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En Pereira, algunas familias están regresando a esos hogares que dejaron vacíos después del sismo del 10 de agosto. Ya no pueden quedarse más días en casas de familiares o amigos y han tenido que volver a las viviendas que se declararon en riesgo de colapso o con uso restringido. Esto lo cuenta Néstor Hoyos, fundador de una cooperativa de vivienda social y residente de la capital de Risaralda. “La gente no sabe qué hacer”, dice.
La situación que describe Hoyos en Pereira se repite, con distintos matices, en los territorios afectados por el sismo. A nivel nacional, el terremoto -cuyo epicentro fue en San José del Palmar, Chocó- afectó a más de 364.000 familias y quedaron destruidas o no habitables 123.197 viviendas, en 15 departamentos de Colombia.
El tiempo para la reconstrucción de las viviendas aún es incierto, así como lo que costará reconstruir. El Gobierno estima que serán, más o menos, COP 30 billones pero a esa cifra se podrían sumar los costos humanos de la espera, la incertidumbre, la falta de información para poder acceder a las ayudas económicas y los impactos psicológicos que quedaron tras el sismo.
Se tendrán que seguir gestionando, desde el Gobierno Nacional, subsidios de arrendamiento para estas personas, pero también garantizar los mejoramientos de las viviendas y la construcción o reconstrucción de estos hogares en las zonas tanto urbanas como rurales. No se trata entonces únicamente de cuántos subsidios o recursos se anuncian, como se ha hecho, sino cuántos realmente llegan a las familias colombianas.
“El país enfrenta tres agendas que deberán avanzar en paralelo: recuperar la construcción formal que venía debilitada, atender las necesidades extraordinarias de reconstrucción y continuar cerrando el déficit habitacional estructural”, afirman María Paula Barco, Mateo Rivera y Nicolás Pineda, analistas de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado del Grupo Cibest.
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Entre proyecciones y acciones
El Gobierno expidió el Decreto Ley 1422 de 2026 que permite que recursos de distintas fuentes se vayan hacia la cobertura financiera de los subsidios. De fuentes como las cajas de compensación, Fonvivienda, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres y las entidades territoriales. "La posibilidad de concurrir recursos hasta completar el cien por ciento (100%) del valor de la solución habitacional permitirá superar las limitaciones derivadas de la insuficiencia de los recursos disponibles" dice el decreto.
Este mismo también habilitó un subsidio de arrendamiento temporal de emergencia que podrán otorgar las cajas de compensación familiar a hogares damnificados. Este subsidio podría darse hasta por doce meses y el monto se determina en función de la categoría del municipio y las condiciones del mercado inmobiliario del lugar. Según el artículo 68A, adicionado a la Ley 49 de 1990, las cajas tendrán que destinar entre el 7,5 % y el 10 % de los ingresos que recibe el Fovis (Fondo Obligatorio para Vivienda de Interés Social) a la asignación de estas ayudas.
Esta medida, aunque quedó expedida en el decreto, dependerá de la agilidad en los procedimientos tanto del Ministerio de Vivienda como de las cajas de compensación.
En el Valle del Cauca, una de las regiones más afectadas por el sismo, la gobernación está impulsando la primera fase del Programa de Reconstrucción Asistida. Al pasado 30 de septiembre habían entregado materiales para 230 mejoramientos de vivienda y para la construcción de 60 nuevas casas.
“Una parte convencional en ladrillo y otra parte industrializadas sismorresistentes. En la Gobernación damos los materiales y decimos que es asistida porque queremos que haya una persona experta que acompañe, garantizando una construcción responsable" anunció la gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro.
También, De la Espriella anunció a finales de agosto que entregaría mensualmente un monto de COP 1.050.000 durante tres meses a algunas familias en Buenaventura.
La escala de esta primera fase sigue siendo pequeña frente a la dimensión de la emergencia. En este mismo departamento se reportaron 127.044 hogares afectados y más de 66.000 viviendas entre averiadas y destruidas.
Por su parte, la Cámara Colombiana de Construcción (Camacol) promovió a inicios de octubre una Feria de Vivienda en el Valle del Cauca donde 14 constructoras ofrecieron bonos para la cuota inicial entre los COP 5 y COP 20 millones a personas damnificadas por el sismo. La iniciativa puede servir a familias con ingresos más estables y con capacidad de acceder a un crédito hipotecario, pero no reemplaza los subsidios públicos para hogares de menores ingresos.
La discusión también ha puesto sobre la mesa la posibilidad de revivir Mi Casa Ya, un programa creado en 2015 para facilitar el acceso de los hogares de ingresos bajos y medios a la vivienda formal mediante subsidios a la adquisición y coberturas en las tasas de interés. Camacol afirma que este programa benefició a cerca de 368 mil hogares en los casi diez años que se mantuvo. Mi Casa Ya se suspendió con la Circular 016 del 16 de diciembre de 2024.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella planteó reemplazarlo con Mi Casa Milagro, una política que contempla desde los mejoramientos hasta la reconstrucción o compra de vivienda nueva. Pero tras el terremoto del 10 de agosto, el Ministerio de Vivienda reorientó sus recursos para atender primero a los hogares afectados en 498 municipios. Dichos recursos se están manejando a través del llamado Fondo Milagro. La ampliación general de los subsidios quedó para una etapa posterior, aún no definida.
Por ahora, no se conocen de manera pública el número de hogares priorizados para arriendo temporal, mejoramiento, reconstrucción, reposición, compra o reubicación. Tampoco los recursos disponibles que aportará cada entidad a los subsidios y ayudas. Ni el cronograma de asignación, contratación, inicio de obra y entrega de soluciones.
En los próximos meses, la reconstrucción requerirá pasar de los anuncios y medidas excepcionales a una ejecución verificable.
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La reconstrucción no será igual para todos
Pero más allá de combinar maniobras con decretos hay que ponerlos en marcha y que las personas afectadas de cada rincón sepan cómo acceder a las ayudas. ¿Quiénes pueden acceder? Estará sujeto a los requisitos de cada subsidio, pero se destinarán a las personas vinculadas al Registro Único de Damnificados (RUD).
Además, la reconstrucción no exige una única respuesta, los hogares afectados tienen capacidades económicas, condiciones laborales y necesidades habitacionales distintas. Por eso, los apoyos deberán combinar alojamiento temporal, mejoramientos, reconstrucción, subsidios para adquisición de vivienda y medidas que permitan reactivar las obras suspendidas.
Los analistas del Grupo Cibest determinan que, por lo tanto, las necesidades son distintas para cada hogar. Los hogares con ingresos más estables y con capacidad de asumir un crédito, podrían necesitar subsidios para la cuota inicial o coberturas en tasas de interés.
Para los hogares con ingresos más inestables, los analistas plantean que podrían requerirse apoyos de arrendamiento, ahorro y transición a una solución de vivienda permanente, o apoyos económicos solo para el arriendo, si no aspiran a comprar nuevamente.
Y, por último, los hogares con menor capacidad financiera necesitan que se les cobije con los mejoramientos estructurales o la reconstrucción.
El reto no es solo construir, sino reconstruir sin repetir el riesgo
El Ministerio de Vivienda proyecta entregar 7.962 casas, provenientes de empresas como Argos, la Federación Nacional de Cafeteros y Camacol, según explicó el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán, ante la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes (el pasado 29 de septiembre). Su idea es entregar estas viviendas en los próximos nueve meses a un año.
Aún falta conocer cuántas de esas viviendas están listas para entregar, cómo se asignan a los hogares damnificados y qué ocurrirá con las familias afectadas que no puedan acceder a ninguna de estas soluciones.
La dificultad no es sólo destinar recursos en medio de una situación fiscal compleja, sino también entregar viviendas en el menor tiempo posible a las familias afectadas. “Los recursos deben recorrer una cadena que incluye identificación del hogar, diagnóstico técnico, selección del operador, contratación, ejecución de la obra, supervisión y entrega. Las demoras en cualquiera de estas etapas reducen la velocidad con la que el gasto público se convierte en una solución habitacional” afirma el análisis de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado del Grupo Cibest.
Ellos sugieren, ante la emergencia causada por el terremoto, que haya coordinación entre el Estado, las entidades territoriales y los operadores.
Por ahora, el gobierno expidió el Decreto 1448 de 2026 donde se ampliaron, de manera transitoria, los plazos de las licencias urbanísticas (autorización oficial para intervenir o construir en un terreno) por 12 meses más. La ampliación aplica a las licencias, prórrogas y revalidaciones vigentes al 10 de agosto de 2026 y aplicará para el reforzamiento estructural, la demolición de edificios en riesgo de colapso y la reconstrucción únicamente en los departamentos afectados.
Ahora bien, esta reconstrucción requiere de rapidez, pero también de calidad. Pues las viviendas que se construyan o reconstruyan deben regirse bajo las normas sismorresistentes y se deben tener en cuenta las características del suelo porque lo fundamental sería que se redujera la vulnerabilidad o el riesgo del edificio o casa ante posibles sismos en el futuro.
En algunos casos, las viviendas podrán repararse o reforzarse. En otros, la reconstrucción en el mismo predio podría no ser viable si persisten condiciones de riesgo asociadas al terreno, a la localización del barrio o a la falta de infraestructura. Allí puede ser necesaria la reubicación, una alternativa más costosa y lenta, pero que puede evitar que las familias queden nuevamente expuestas.
Sobre esto habló Marco Antonio Suárez, director de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca en el marco del Foro de Líderes de la Sostenibilidad. “Hay que tener mucho cuidado de cómo van a hacer eso, porque los efectos pueden ser peores. Si ustedes van a desarrollar una vivienda en una zona de riesgo, el problema va a seguir. Si vamos a desarrollar, vamos a cambiar un terreno que es rural a urbano, sin mirar los determinantes ambientales, el problema va a ser peor después”, advirtió.
Por su parte, el profesor Fernando Ospina, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, plantea que la reconstrucción debe priorizar el mejoramiento territorial, el estudio de la vulnerabilidad sísmica de los terrenos afectados y la revisión del ordenamiento territorial. Ospina hizo parte de la reconstrucción tras los terremotos en Popayán (en 1983) y Armenia (en 1999) y lo que considera que podría funcionar para este momento es impulsar institucionalmente “una mezcla entre lo que fue el Forec (Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero) pero con atención privada y atención estatal, donde se mantenga el apoyo en la reconstrucción del tejido social”
En el corto plazo, la prioridad es que las familias tengan dónde vivir mientras se evalúan los daños y se ejecutan las obras. En el mediano y largo plazo, la reconstrucción tendrá que conectarse con políticas de suelo, cuidado medioambiental, financiación, servicios públicos, productividad, ordenamiento territorial y gestión del riesgo.
No dejar de lado el tejido social
“Recuperar las edificaciones no es suficiente si al mismo tiempo no se recuperan las comunidades”, dice el profesor Ospina.
La reconstrucción no se limita a reparar viviendas o construirlas nuevamente, también implica que las familias recuperen sus rutinas, accedan a la educación y la salud, a sus redes de cuidado y los espacios de encuentro que solían frecuentar antes del terremoto. “Lo primero es la articulación, no solamente entre el Estado, sino también entre las comunidades. Vale la pena resaltar lo que pasó en Risaralda y Pereira: hubo un fervor ciudadano porque salieron a ayudar y colaborar en las primeras horas”, dice Juan Diego Patiño, gobernador de Risaralda.
Aunque el ministro de Vivienda afirmó el pasado 29 de septiembre ante la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes que ya están arrancando con la fase tres del plan de reconstrucción de vivienda, hay personas como Nelson Hoyos que perciben lo contrario: "para mí todavía estamos en la fase uno. Las ayudas dejaron de llegar", afirma.
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