores supuestamente haya pasado por alto unos chats descontextualizados, dice la Fiscalía, en los que, supuestamente, se habla de una entrega dinero en un apartamento de una socia de un magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández. Para empezar: ¿esa unidad de trabajo tiene 60 investigadores?
Claramente no hay 60 personas ni en este ni en ningún otro equipo de trabajo. Lo que pasa es que se trabaja transversalmente con muchos grupos. Por ejemplo, en estos casos, tenemos mucha información digital de teléfonos y computadores. Primero, unos investigadores extraen la información y luego eso va a un grupo de análisis que hacen además rastreos. Y así con muchas otras cosas porque la clave de estos casos ha sido soportar todo con pruebas técnicas. Si usted empieza a sumar cuántas personas van ahí, seguramente empieza a calcular equipos muy robustos, pero que en realidad hacen labores puntuales. Pero, en realidad, el equipo que realmente está todos los días en el tema, no tiene 60 personas.
¿Cuántas más o menos?
El de base tiene unas 10 o 12 personas. No más. Pero además quisiera significar otra cosa: todo puede ser mirado con suspicacia cuando usted está mirando una conversación, pero cuando usted tiene 15 o 20 teléfonos y tiene un montón de teras de información por examinar, eso puede no ser tan claro para un analista.
Bueno, pero sigamos por partes. Ya sabemos que el equipo no tiene 60 personas. Ahora metámonos en las informaciones que ha revelado la revista Cambio recientemente. Una pregunta muy puntual: ¿Usted es amiga del magistrado Vladimir Fernández?
Yo no soy amiga de él. Yo le quiero contar que no lo conocí, sino después de ser designada fiscal general. En la vida tuve contacto con él ni profesionalmente, no tenemos ni la misma especialidad, ni somos de la misma universidad ni hemos tenido ni tuvimos ninguna posibilidad de coincidir o de conocernos. Hoy en día, a veces me lo encuentro en foros o en reuniones en el marco de lo estrictamente profesional. En la publicación que ustedes mencionan se habla de un contexto en el que el doctor Vladimir Fernández, como secretario jurídico de la Presidencia, se sentó a ser la terna con el doctor Iván Velásquez, a quien efectivamente yo sí conozco, y también con el presidente de la República. La publicación dice que eso fue muy importante porque ahí es cuando deciden que yo voy a ser la elegida. Yo quiero recordarles que yo no estuve en esa terna de fiscal. Yo llegué muchos meses después porque salió una de las ternadas.
Sí, la fiscal Amparo Cerón.
Exacto. La primera terna está constituida por Ángela María Buitrago, Amelia Pérez y la doctora Cerón. Yo aparecí como en septiembre cuando la terna se recompone. Y aquí viene otro asunto que quiero recordar, porque a la gente se le olvida cómo fue mi elección.
¿Cómo fue?
La terna estuvo a punto de desbaratarse nuevamente porque el día de la elección la doctora Amelia Pérez renunció y ella cruzó la Plaza de Bolívar y entró a la Casa de Nariño más rápido que cualquiera, sin pasar por ningún filtro. Yo no sé a dónde fue. Les digo todo esto porque el contexto que recoge la revista Cambio hace referencia a otra publicación vieja en donde se refería que probablemente lo que hubo allí fueron coimas para elegir a la fiscal. Eso es malvado. Por Dios. ¿De cuándo acá? Todo eso no coincide para nada con la forma en que en realidad sucedió mi elección. Y lo aclaro de nuevo: ni conozco a Vladimir Fernández ni he tenido relación con la Presidencia. ¡Es que yo no era la candidata de la Corte Suprema de Justicia!
Entonces ¿cómo recibe usted esa sugerencia en torno a que supuestamente la plata de la Ungrd sirvió para comprar la Fiscalía?
Yo la recibo como una verdadera afrenta. Además porque eso pone en tela de juicio la elección que hace la Corte Suprema de Justicia. Eso es verdaderamente atrevido. Es una teoría traída de los cabellos.
Pero en gracia de esa discusión, uno podría pensar que ese capítulo no ha sido lo suficientemente investigado porque, más allá de la sugerencia que hace esa publicación, en la mesa quedan una serie de chats en los que, al parecer, se habla de una entrega de dinero al magistrado Fernández. Sobre lo que contó la revista Cambio, ¿qué hizo la Fiscalía?
Es clarísimo que para la para la doctora María Cristina Patiño y para el equipo que dirige ese caso esos chats no eran suficiente para la compulsa de copias. Quienes sostienen esa tesis, pueden ir a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara y poner la denuncia. Pero compulsar copias sí tiene un efecto vinculante para el funcionario judicial que lo hace. Yo no puedo compulsar porque creo que de pronto puede haber un delito. Nosotros como fiscales tenemos que tener una consciencia sobre lo que hay en cada caso y saber si hay o no una conducta investigable. Aquí no se compulsan copias por si acaso. Y el equipo encontró que no había mérito suficiente para hacerlo. Estamos hablando de chats descontextualizados y yo, que ya los revisé, puedo decir que yo no veo lo que dice la revista Cambio que sucedió. Lo digo con toda honestidad. Creo que cometieron un atrevimiento con la Corte Suprema de Justicia al dejar sobre la mesa que fueron comprados.
Para redondear queda claro que, cuando supieron de esos chats hace un poco más de un año y medio, la decisión fue que no se realizaba la compulsa de copias. Pero hoy, después de todo lo que se conoce del caso, ¿la Fiscalía sigue con la postura de que no hay mérito para investigar ese episodio?
Quien dirige la investigación, que es la doctora Patiño, sigue con la misma posición. Ella no encuentra mérito para compulsar copias. Esa es una decisión que no depende de mí.
Ahora sí, cambiando de tema, hay mucho ruido alrededor del caso de Ecopetrol. ¿La Fiscalía solo tiene la línea de investigación del señor Ricardo Roa, expresidente de la petrolera, en relación con la compra de su apartamento y posibles favorecimientos a otros?
Tenemos tres líneas de investigación. La primera es sobre el supuesto tráfico de influencias que rodearon la compra del apartamento. Allí se maneja la hipótesis de que Ricardo Roa habría intervenido a favor de un contratista para que le dieran un contrato. La otra investigación tiene que ver con el tema de la violación de topes electorales en la campaña presidencial en la que actuó como gerente. En esos dos ya hay imputación. Y la tercera la estamos trabajando tiene que ver con el caso de Morichal y de la supuesta entrega de dinero al parecer ilegal por la modificación de un contrato. Allí tenemos mucha información asociada que hemos tenido que extraer, analizar y ha sido dispendioso porque la cantidad de datos.
Ha sido difícil además porque, aunque la información la entregaron, lo hicieron en formato que no se dejaba leer y hemos tenido que hacer muchas maromas, por así decirlo, para poder extraer la información y conocer la información de las juntas donde ese tema se discutió. Además, también nos ha tocado recurrir a otros expertos contractuales para entender si ese cambio en el contrato fue un favorecimiento. Todo está en indagación. Hay mucho ruido sobre muchos temas, pero nosotros tenemos que trabajar con orden. No podemos atender todos los rumores de forma simultánea. Hemos priorizado casos con la mayor probabilidad de que tengamos conductas punibles.
¿Ricardo Roa está en algún proceso de negociación con la Fiscalía?
No. Pero no cerramos la puerta a esa salida. Ahora bien, en este caso sí hay alguien que, por razones de reserva no puedo revelar, pero sí hay una persona que está ayudando con la investigación.
Hablemos entonces de esos mecanismos de negociación a los que esta administración les ha apostado. Uno de los casos más recientes es el de Juliana Guerrero, con quien la Fiscalía logró una sentencia anticipada en la que ella aceptó haber obtenido un título falso de la Fundación San José. Además, el secretario de esa institución también dijo que sí falsificó el documento. Ambos están condenados. Sin embargo, a la opinión pública le quedó la sensación de que no nos contaron la película completa. ¿Quién pagó por eso? ¿Cómo se pagó? ¿Hay una industria de entrega de títulos falsos?¿Qué nos puede decir al respecto?
Efectivamente yo creo que las sentencias preacordadas probablemente adolezcan de una falta de contexto de qué pasó, que le explique a víctimas y a la sociedad qué pasó. Esa aceptación de responsabilidad está fundada en hechos jurídicamente relevantes. Y eso es algo que hemos venido trabajando con los fiscales para que lo incluyan en los preacuerdos, para que, a su vez, los jueces también tengan ese contexto y lo puedan incluir en las sentencias. Creo que eso sería algo muy saludable para la sociedad: porque no se hablaría solo de un preacuerdo sino que tuvieran una obligación de contar todos los hechos. Pero quiero aclarar que en el caso de Guerrero, el tema no se agota con las dos condenas. Claro que se lograron resolver rápido por este mecanismo de la sentencia anticipada y le ahorramos al Estado entre tres y cinco años de desgaste en un juicio.
Pero, en el caso de Guerrero, ¿usted cree que la Fiscalía dio más de lo que debía dar? Es que nos quedamos sin la mitad de la historia…
No, para nada. Nosotros tenemos una línea de investigación para entender qué pasa en la Fundación San José que en realidad no se explica con el caso de Guerrero. Nos falta todo el contexto y eso lo estamos mirando. Cuando tengamos las conclusiones, la sociedad las conocerá.
Esta es una Fiscalía, que como usted lo dice, ha priorizado la salida negociada de los procesos, precisamente como en el caso de Juliana Guerrero. Hay otro muy sonado y es el de Laura Sarabia, la exdirectora del Dapre, excanciller y exembajadora ante el Reino Unido, que recientemente fue imputada por el caso del polígrafo a Marelbys Meza, quien era la niñera de su hijo. Ese caso también estaba en un proceso de negociación entre las partes e, incluso, comprometía el pago de una suma de dinero que, al parecer, se habría realizado entre Sarabia y Meza. ¿Qué pasó ahí?
Probablemente hubo unos acercamientos con ese fin, pero no hubo una negociación. Además, las negociaciones no concluyen sino hasta que las aprueba un juez. No están a disposición de la Fiscalía. En el caso de Laura, no se ha llegado a un acuerdo y eso se puede seguir haciendo hasta el llamado a juicio. No tengo claridad de si el pago sucedió. Lo que tengo reportado es que la fiscal tenía suficientes pruebas para imputar y, además, era un caso que se ha debido imputar hace un tiempo.
¿Por qué no se había imputado?
Probablemente porque estaban en ese proceso de negociación y además porque hubo cambio de fiscal.
Nos llama mucho la atención que este caso tiene dos partes: uno, el del polígrafo y dos, el del espionaje y las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza y Fabiola Perea, que era otra mujer que trabajaba en la casa de Sarabia. En ese episodio de las chuzadas, ¿la Fiscalía encontró que, por ahora, Laura Sarabia no fue determinadora o qué tienen?
Lo que pasa es que el polígrafo y las chuzadas no suceden en el mismo contexto de acción. Efectivamente lo que a mí me comentan es que no existe inferencia razonable sobre el tema de las interceptaciones ilegales, a diferencia de lo que sí sucede, claramente, en el tema del polígrafo. Por ahora no tenemos cómo avanzar en esa línea.
Hablemos también sobre el caso de Nicolás Petro. Usted mencionaba hace unas respuestas que no le queda tiempo para dedicarse a lo judicial. Pero quien fuera hasta hace poco la fiscal del caso del hijo del expresidente aseguró que usted sí se metió en ese expediente y dio a entender que lo hizo para favorecer a Gustavo Petro. ¿Qué opina de esas declaraciones?
Antes de contestar, quiero aclarar varios asuntos. Uno es que el caso de Nicolás Petro lo recibimos cuando ya estaba andando el llamado a juicio. El fiscal a cargo era Mario Burgos, a quien le tocó apartarse del caso por una investigación disciplinaria en su contra porque estaba impedido. Solo por eso nos tocó repartir el caso de nuevo en la dirección de lavado de activos y le correspondió llevarlo a la doctora Lucy Laborde, a quien no conozco. Ella dice que la Fiscalía la retiró para favorecer al procesado, pero yo quiero aclarar que eso es una locura. No es sensato pensarlo. Primero, porque Laborde salió porque no participó en el concurso de mérito para quedar como fiscal especializada y quien sí lo hizo, pues llegó a su puesto.
Es decir, sale de su cargo porque alguien más se ganó el cargo en franca lid.
Exacto. Ella no participó en el concurso y perdió la plaza que tenía en lavado de activos. Nosotros le habíamos dado los viáticos y todo el aval para que viajara a Barranquilla a atender el caso de Petro, pero su plaza estaba en Bogotá. Y, cuando se realizó el concurso, ella no participó y quedó por fuera. Sin embargo, cuando nos dimos cuenta que necesitábamos a un fiscal en Barranquilla, pues asignamos a uno en provisionalidad para que atienda las diligencias.
Es todo un enredo administrativo y casi burocrático que sus malquerientes lo ven como una forma de favorecimiento al expresidente….
Sí, pero yo tengo que cumplir las órdenes y las normas de ese concurso de méritos.
Fiscal, no considera usted que ese rigor excesivo suyo por cumplir estos asuntos le ha generado un dramatismo a la Fiscalía y a procesos sensibles…
¿Pero a ustedes no les parece que una fiscal con 24.000 empleados puede parar la forma en que debemos proveer los cargos por un expediente? Es que además quiero agregar que, para ese concurso, debíamos proveer 4.000 cargos y no llegamos ni al 50 %. La Fiscalía tiene desde 2008 la orden del Consejo de Estado de adelantar la convocatoria. Y yo debo acatar como pueda. Lo lógico aquí es que esos méritos fueran más ágiles y que todos los funcionarios fueran de carrera. Pero la realidad no es esa. Y, sobre los malquerientes, yo espero a que los hechos y el proceso hablen. Las peleas hay que darlas en los procesos y con pruebas. Nunca contra los funcionarios.
Es claro que usted ha impuesto una manera de gestionar la Fiscalía que no entra en esas discusiones públicas, así su administración sea el blanco de tantas críticas. ¿Pero no cree que usted se ha quedado en un segundo plano por cuenta de su silencio?
Esa es una apuesta y la he mantenido desde el día en que me posicioné. Yo dije: “Mi Fiscalía va a tener más Fiscalía y menos fiscal”. Yo no creo que le haya hecho bien a la entidad el excesivo protagonismo de los fiscales. Yo estoy convencida de que nosotros tenemos una labor muy seria y de mucha responsabilidad que no se puede hacer a partir de egos y de protagonismos porque, además, creo que eso le hace daño a los procesos que llevamos. Los procesos lo sostienen las evidencias y las teorías jurídicas en las que tenemos que ser expertos. Los fiscales no son más que litigantes. Una vez que nosotros imputamos, nos volvemos litigantes. Somos el grupo de litigantes del Estado y el más grande del país. Por eso la línea para todos es clara: promovemos la justicia negociada y la justicia restaurativa, además de que hemos cambiado totalmente el perfil de las investigaciones para trabajar no el caso a caso, sino el fenómeno criminal.
¿En qué casos? Díganos unos ejemplos…
Por ejemplo, el caso del Fondo Mixto Sierra Nevada o Arenca. Son dos casos de corrupción muy importantes en los que no estamos trabajando contrato a contrato, sino entendiendo cómo en varios departamentos se creó un modelo de cooptación del Estado en donde se habrían comprometido casi COP 3 billones de recursos públicos. Tenemos varias investigaciones avanzando, incluyendo una contra gobernadores. Esto también pasa en el crimen organizado. Teníamos muchos casos aislados relacionados con narcotráfico y medio ambiente y no tenían una conexión. Esos actores criminales tienen varias líneas de negocios ilícitos que se unen. Entonces lo que hemos hecho es tratar de conectar casos grandes de deforestación con rutas de narcotráfico o grandes cultivos cocaleros.
Otra de esas investigaciones que han reestructurado es la del contrabandista conocido como "Papá Pitufo". ¿Qué nos puede contar de ese caso porque el procesado sigue en Europa?
Como en el caso de Nicolás Petro, este caso lo encontramos ya abierto y solo tenía imputado un cohecho. Pedimos la extradición, pero no ha sido posible porque la defensa de este hombre pidió asilo y esa solicitud no se ha resuelto. De todas maneras ya logramos avanzar con él como persona ausente y entendimos mejor su forma de actuar. Ya no tenemos un cohecho sino 17 hechos que ya fueron imputados. Tenemos claro que fueron pagos a funcionarios de la Policía Aduanera (Polfa) y eso nos ha permitido imputar también concierto para delinquir porque sabemos que había una organización dedicada a este tipo de actividades. ¿Qué hay más de fondo? Claro que sí. Pero está en investigación.
Pero denos un abrebocas de lo que han podido establecer sobre cómo se movía "Papá Pitufo" dentro del Estado.
No. Yo no chiveo a los fiscales.
¿Pero coincide usted en que buena parte de las críticas que le hacen recurrentemente a la Fiscalía es porque usted tiene esta idea de no comunicar quizá lo que antes se comunicaba ya en demasía?
Pues yo lo que creo es que las garantías son reales y son para algo. Nuestra comunicación está sujeta a reglas, como toda actividad. Creo que está muy mal anunciar investigaciones y hacer señalamientos cuando yo aún no tengo judicializadas a las personas. Esa es mi filosofía. Ahora bien, creo que hay muchas cosas buenas que hace la Fiscalía que no se ven.
¿Por qué?
Porque buena parte del interés, por ejemplo, de los medios de comunicación como ustedes, tiene que ver con algunos casos muy emblemáticos, pero no con los que afectan a la mayoría de los ciudadanos. Me refiero por ejemplo al ciudadano preocupado porque se le metieron los ladrones a su casa o que tiene miedo a salir porque lo roban o lo hieren, como esta semana con el vigilante de Transmilenio. En estos casos, que le duelen tanto a la ciudadanía, tenemos una Fiscalía trabajando muy rápido. Le doy dos casos: el de la niña que desapareció en Mosquera y apareció en Ciudad Bolívar. O el caso de la señora que entró a una clínica estética y salió casi muerta. Así hay muchos más. Son casos en los que la capacidad de respuesta de la Fiscalía y la Policía ha mejorado inmensamente.
Cuéntenos por favor que datos tiene sobre ese aumento de la capacidad de respuesta de la Fiscalía.
Hablemos de los grupos de delincuencia común organizada (GDCO). Son las bandas pequeñas que roban celulares, entran a las residencias, hacen paseos millonarios, hacen fleteos o que estafan por medios digitales. En todo este escenario que es de la delincuencia del día a día de de las ciudades hemos avanzado muchísimo. En lo que va corrido de este año hemos impactado a 76 organizaciones criminales. Nosotros todos los días abrimos la parrilla de noticias de todas las emisoras de radio con el trabajo que hace la Fiscalía, que muchas veces no se reconoce porque se ve como una captura de la policía. Hemos subido hartísimo en lo que tiene que ver con las capturas de personas por orden judicial.
También lo dijimos al principio: nosotros no vamos a capturar para investigar, sino que vamos a investigar para capturar. Esa es una lógica totalmente distinta. Por eso hoy, muchas de las cosas que ustedes, ven son operativos judiciales que tienen que ver con órdenes de captura que nosotros solicitamos porque tenemos ya investigada a una organización. Van 391 capturas con imputación de personas asociadas a estas 76 organizaciones. De ellas, 372 con medidas de aseguramiento privativa de la libertad. De estas organizaciones tenemos en Bogotá tres, en Bolívar dos, en Quindío tres, en Casanare cuatro, en Atlántico ocho y en Caldas tres.
Sobre el caso de Zulma Guzmán, investigada por la muerte de las niñas envenenadas con talio. ¿Cómo se hará su imputación, sabiendo que permanece en Reino Unido?
Vamos a hacer la imputación y vamos a pedir autorización para que ella acuda de forma virtual. Si ella no acude, haremos la solicitud de declaratoria de persona ausente para seguir avanzando. Nosotros hemos accedido a todos los requerimientos para efectos de no dañar la extradición. Lo último que se hizo fue un informe que el Reino Unido pidió, de un organismo oficial judicial, que sea neutral y que pueda hablar de las garantías de independencia de nuestro sistema judicial y de las posibilidades de que ella tenga una reclusión adecuada. La Procuraduría General de la Nación acaba de rendir ese concepto y se envió esta semana al Reino Unido. Creemos que con eso agotamos las solicitudes en lo que tiene que ver con los elementos de juicio que necesita el Reino Unido para decir sí o no a la extradición y no queremos seguir deteniendo el caso porque lo hemos trabajado también con mucho empeño, que lo tenemos muy bien manejado y que no tiene mucho sentido tenerlo detenido.
Hubo en su momento muchas críticas sobre lo que ha sucedido con “Calarcá” y la Fiscalía documentó que, en el marco de sus negociaciones con el anterior gobierno, siguió delinquiendo. ¿Qué reflexión tiene alrededor de la paz total y de esos procesos en los que recibieron ciertos beneficios en el marco de la negociación?
La reflexión es que la paz total tuvo muchos problemas, a mi modo de ver, de organización. Hacer un ejercicio de mesas de paz regionales requería un trabajo de planeación y de logística muy grande que yo creo que se fue diluyendo, que no existió y no acompañó ese proceso. Pero, además, requería un compromiso serio de quienes estaban sentados en la mesa de negociación. Exactamente eso fue lo que nosotros podemos verificar que no sucedió. En el caso de “Calarca” y del Frente 33, la Fiscalía se quedó con una solicitud hecha al presidente de la República, en la que nosotros le decíamos: “Por favor, estas personas están involucradas en la comisión de delitos siendo negociadores. No tiene sentido que ellos, que han incumplido su palabra, estén en esas mesas de negociación. Levánteles ese estatus para levantarles las órdenes de captura”. Y esa pregunta se quedó sin respuesta.
Quiero recordar que nosotros no colaboramos con la paz total. Nosotros aplicamos la ley 2272 de 2022, que es el marco jurídico que reguló ese proceso de paz y que le ponía una responsabilidad a la rama judicial de suspender las órdenes de captura de las personas que el Gobierno Nacional determinara como negociadores. Ese es el escenario en el que nosotros suspendemos esas órdenes de captura. No es por colaborar con nadie. Nosotros básicamente hacemos un ejercicio de colaboración armónica con poderes cuando se trata de coordinar acciones. Pero nosotros lo que hacemos es cumplir mandatos constitucionales por funciones que nos imponen la Constitución y la ley.
Pero volvamos al tema de "Calarca"…
En el tema de “Calarcá” particularmente, nosotros pudimos constatar que él, como como jefe de una de estas disidencias, seguía cometiendo delitos. De hecho, tuvimos que admitir que alguna parte de ellos no la habíamos advertido en unos dispositivos que se habían recogido en un escenario de un retén. Ese llamado de atención que nos hizo la prensa, y que nos dijo: “Ustedes no han mirado esa información”, nos permitió empezar a revisarla porque la fiscal estaba concentrada, como siempre nos pasa, en otros temas como el atentado a un helicóptero de la Policía, unas muertes que teníamos muy graves en el Bajo Cauca antioqueño, atribuibles a este grupo.
También quiero que entiendan que la labor de la fiscalía es tremendamente difícil. No es que yo quiera dejar abandonada una línea de investigación. Es que muchas veces no la veo o no alcanzo a verla porque estoy trabajando en otras cinco o seis. Estamos totalmente desbordados. Efectivamente, nosotros empezamos a revisar esos dispositivos y encontramos que “Calarcá”, siendo negociador, ha ordenado homicidios, ha reclutado niños, ha cometido una serie de delitos de lesa humanidad gravísimos. Por esos delitos, nosotros seguimos con nuestro criterio de que no necesitamos tener personas privadas de la libertad para avanzar judicialmente y logramos que a este señor se le declare persona ausente. Llevamos dos imputaciones contra él: una por delitos cometidos en la época en que fue negociador y otra por delitos cometidos antes.
Tenemos un plan que estamos desarrollando para avanzar rápidamente en esa labor de judicialización de estos personajes que nosotros conocemos como máximos responsables, pero que en realidad son apenas máximos responsables militares. Estas estructuras tienen un componente de economía ilegal que normalmente se nos queda por fuera y ese es el verdadero empeño de esta Fiscalía: trabajar en las economías ilegales. Estos máximos responsables son los que vemos, pero detrás de ellos hay hombres que no muestran su cara, pero que son los que tienen el verdadero negocio en los enclaves de oro ilegales, en los cocaleros, en la trata de personas, que se ha vuelto un negocio espantosamente lucrativo, o en la extorsión.
¿Están desbordados?
Claro que estamos desbordados. La Fiscalía es absolutamente pequeña para el reto que tiene que enfrentar. Nos llevó dos años entender cómo debería ser el proceso de fortalecimiento de la Fiscalía y ya lo tenemos listo, lo tenemos diseñado. Nosotros se lo presentamos al nuevo gobierno y tenemos sintonía con él para que ese fortalecimiento que necesita, no solo la Fiscalía, sino también la jurisdicción penal ordinaria, se dé. Ojalá que el tema presupuestal no nos agobie y no lo impida. Pero ese es un propósito que nosotros tenemos claramente para los años que vienen.
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