
Entre los “elefantes blancos” más vistosos de Bogotá hay uno que, por su promesa de aliviar la crisis de salud pública, trompetea estruendosamente desde 2022 en la localidad Rafael Uribe Uribe. Se trata del El Centro de Atención Primaria en Salud (CAPS) Bravo Páez, ubicado en la esquina de la calle 35B Sur con carrera 25A – 37. La obra resalta por los pocos pilotes y una estructura gris, que marca apenas el 23 % de avance, de una edificación que debió estar lista hace cuatro años. Hoy la obra ya tiene quien la termine, pero la espera de la comunidad deberá prolongarse un tiempo más, pues el nuevo contratista deberá revisar de nuevo todo el proyecto.
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La historia de la planeación y la construcción de este centro asistencial se remonta ocho años atrás, pero para la comunidad es mucho más. En este predio, donde se ennegrecen los muros grises, como el esqueleto del hospital que no ha podido ser, funcionó por años el antiguo CAP del Bravo Páez y el cual demolieron en 2021 con la promesa de mejorar el servicio. Cinco años después, la posibilidad de que lo poco que han construido lo vuelvan a demoler, suena en los planes del nuevo contratista, que tiene la misión de terminar el hospital.
Los anuncios, aunque dan nuevo aliento a las obras, no convencen por completo a la comunidad, que lleva años luchado por visibilizar los problemas con contratistas, que impactan la salud del sector. Mauricio, presidente de la junta de Marco Fidel Suárez, señaló: “la obra está ahí a paso de tortuga. Quedó en el mapa (de la Contraloría) de elefantes blancos —junto a otras 19— que quedan en el aire. A pesar de los derechos de petición y las acciones populares que hemos presentado, a las entidades no les interesa el tema. Al no contar con este centro de salud y ver la inapetencia de los entes de control ante los elefantes blancos, a la gente le toca buscar otros puntos de atención”, dijo en conversación con El Espectador.

Cinco años sin hospital
El crecimiento poblacional en esta localidad llevó a estructurar nuevos planes para ampliar la cobertura en salud. En 2018, la Secretaría de Salud contrató los estudios y diseños iniciales con el Consorcio Salud Bogotá, por COP 3.806 millones, acompañados por la interventoría de Daly Constructores S.A.S. por COP 737 millones. Más adelante, en marzo de 2021, la Subred de Salud Centro Oriente adjudicó el primer contrato de obra a la empresa Miroal Ingeniería S.A.S. por COP 14.751 millones —con adiciones llegó a COP 15.042 millones—, mientras la interventoría se le asignó a otro consorcio por COP 1.543 millones. En 2021 se demolió la estructura del antiguo puesto de salud, para reemplazarla por una edificación moderna, de cuatro pisos y un semisótano.
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Todo se empezó a enredar, según se describe detalladamente en los documentos que sustentan el nuevo contrato de 2026, cuando Miroal Ingeniería S.A.S. en marzo de 2022 (casi un año después de adjudicado el contrato ) solicitó adiciones y prórrogas, argumentando la necesidad de ajustar diseños en seis especialidades técnicas. Esto generó discrepancias e incumplimientos que a los ojos del Distrito no fueron subsanados. Por ende, en noviembre de ese mismo año, el contrato venció y la infraestructura quedó con un avance físico de solo el 23,57 %. El proyecto se suspendió e iniciaron litigios judiciales que aún siguen sin resolverse. En respuesta, los líderes de la Junta de Acción Comunal de Bravo Páez y de barrios vecinos como el Marco Fidel Suárez, en su mayoría de la tercera edad, denunciaron la falta de servicios médicos y afectaciones causadas por la parálisis de la obra.

Nuevo plan, nuevas preocupaciones
Durante los siguientes años, el centro quedó congelado en el tiempo, mostrando ese ligero avance que apenas deja ver una parte de la cimentación y una valla con el render de la promesa. Tanto la Contraloría como la Personería alertaron sobre los retrasos, pero la estructura seguía detenida por los problemas jurídicos. En septiembre de 2025, el Fondo Financiero Distrital de Salud (FFDS) suscribió un convenio para trasladar la gerencia del proyecto a la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo), que en poco tiempo abrió licitación pública con un nuevo presupuesto por COP 21.726 millones, casi COP 7.000 más que el presupuesto de hace cinco años.

El 7 de abril de 2026, la empresa de renovación adjudicó la culminación de la obra a la Unión Temporal La Fragua —único proponente del proyecto—, integrada por Constructora Ossa López S.A.S. con 70 %, Germinar Proyectos S.A.S. con 20 % y Sergo Arquitectura S.A.S. con 10 %. Diana Diago, entre otros concejales de Bogotá, ha hecho control político, encontrando, en el nuevo contrato, alertas con el socio de uno de los miembros de la Unión Temporal.
La concejala denunció públicamente que Germinar Proyectos S.A.S. intentó aportar experiencia de la empresa Vanegas y Garzón S.A.S., que está involucrada en un fallo de responsabilidad fiscal por irregularidades en el manejo de un anticipo para obras del Puerto de Tumaco, contratadas por el INVIAS. “¿Cómo es posible que una obra que lleva más de cuatro años de retraso y que ya ha tenido tantos problemas contractuales vuelva a quedar en manos de un contratista vinculado con presuntos escándalos de corrupción?”, cuestionó Diago.
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¿Demolición?
A las dudas anteriores se suma el hecho de que las obras que quedaron en pie en el lote podrían estar sujetas a demolición. Respecto a la estructura de concreto dejada a medio construir en 2022 (con el 23,57% de avance), los documentos con los nuevos planes, revisados por El Espectador, describen acciones como un “diagnóstico patológico riguroso” antes de autorizar la continuación o decidir intervenciones sobre lo construido:
"El Contratista deberá efectuar el diagnóstico y patología de las estructuras construidas por el Contratista MIROAL INGENIERÍA S.A.S… diagnóstico que deberá incluir el análisis y evaluación patológica de las estructuras en concreto reforzado existentes en sitio. Así mismo, realizará la verificación del estado actual de las redes instaladas y drenajes, estado funcional (seguridad) de los taludes…".
El presupuesto contempla incluso rubros específicos de demolición de estructuras o pavimentos en caso de requerirse modificaciones o arreglos de elementos defectuosos a la estructura que quedó en pie.
La Secretaría de Salud sostiene que su prioridad es destrabar y culminar la edificación del CAPS Bravo Páez para garantizar la atención en salud a cerca de 134.072 habitantes de la zona, superando la parálisis en la que permanecía el proyecto desde diciembre de 2022. Para ello, la entidad definió un nuevo esquema de gerencia integral delegado en la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBO).
En cuanto a los antecedentes e irregularidades del primer contrato, la posición oficial de la Secretaría se desmarca de los litigios legales: mientras los procesos e investigaciones por los incumplimientos atribuidos al anterior contratista continúan su trámite y se adelanta la liquidación del convenio previo con la Subred Centro Oriente, la administración distrital concentra sus esfuerzos en avanzar simultáneamente en la construcción, dotación e instalación biomédica para poner el centro médico en funcionamiento.

¿Cómo será el nuevo hospital?
El centro contará con un área construida estimada de 2.861,56 m², distribuida en cuatro pisos y un semisótano. Allí se prestarán servicios de consulta externa y apoyo diagnóstico, incluyendo áreas de imagenología, toma de muestras y servicio farmacéutico. El semisótano abarca un área de 862,14 m², mientras que el primer piso ocupa 776,38 m² y se comunica con el nivel inferior a través de una rampa interna. Los pisos superiores (pisos 2 al 4) suman 1.223,04 m² en conjunto. Para garantizar la movilidad interna y la accesibilidad universal, el edificio incluye dos ascensores con capacidad de 800 kg y 5 paradas.
El esquema técnico prevé un tiempo total de 18 meses articulado en tres etapas: Diagnóstico y rediseño (Etapa I, 7 meses), terminación de obras (Etapa II, 10 meses) y articulación para dotación biomédica (Etapa III, 6 meses traslapados). La fecha de terminación del nuevo contrato está para septiembre de 2027, una fecha que vuelve a revivir las dudas de si se contará con el centro después de tantos años y dos administraciones distritales.
La comunidad manifiesta una confianza fracturada. Mauricio, ante el nuevo panorama, opina: “Cuando algo no funciona, la gente se aparta al ver la indolencia del gobierno. Pueden tumbar, quitar o poner la obra; la gente vive con el dolor diario de pasar por ahí, ver el elefante en el aire y notar que no pasa nada”.

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cesarc655(66636)•26 de octubre de 2026 – 06:51Que manera de robarse la plata los " hombres de bien", "empresarios", con funcionarios corruptos que ayudan a empresas de papel a obtener los contratos. Además la lentitud con el avance de estos procesos jurídicos que condenan a la sociedad a perder bienestar. No se justifica procesos más expeditos.