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En la tarde de este viernes 9 de octubre, el juez segundo promiscuo de Puerto Asís resolvió la tutela interpuesta en contra de la resolución con la que la Presidencia de la República ordenó el cierre de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Putumayo para exintegrantes de las disidencias de "Walter Mendoza" que estaban negociando la paz con el gobierno del expresidente Gustavo Petro.
El fallo está relacionado con una tutela interpuesta por 62 personas que argumentaron que el cierre de la ZUT en Valle del Guamuez, que alberga a 99 excombatientes y había sido ordenado por el gobierno para el pasado 30 de septiembre, violaba los derechos a la vida, seguridad e integridad física, al libre desarrollo de la personalidad, a la reincorporación y tránsito a la vida civil, a la personalidad jurídica y la identidad, debido proceso administrativo, confianza legítima y la paz.
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La tutela argumentaba que suspender la ZUT desconocía el proceso de negociación previo que había permitido que estos hombres en armas se trasladaran hacia una zona especial, en su tránsito a la vida civil. Los tutelanes argumentaban que fue "el resultado
de un proceso gradual de negociación, construcción de confianza, suscripción de compromisos, expedición de actos administrativos y adopción de garantías por parte del Estado colombiano que se desarrolló durante varios años".
Antes de conocerse la decisión de fondo sobre la tutela, el juez Carlos Alexander Coral Cuatín ya había suspendido de forma temporal, como medida cautelar, el cierre de la ZUT. La decisión de fondo que se conoció este viernes señala que, tal y como lo argumentaban los tutelantes, levantar el funcionamiento de la zona especial representaría importantes riesgos para la seguridad jurídica de los excombatientes y su proceso de reincorporación a la sociedad civil.
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En respuesta a la tutela, la Presidencia argumentó que tiene la competencia para declarar la ruptura definitiva de la mesa de diálogo con las disidencias de "Walter Mendoza" y que tenía un plan "coordinado y organizado" para darle cierre a la ZUT. El problema, según el fallo, no es que ese plan no existiera, sino que no se ejecutó como estaba proyectado en el papel.
"Si bien Presidencia de Colombia arrimó sendos memoriales dirigidos a diversas instituciones en pro del cumplimiento del Plan Interinstitucional ya citado, lo cierto es que, tal como se esbozó líneas atrás, el mismo debió ser elaborado tanto por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz como con la participación de las autoridades competentes, entre ellas la Agencia Nacional para la Reincorporación y Normalización; la Fiscalía General de la Nación; Registraduría Nacional del Estado Civil; Migración Colombia; Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio de Defensa; Policía Nacional; Unidad Nacional de Protección, para facilitar el proceso de salida de los accionantes, atendiendo sus situaciones individuales, como se ha mencionado, para dar continuidad a las rutas institucionales aplicables para su reintegración", se lee en la decisión.
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Las entidades mencionadas, según el fallo, señalaron que no tuvieron participación en el diseño del plan. Incluso, la Fiscalía habló de la "ausencia de documentación relacionada con la definición de las condiciones jurídicas, logísticas, operativas y de seguridad necesarias para el eventual desplazamiento de fiscales y servidores de policía judicial" que debían adelantar labores relacionadas con la definición de la situación jurídica de los excombatientes.
También la Defensoría del Pueblo había advertido que las condiciones de seguridad para los exintegrantes de las disidencias de las Farc y de las comunidades aledañas, de cara al cierre de la ZUT, tampoco estaban dadas. Además de "la falta de atención oportuna en salud, incluyendo atención de emergencias médicas, inexistencia de medidas de protección para el traslado desde la ZUT y el tránsito a la vida civil fuera de la misma, con posible reclutamiento, represalias de grupos enemigos del grupo al que pertenecían, persecución por parte de la fuerza pública; y afectaciones a sus familias en caso de recibirlos, ausencia de enfoques diferenciales de género y étnico que requieren la población indígena y afrodescendiente, y las mujeres".
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En resumen, dicen el fallo de tutela, si bien hay una hoja de ruta trazada, el plan "requiere aún de concreción, articulación entre entidades, conocimiento y socialización por parte de los mismos accionantes, para que se consolide como un plan coordinado y organizado para dar cierre a la ZUT". Esto, en un proceso que "salvaguarde sus derechos fundamentales y el principio de confianza legítima, de quienes ya dejaron las armas y enfrentan un proceso de reintegración hacia la vida civil y pretenden con ello vivir una vida digna, libre de zozobra, miedo, estigmatizaciones, amenazas y violencia y de esta forma honrar sus compromisos sobre la base del principio de reciprocidad y buena fe".
En ese sentido, la decisión fijó un plazo de seis meses para el cierre definitivo de la ZUT de los exintegrantes de las disidencias de "Walter Mendoza" en Putumayo. En ese tiempo, la Fiscalía tendrá que avanzar en las acciones necesarias para definir qué sucederá con la situación jurídica de los excombatientes y resolver sus órdenes de captura. Y la Presidencia tendrá que consolidar su plan institucional de cierre y que el proceso de reincorporación a la vida civil se pueda cumplir.
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