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Entre los locales de ropa y restaurantes típicos, detrás de los muros del Recinto Ferial 20 de Julio, un popular espacio de comercio que hoy renace, hay un millonario pleito que apenas comienza a encontrar una solución. El lugar, ubicado en la carrera 5A con calle 30A Sur, justo detrás del portal de TransMilenio, se convirtió hace diez años en una alternativa de formalización para cientos de vendedores y vendedoras ambulantes de San Cristóbal, que se encontraban esparcidos por las calles de la localidad ejerciendo la venta informal.
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Joseph Cárdenas, de 35 años, era uno de esos vendedores informales. Hace diez años, su trabajo se concentraba en los andenes y en cualquier lugar donde pudiera mostrar sus productos. Lo recuerda como una época dura —que hoy viven más de 90.000 vendedores en Bogotá—. En su caso y en el de muchos de esos comerciantes, la ropa era, y sigue siendo, el principal producto de venta.
El recinto cuenta con tres secciones: locales en el primer y segundo piso, frente a la vía principal, y cocinas con plazoleta en la parte superior. Alrededor del 60 % de los negocios venden ropa, pero también hay locales de belleza, mascotas, ferretería, víveres y cocinas. Actualmente, cada comerciante paga su propio arriendo y los servicios públicos de forma independiente.
“Mi familia y yo venimos directamente del comercio informal en las calles. Durante más de 10 años he trabajado en el Recinto Ferial 20 de Julio, un espacio bien ubicado que se ha convertido en mi principal fuente de empleo y sustento”, señaló a El Espectador.
El comerciante cuenta que, en 2015, quienes venían trabajando en la calle crearon la Cooperativa Nacional de Vendedores (COOPNALVEN), que fue reconocida inmediatamente. A esta organización le entregaron el recinto con el fin de dignificar la labor de los vendedores, en cumplimiento de sentencias judiciales que ordenaban organizar a esta población. El problema, dice Cárdenas, es que la cooperativa estaba representada por un líder que “no supo administrar el recinto”.
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Jorge Luis Bejarano, subdirector de Gestión de Redes Sociales e Informalidad del IPES, narró: “El compromiso de la asociación era administrar el punto, efectuar los cobros a los ocupantes y transferir los recursos correspondientes al arriendo y servicios públicos al Instituto. El contrato entró en ejecución a comienzos de 2016”.
Informes de la Contraloría, que registraron posibles detrimentos por más de $600 millones relacionados con este contrato, detallan que el contratista comenzó a incumplir los pagos desde el primer mes. Esos mismos informes cuestionan que, pese a conocer esta situación, no se hubieran tomado medidas para evitar que la deuda siguiera creciendo.
En 2017 se formuló una demanda contra COOPNALVEN con el fin de lograr la restitución de los espacios entregados junto con el inventario. “Sin embargo, respecto a la deuda, incluso hoy no han iniciado actuación alguna para recuperar lo adeudado por el contratista. Por el contrario, la entidad asumió una obligación de la cual no era su competencia en detrimento de los recursos de inversión toda vez que afectó varios proyectos durante las vigencias que ha generado pagos de servicios públicos”, señaló la Contraloría en un informe de 2023.
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Mientras se acumulaban las deudas y se intentaba resolver el lío en los tribunales, con los años el lugar quedó a la deriva: había locales cerrados, problemas de comportamiento de algunas personas y un fuerte deterioro físico, con cortes de luz y gas, daños en los techos y retrasos en el pago de servicios públicos. “Mientras la entidad adelantaba las demandas legales contra la antigua administración, los comerciantes hacíamos lo que podíamos para seguir trabajando”, señala Joseph.
Bejarano añade que la situación generó una deuda superior a los $1.700 millones, dividida en $956 millones por servicios públicos de agua y energía, entre $645 millones y $659 millones por arrendamiento y $116 millones por aseo. “A pesar de los requerimientos para que el señor Alejandro Barrera compareciera ante el IPES, nunca se presentó”.
Ante este escenario, el Instituto emprendió acciones legales. Durante el proceso, el Juzgado 58 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá falló a favor del IPES y ordenó la restitución total del inmueble mediante sentencia del 9 de diciembre de 2022.
“Borrón y cuenta nueva”
En los últimos dos años, el IPES investigó a fondo quiénes trabajaban realmente allí y quiénes necesitaban el espacio por encontrarse en condición de vulnerabilidad, además de evaluar algunos daños a la infraestructura en varios locales. Tras el proceso y una oferta del Distrito, el pasado 24 de septiembre, 60 de 63 comerciantes caracerizados aceptaron quedarse. “Tras ganar el fallo judicial para recuperar el predio, nos trataron de manera justa y respetaron en todo momento nuestro derecho al trabajo”, indicó el comerciante de ropa.
Respecto a la enorme deuda acumulada, los comerciantes se desmarcan: “Nosotros como comerciantes no tuvimos que asumirla; en su lugar, nos ofrecieron firmar contratos individuales bajo un esquema de ‘borrón y cuenta nueva’”.
Cabe aclarar que el litigio no termina allí. La sentencia del Juzgado 58 Administrativo del Circuito de Bogotá resolvió únicamente la restitución física del Recinto Ferial al Distrito. Sigue pendiente un proceso jurídico por los arriendos y servicios públicos adeudados. El subdirector del IPES precisó que este proceso financiero se dirige exclusivamente contra la corporación y su representante legal, quien hasta el momento no ha comparecido ni atendido los requerimientos de la entidad.
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Así, un espacio que estuvo a la deriva vuelve a palpitar en el corazón de San Cristóbal, ahora bajo una administración que busca evitar que la historia se repita. Los comerciantes, aunque lidian con bajas en las ventas desde hace varios años, concuerdan en que “hay que meterle la ficha a estos lugares”.
Y en un contexto en el que Bogotá avanza en la reorganización del espacio público, la historia del Recinto Ferial 20 de Julio muestra las dos caras de ese desafío: lo que puede conseguirse cuando la formalización ofrece una alternativa a quienes viven de las ventas en la calle, pero también los problemas que aparecen cuando la administración y el seguimiento fallan.
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Por Juan Camilo Parra
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