Los inconvenientes en la grama del estadio El Campín por su uso intensivo para espectáculos musicales, en contravía de las actividades deportivas, modifcaron significativamente el calendario de Millonarios y Santa Fé. Allende las investigaciones contra Sencia, el concesario a cargo de la administración del estadio, en la conversación pública ha vuelto a surgir un viejo debate sobre la necesidad de que ambos equipos cuenten con su propio estadio de fútbol. No obstante, el desarrollo de esta discusion suele tropezar con dos argumentos: dentro de la ciudad construida ya no quedan terrenos de gran tamaño y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) no permitiría levantar uno nuevo.
Sobre la práctica, la primera afirmación tiene algo de cierto. Encontrar diez o quince hectáreas vacías, bien conectadas y listas para construir en una ciudad consolidada es excepcional. La segunda, en cambio, no resiste una lectura detallada de la norma. No existe ua prohibicion literal ni directa para construir un estadio de fútbol dentro del POT.
En principio, solo basta con un vistazo a la reglamentación del documento urbano. El artículo 173 del Decreto 555 de 2021 señala que, con excepción de cementerios, hornos crematorios y plantas de beneficio, los equipamientos pueden localizarse en todas las áreas de actividad del suelo urbano, siempre que cumplan las condiciones de implantación, accesibilidad, riesgo y ambiente.
Un estadio entra precisamente en esa categoría. La Resolución 1054 de 2022, que reglamentó los equipamientos de cultura, recreación y deporte, clasifica como tipo 3 las edificaciones con 15.000 metros cuadrados construidos o más y exige, antes del licenciamiento, un concepto de viabilidad de localización y desarrollo por parte del sector competente. El análisis para una construcción semejante debe considerar, entre otros asuntos, la oferta y demanda de equipamientos en el sector donde pretende instalarse.
Felipe Jiménez Ángel, exsecretario distrital de Planeación y quien participó en la reglamentación del POT durante la administración anterior, lo resume de forma directa. “El POT vigente permite construir estadios en la ciudad”. La dificultad, explica, aparece después, cuando el proyecto debe mitigar sus impactos urbanísticos, ambientales, de ruido y movilidad y, sobre todo, conseguir el terreno necesario. Esta diferenciación resulta escencial: Que un estadio sea un uso permitido no significa que cualquier lote pueda recibirlo.Y es precisamente sobre esta premisa que dimanan todos los retos para construir un templo para el fútbol bogotano, pese a que el POT no lo prohiba de manera directa.
El problema principal: el suelo
Desde septiembre comenzó formalmente la construcción del nuevo estadio El Campín, que tendrá capacidad para más de 60.000 espectadores y deberá entrar en funcionamiento al finalizar 2028. El escenario, además, se levantará mientras el actual continúa funcionando y prueba que el POT vigente no contiene una prohibición general para construir un estadio nuevo dentro de la ciudad consolidada.
Sin embargo, el ejercicio parte con una ventaja difícil de repetir: el suelo del complejo deportivo ya está reunido y tiene una vocación dotacional previa. Por otor lado, un segundo estadio que pretendiera instalarse sobre antiguos terrenos industriales, comerciales o residenciales enfrentaría un escenario completamente diferente. Allí no basta con comprar un lote. Podría ser necesario adquirir decenas de predios, englobar manzanas, resolver hipotecas, patrimonios de familia, arrendamientos y actividades productivas y, finalmente, dibujar una nueva configuración del suelo.
“Que el uso esté permitido significa que la norma admite esa actividad; que el proyecto sea viable exige demostrar que puede desarrollarse en una localización específica”, explica Juan Felipe Pinilla, director de JFP&Asociados- Derecho Urbano. En una zona consolidada, agrega, el reto consiste en “ensamblar el suelo” y resolver simultáneamente las condiciones urbanísticas y de movilidad.
Con todo y lo anterior. la legislación colombiana tiene instrumentos para llevar cabo un proyecto así. El POT de Bogotá, por ejemplo, contempla figuras como el reajuste de terrenos, la integración inmobiliaria y las Unidades de Actuación Urbanística (UAU), mecanismos mediante los cuales distintos propietarios pueden participar en una misma operación, reorganizar la forma de sus terrenos y distribuir posteriormente las cargas y beneficios del proyecto.
Óscar Alfonso Roa, profesor e investigador de la Universidad Externado y especialista en economía urbana, considera que utilizar estas figuras para reunir diez o quince hectáreas es viable. Su principal ventaja frente a comprar cada inmueble por separado está en reducir los costos de transacción y los tiempos de gestión. Resolver uno por uno embargos, patrimonios de familia u otras restricciones, advierte, puede convertir el proceso en algo “interminable”. El problema, por tanto, comienza a cambiar de nombre. Ya no se trata únicamente de encontrar suelo. Se trata de, en palabras de los expertos, fabricarlo urbanísticamente.
De Londres a Bogotá
Estructurar una proeza urbana semejante en nombre del fútbol no sería algo exclusivo de la experiencia bogotana. Varias ciudades que construyeron estadios dentro de zonas ya ocupadas tuvieron que recurrir a operaciones prolongadas de renovación urbana para sacar adelante sus proyectos.
En Londres, el Tottenham Hotspur combinó negociaciones privadas con propietarios y una orden de adquisición obligatoria promovida por el gobierno local para completar el suelo necesario para su nuevo estadio y los desarrollos asociados. Al revisar los documentos del municipio de Haringey emitidos durante el proceso se evidencia que el club debía continuar intentando acuerdos voluntarios mientras avanzaba el procedimiento de adquisición forzosa.

Bilbao siguió una lógica diferente, pero también en el marco de una transformación urbana en torno al escenario deportivo. La construcción del nuevo San Mamés formó parte de una intervención más amplia en Basurto-San Mamés, que combinó traslado de equipamientos, integración ferroviaria, nuevas viviendas, espacio público e infraestructura.
Madrid ofrece otro ejemplo de lo que puede ocurrir con el suelo liberado y la integración de un proyecto deportivo y el desarrollo urbano. La operación Mahou-Calderón reorganizó casi 19,4 hectáreas donde se encontraban el antiguo Vicente Calderón y terrenos de la cervecera. La reparcelación distribuyó nuevos aprovechamientos residenciales y terciarios, vías, zonas verdes y equipamientos entre los propietarios y el Ayuntamiento.

Precisamente, partiendo de estos ejemplos, Jiménez señala que ese tipo de actuaciones ofrecen una referencia más útil para Bogotá que esperar la aparición de un lote baldío. “Se hace con un ejercicio de renovación urbana mediante englobe, compra de predios y una localización adecuada”, explicó.
El abogado Pinilla, por su parte, coincide en que una operación de estas características podría organizarse mediante un plan parcial de renovación urbana. Este permitiría coordinar movilidad, espacio público, aprovechamientos inmobiliarios y gestión asociada del suelo. Incluso, bajo determinadas condiciones legales, una operación privada de renovación podría acudir como último recurso a mecanismos de adquisición forzosa con participación pública.
Eso no significa que un equipo de fútbol pueda expropiar por su cuenta. La renovación urbana debe cumplir los motivos de utilidad pública establecidos en la ley, agotar procesos de negociación y respetar las obligaciones de protección a moradores y actividades productivas. Pero, precisamente por esta condición, es que los estadios deben pensarse en nodos de simbiosis con la ciudad ya establecida, y no como grandes proyectos privados que puedan hacerse de manera abrupta.
¿Dónde podría probarse esa idea?
Una revisión realizada por El Espectador através del cruce de las plataformas oficiales de cartografía, las áreas de transformación previstas por el POT y los documentos técnicos de las Actuaciones Estratégicas permitió identificar varios sectores que, por tamaño de predios, vocación industrial o procesos de renovación en curso, sirven para poner a prueba la posibilidad de insertar un gran equipamiento deportivo dentro de la ciudad consolidada. El ejercicio no supone que allí deba construirse un estadio ni corresponde a propuestas de las fuentes consultadas.
Uno de los casos más llamativos aparece en Sevillana, al sur de la ciudad. La Secretaría Distrital de Planeación expidió en junio las directrices para formular esa Actuación Estratégica. El ámbito abarca 177,1 hectáreas y mantiene una fuerte función industrial, logística y comercial, pero la norma le reconoce potencial para procesos de revitalización, redensificación y desarrollo mixto. Además, ordena definir esquemas de gestión, financiación, vinculación de propietarios y articulación público-privada.

Dentro de esa pieza urbana aparece un terreno que permite dimensionar la discusión. La antigua planta de GM Colmotores, junto a la avenida Boyacá, ocupa alrededor de 28 hectáreas. Cuando General Motors anunció en 2024 el fin de la fabricación de vehículos en Colombia, informó que desmontaría progresivamente las instalaciones y posteriormente pondría el predio a la venta.
Eso no convierte el terreno en candidato automático. Para determinar su verdadera viabilidad habría que establecer su propiedad actual, precio, posibles pasivos ambientales, afectaciones, capacidad vial y las condiciones que defina finalmente la formulación de Sevillana. Pero demuestra que en la ciudad consolidada sí existen piezas de una escala comparable con la que requeriría una gran operación.
El caso contrario está en ZIBo, la Actuación Estratégica que abarca 541 hectáreas de la antigua Zona Industrial de Bogotá entre Puente Aranda y Teusaquillo. El proyecto ya adoptado pretende transformar suelo industrial mediante vivienda, comercio, servicios, espacio público y nuevas actividades económicas.

Allí la dificultad no consiste necesariamente en localizar una gigantesca propiedad única, sino en integrar numerosos predios. Es justamente el escenario para el cual fueron concebidos instrumentos como reajuste de terrenos, integración inmobiliaria y UAU.
Roa considera que estas figuras pueden resolver la heterogeneidad en tamaños y formas de las propiedades y permitir un reparto equitativo de cargas y beneficios. El problema colombiano, en su opinión, no radica tanto en la falta de legislación. “Tenemos una excelente legislación pero se gestiona muy poco ante un gran potencial”, señala.
Un estadio tampoco garantiza regeneración
Hay, sin embargo, una advertencia necesaria. Que una ciudad pueda construir un estadio mediante renovación urbana no significa que deba hacerlo ni que la operación vaya a producir automáticamente desarrollo económico.
Una revisión publicada por los economistas J. C. Bradbury, Dennis Coates y Brad Humphreys en el Journal of Policy Analysis and Management concluyó, después de revisar décadas de evidencia sobre estadios profesionales, que estos escenarios no han demostrado ser catalizadores sólidos de desarrollo económico y que los niveles habituales de subsidio público suelen superar los beneficios justificables.
Victor Matheson ha llegado a conclusiones similares sobre los subsidios. En otro trabajo, al comparar dos estadios de Chicago, encontró que la relación del escenario con el tejido comercial que lo rodea puede ser decisiva. Un estadio aislado del barrio puede producir resultados muy diferentes a uno integrado con su entorno.
El caso Tottenham plantea además el costo social. Una investigación de Mark Panton y Geoff Walters encontró que sectores de la comunidad percibieron la regeneración asociada al estadio como una estrategia de gentrificación y cuestionaron la participación de los residentes en las decisiones.
Bogotá ya conoce de memoría este tipo de contrastes en el desarrollo de actuaciones estratégicas y planes de renovación urbana, en donde la resistencia de los moradores y las denuncias por gentrificación han estado a la orden del día. Por eso la pregunta no termina en si cabe un estadio, puesto que también importa saber quién asumiría el costo de transformar el suelo y quién capturaría el valor que esa transformación genere.
¿Y qué pasa en 2028?
El siguiente alcalde recibirá una oportunidad para volver esta discusión parte de su agenda urbana. El POT fue expedido a finales de 2021. De acuerdo con las reglas nacionales, su corto plazo incorpora el remanente del período en el que se adoptó y el siguiente período constitucional completo. Esto lleva la primera vigencia hasta finales de 2027 y abre desde 2028 un nuevo ciclo del instrumento. Sin embargo, eso no significa que el próximo gobierno pueda reescribir automáticamente todo el POT.
MinVivienda establece que las revisiones ordinarias solo pueden modificar los contenidos cuya vigencia ya haya terminado. Además, existe una modificación excepcional de normas urbanísticas que puede promover el alcalde en cualquier momento, siempre que tenga sustento técnico y preserve los objetivos y estrategias de mediano y largo plazo.
Pinilla considera que para avanzar con otro estadio el próximo gobierno ni siquiera tendría que comenzar por allí. “El próximo alcalde no tendría que partir de modificar el POT”, sostiene. El desafío principal estaría en reunir el suelo, estructurar la financiación, construir acuerdos con propietarios y resolver los impactos propios de una infraestructura de esa escala.
La discusión, entonces, puede haber comenzado por la pregunta equivocada. Bogotá quizá no necesite esperar a que aparezca un lote enorme ni cambiar el POT para permitir un estadio que la norma ya admite. El verdadero desafío sería mucho más complejo y consiste en decidir qué parte de la ciudad está dispuesta a transformar, construir una operación de largo plazo para reunir el suelo, garantizar que la valorización pague también por las cargas de esa transformación y demostrar que el resultado beneficia a algo más que al equipo que juegue allí. Pero para eso, el Distrito no puede gravitar pecio a la deriva de sus intenciones. Hace falta que los dirigentes de los clubes remen hacia el mismo lado para materializar una iniciativa semejante.
Continúe leyendo: El balón nada que rueda en El Campín.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador/.
-
Jose(18935)•17 de octubre de 2026 – 14:14Si el Campin era de bogotá y los Bogotanos, y tengo entendido Claudia Lopez como Alcalde y el consejo lo vendieron a un privado, para que buscar más sitios para hacer estadio, La única ciudad que autorizo vender su estadio fue el Alcalde y el concejo Bogotá, El Campín no es de los bogotanos sino de un privado. Medellin y Barranquilla hacen inversiones millonarias, pero los estadios siguen siendo de los antioqueños y de los barranquilleros, pobre bogotanos sin pertinencia.