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El pasado sábado, 3 de octubre, la policía de Okinawa encontró muerta a Anna Yagi, una mujer de 39 años, en una habitación de hotel en Naha, la capital de esta prefectura japonesa. Según la policía local, habría sido estrangulada con un cordón.
El principal sospechoso del crimen es el cabo primero Devin Jacob Ballard, un marine estadounidense de 20 años asignado a la III Fuerza Expedicionaria y destinado en la base aérea de Futenma, en la ciudad de Ginowan, quien fue arrestado el domingo.
Las cámaras de seguridad registraron a un hombre que entró al hotel con ella y salió solo, llevándose sus pertenencias, entre ellas su mochila y su billetera. Ballard es acusado de asesinato y robo.
La noticia ha desatado una ola de indignación en Okinawa y ha revivido el largo historial de crímenes cometidos por el personal militar estadounidense en la isla. Testimonios locales recogidos por la BBC muestran la frustración que ha quedado tras décadas de atropellos.
"Sinceramente, mi primera reacción fue: ‘¡Otra vez no! Nada ha cambiado desde que era niña. ¿Cuántas veces vamos a repetir lo mismo, a crear más víctimas, a hacer sufrir a sus familias y, en definitiva, a provocar el dolor del pueblo de Okinawa?", le dijo a la BBC Ai Sato, de 52 años.
Okinawa es una de las prefecturas más pequeñas de Japón, pero alberga el 70 % del territorio de uso exclusivo del ejército estadounidense en el país, donde Washington tiene cerca de 55.000 militares. Desde 1972, cuando la isla volvió a manos japonesas tras 27 años de ocupación estadounidense, el gobierno prefectural ha contado 6.409 detenciones por delitos de personal militar.
Algunos casos dejaron cicatrices profundas. En 1995, por ejemplo, tres militares estadounidenses secuestraron y violaron a una niña de 12 años que volvía a casa de una papelería. La indignación fue tal que Tokio y Washington acordaron devolver el terreno de Futenma, la misma base donde estaba destinado Ballard.
En 2016, la violación y el asesinato de una mujer de 20 años a manos de un exmarine, luego condenado a cadena perpetua, sacó a decenas de miles de personas a las calles. Y en 2025, otro marine fue declarado culpable de estrangular y agredir sexualmente a una mujer japonesa.
La reacción más llamativa ante el caso vino de quien menos se esperaba. El gobernador, Genta Koja, quien ganó la gobernación de Okinawa apenas a mediados de septiembre apoyando el plan de Tokio para reubicar una base estadounidense dentro de la isla, cambió su tono y pedirá una reducción de la presencia de tropas estadounidenses en su prefectura en su reunión con la primera ministra, Sanae Takaichi.
"Es absolutamente imperdonable", dijo Koja, según la agencia Kyodo, quien pidió a las Fuerzas Armadas estadounidenses y a los gobiernos de Japón y Estados Unidos medidas efectivas, "incluida la revisión del acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas".
Koja también se quejó de que Washington ha enviado condolencias, pero no "palabras de disculpa". Luego de esto, Tokio también movió fichas. Takaichi presentó una protesta formal ante Washington, la Cancillería convocó al embajador estadounidense, George Glass, y el Ministerio de Defensa elevó su propia queja.
Ballard quedó bajo custodia japonesa porque el crimen del que se le acusa no tiene relación con sus funciones militares. Ese criterio es clave en el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA), el pacto que define qué país juzga a un militar estadounidense que comete un delito en Japón. Cuando el sospechoso queda en manos de Estados Unidos, Washington puede retenerlo hasta que Japón presente cargos, según explica la BBC.
"Incluso 80 años después de la guerra, Okinawa, donde vivimos, es un lugar muy inquietante", le dijo a la BBC Hitomi Miyagi, madre de dos hijos.
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