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Uno de los miembros de una prestigiosa familia de la sociedad caleña le fueron imputados cargos en un expediente en el que lo vinculan con una supuesta operación de lavado de activos que habría beneficiado a un grupo narcotraficante. Se trata del empresario José Felipe de Lima Bohmer, quien hace parte de una familia vinculada al sector financiero y que tiene vínculos políticos con importantes familias del Valle de Cauca. De acuerdo con el ente investigador, este hombre de 60 años habría hecho parte de un millonario negocio para adquirir un cotizado predio en Cartagena junto a Javier Rojas García, conocido en el bajo mundo criminal con el alias de "Maracuyá".
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El Espectador conoció que el pasado 9 de septiembre, ante un juzgado penal de Bogotá, la Fiscalía le imputó los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito, los cuales no fueron aceptados por de Lima Bohmer. Desde su casa, en pleno centro de Madrid, España, el empresario no aceptó cargos y afrontará su proceso en libertad. El ente investigador dice que, una de sus empresas, Agropecuaria Calima S.A, aparece en la compra del megalote, el cual fue adquirido en diciembre de 2006 por COP 22.500 millones a la Central de Inversiones S.A (CISA), entidad estatal encargada de administrar inmuebles de la Nación. Una adquisición que, según la Fiscalía, se hizo por medio de un soborno a una funcionaria de esa entidad.
De acuerdo con la investigación, la empresa de Lima Bohmer, junto a otras personas, habrían prestados sus compañías para ocultar quién era el verdadero dueño del predio de 107 hectáreas, ubicado en la zona industrial de Mamonal, principal zona industrial de Cartagena. Entre las otras personas que habrían prestado sus compañías, dice la Fiscalía, están el extraditado y confeso narcotraficante Juan Carlos “El Tuso” Sierra; el empresario de la construcción Humberto José Vidal Mayorga; y Luis Fernando Lian Arana, expresidente de Metrocali, quien hoy es acusado por la Fiscalía de cometer actos de corrupción en ese sistema de transporte de la capital del Valle Cauca.
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Alias Maracuyá está ad portas de enfrentar un juicio penal por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Según la Fiscalía, aparentemente, lideró una organización criminal que, durante casi dos décadas, y a través de la compra de costosos inmuebles en distintas zonas de Colombia, le dio apariencia de legalidad a dineros que provenían supuestamente del narcotráfico. Esos supuestos negocios al margen de la ley los tuvo con hombres cercanos a los exjefes paramilitares Carlos y Vicente Castaño Gil y con miembros de los carteles de Cali, Medellín y el norte del Valle.
Según el escrito de acusación, “todos los mencionados (Maracuyá, de Lima, Vidal Mayorga, Lian Arana, El Tuso Sierra), mancomunadamente y en forma ilegal, mantuvieron bajo su administración y transformación ocultos este bien inmueble, dejando en la clandestinidad a su verdadero propietario el señor Javier García Rojas (alias Maracuyá). Pasando este bien dolosamente de persona jurídica en persona jurídica, evidenciándose en cada uno de los intervinientes su rol y permanencia en el tiempo para la comisión de los delitos que se acusan con el pleno conocimiento de que este bien es del señor García Rojas, todo esto con el asesoramiento de la señora Ruth García Rojas (hermana de Maracuyá)”.
Alias Maracuyá está ad portas de enfrentar un juicio penal por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Según la Fiscalía, aparentemente, lideró una organización criminal que, durante casi dos décadas, y a través de la compra de costosos inmuebles en distintas zonas de Colombia, le dio apariencia de legalidad a dineros que provenían supuestamente del narcotráfico. Esos supuestos negocios al margen de la ley los tuvo, dice la Fiscalía, con hombres cercanos a los exjefes paramilitares Carlos y Vicente Castaño Gil y con miembros de los carteles de Cali, Medellín y el norte del Valle. Por ejemplo, el extraditado Jose Byron Piedrahita, alias “El Árabe”.
Además de Piedrahita, los testimonios de dos conocidos narcotraficantes fueron claves para que las autoridades de distintos gobiernos pusieran sus ojos en Maracuyá: el mismo El Tuso; Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño. El primero fue extraditado a los Estados Unidos en 2008 y, posteriormente, negoció con la justicia de ese país por lo que recibió una condena a cinco años de prisión. Sierra vive en Estados desde 2014 y, en los últimos años, ha comparecido como testigo en casos de parapolítica y otros expedientes. Entre ellos, el caso contra Álvaro Uribe de presunta manipulación de testigos, en el que ha sido cuestionado por entregar versiones contradictorias.
¿Qué dice la defensa de "Maracuyá"?
Durante las audiencias de imputación de cargos y medida de aseguramiento, uno de los abogados de la bancada de la defensa, David Albarracín, señaló que la investigación contra Maracuyá y su hermana era injusta. “Es decir, la Fiscalía dice: ‘te quiero mandar a la cárcel porque el dinero que lavaste y con el que te enriqueciste proviene del narcotráfico, delito del que no te puedes defender porque no te investigué y te acusé a tiempo’. Esto es atentatorio contra la dignidad y la presunción de inocencia del señor Javier Rojas García. No tiene presentación utilizar un delito del que no se tiene capacidad de demostrar judicialmente para luego acreditar que se estaba cometiendo un lavado de activos”, señaló el abogado penalista.
Albarracín señaló que la argumentación de la Fiscalía era “triste e inconstitucional”la cual estaba afectando los derechos de sus defendidos. “Es fácil decir que mi defendido es narcotraficante, cuando él no se puede defender porque no hay vía procesal para hacerlo, pero cualquiera que haga esa afirmación, tendría que responder por el delito de calumnia e ir a las autoridades pertinentes. Mi pregunta es: ¿Esa afirmación hecha por un funcionario judicial, puede tener consecuencia la afectación de la libertad de Javier Rojas? La respuesta es no”. Además, el abogado señaló que no existe ninguna prueba de que Maracuyá haya participado en la supuesta coima ante CISA y de la cual “todavía hay que probar si existió”, puntualizó el abogado.
Desde el pasado 17 de septiembre, este diario se comunicó con el abogado de Lima Bohmer, Nestor Eduardo Pineda. A través de un correo electrónico señaló que: "Mi representado, el señor José Felipe de Lima Bohmer, no hará declaraciones a medios de comunicación sobre el proceso penal en curso. Sus argumentos se expondrán, como corresponde, ante los Jueces de la República y no en la prensa. La imputación de cargos es un acto de comunicación de la Fiscalía; no es un juicio ni una declaración de responsabilidad. Mi cliente no aceptó los cargos y goza de la presunción de inocencia, que lo acompañará hasta que exista una sentencia en firme".
Por David Escobar Moreno
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