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El gobierno de Abelardo de la Espriella ya tiene listo el estatuto antiterrorista que presentará al Congreso en los próximos días. El proyecto está a cargo del Ministerio del Interior de Rodrigo Lara y se radicará a la par de la ley de sometimiento que alista el ministro de Justicia, Iván Cancino. Ambos tienen un norte claro de no dar gabelas a los grupos criminales, que entrarán a la categorización de grupo terrorista bajo los parámetros de esos mismos articulados.
“Este gobierno va a perseguir a las organizaciones ilegales. Daremos las herramientas para un sometimiento, no para negociaciones. No vamos a tener ningún carácter político en las discusiones: toda discusión para quien se quiera someter será jurídica y esta semana o a más tardar la otra, el país conocerá la ley de sometimiento”, dijo Cancino este mismo lunes.
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Esas palabras, que son orden directamente del presidente, atraviesan los dos articulados que aterrizarán en el Legislativo los próximos días. El Espectador conoció, por fuentes de alto nivel, los pormenores del estatuto antiterrorista que está listo en el despacho del ministro Lara y que, incluso, ya superó la fase de revisión por parte del secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto.
La intención principal de ese articulado es la de definir bajo qué parámetros se dará el combate contra las estructuras criminales y por eso es que uno de los puntos es la creación de una lista para los grupos armados ilegales: todos entrarían bajo la categoría de "terroristas". En todo caso, la inclusión tendría que someterse inicialmente a la evaluación del Consejo de Seguridad Nacional, que es el máximo órgano asesor del despacho presidencial en todo lo relacionado con defensa y seguridad nacional.
Bajo esa categorización es que el Ejecutivo endurecería su combate frontal contra los grupos criminales. La óptica de la administración actual es que, al ser calificadas como organizaciones terroristas, se convertirían en objetivos lícitos de ataque en medio de las hostilidades y le abriría la puerta más fácilmente a los bombardeos, entre otras cosas.
Incluso, en ese mismo documento se establece que cualquier tipo de determinación que tome el presidente bajo este articulado sería únicamente revisado por el Consejo de Estado. Previamente, el ministro de Justicia ya había emitido un decreto con el que definía que actuaciones u omisiones del mandatario en ejercicio de sus funciones debían llegar por reparto, en primera instancia, a ese mismo alto tribunal.
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Ahora, tanto el estatuto como la ley de sometimiento tocan temas en común. Por ejemplo, desde ambas carteras han sido claros en que se potenciará la extinción de dominio a los cabecillas, no se les permitirá quedarse con los bienes obtenidos en la ilegalidad y habrá una vigilancia a las finanzas de esos jefes criminales. Incluso, se plantea la creación de un "régimen penitenciario especial" para que los altos mandos de esos grupos paguen sus condenas en centros penitenciarios de alta seguridad.
Y hay otro punto que es clave para esta política de seguridad que quiere poner a andar De la Espriella: a los integrantes de estos grupos se les incluiría un agravante para la pena. Es decir, más allá de los crímenes de los que sean declarados culpables, se les sumará otra medida extra por haber sido parte de una estructura criminal.
Para llegar a esa parte, también se incluye un seguimiento a estas figuras que sería posible a través del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon). La vigilancia se haría por medio de cámaras con reconocimiento facial dispuestas en zonas con alta presencia de estos grupos, como el Catatumbo y el Cauca. La tecnología que buscan implementar es un cruce con bases de datos que permita identificar a los criminales.
Las asonadas también están en evaluación a partir de ese articulado. Fuentes de alto nivel confirmaron que se busca una regulación de la actuación de la pública en estos casos y entrar a definir, por ejemplo, qué entraría bajo estos parámetros.
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Según pudo establecer El Espectador, ambos articulados están bajo revisión tanto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) y la misma embajada de Estados Unidos en Colombia. Los acercamientos con ambas entidades las ha liderado tanto el canciller Omar Bula como los ministros encargados de esos articulados y la embajadora de Colombia en Washington D. C., María Consuelo Araújo.
Además, esos mismos proyectos contemplan una comunicación continua con esas oficinas para el combate de grupos criminales y se menciona el combate del crimen organizado con ayuda internacional. Por allí pasa, por ejemplo, la adhesión de Colombia a la estrategia del Escudo de las Américas del presidente estadounidense, Donald Trump.
Previamente, este diario ya había revelado algunos puntos de la agenda legislativa que llevará Lara ante el Legislativo y también ha podido establecer que los proyectos de transparencia para congresistas y de cabildeo están listos y entrarán en fase de firmas en los próximos días. Por el momento, se está a la espera de que la ley de sometimiento complete el mismo trámite y reciba el visto bueno de las oficinas encargadas de la Presidencia.
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juan(5824)•Hace 37 minutosRevisión por parte de la embajada de Estados Unidos. Obvio, si el súbdito-lacayo-cipayo-estúpido-mafioso es eso. Un ciudadano gringo que está obligado primero a contar con la aprobación de su elector.
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Chechocol(51418)•Hace 4 horasQuieren saltarse al Congreso lo más posible, pero le piden a USA permiso para presentar sus proyectos de ley… mejor dicho.
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javier(96673)•Hace 9 horasDe la Espriella es un personaje tenebroso.
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Lalo(70277)•Hace 9 horasEl estatuto de seguridad de Turbay Ayala inspiró a estos fachos y lo mejoran.