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El estatuto antiterrorista con el que el gobierno de Abelardo de la Espriella definirá bajo qué parámetros se dará el combate contra las estructuras criminales todavía no ha sido radicado en el Congreso. Esta semana recibió el visto bueno del Consejo Nacional de Política Criminal, pero aún falta que se presente el articulado en su integridad ante el Capitolio.
Ese encuentro iba a ocurrir la semana pasada, pero terminó siendo aplazado y con ello también se demoró la revisión por parte de sus integrantes del borrador de este proyecto. Inicialmente se habló de la posibilidad de que este llegara a la par de la llamada ley de acogimiento, pero esta última se radicó el pasado martes, con la presencia de los ministros Rodrigo Lara (Interior) e Iván Cancino (Justicia).
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"Este proyecto busca crear un marco normativo que permita el desmonte, desarme y acogimiento", detallaron en ese momento los jefes de cartera. Y a eso agregaron: "No es una negociación política, por eso el interlocutor tiene que ser abogado. El mensaje tiene que ser claro, esta negociación tiene que ser jurídica dentro de las herramientas que hay. Se acogen a lo que el gobierno presenta, pero no van a tener los grupos armados o terroristas ninguna negociación política. La víctima va a ser el centro de ese proceso".
El contenido de ese estatuto antiterrorista, que fue anticipado por El Espectador y revelado en su integridad por Caracol Radio, contiene 116 páginas que, tras pasar por la revisión del Consejo de Política Criminal, volverán a la Casa de Nariño para un nuevo examen y tendrán que volver a ser aprobados por el jefe de Estado y por su secretario jurídico, Andrés Barreto. La expectativa crece en el Congreso por el documento final y hay sectores que han anunciado su apoyo.
Allí está el jefe del Legislativo, Honorio Henríquez (Centro Democrático), quien aseguró que el texto tendrá "todo [su] respaldo ". A través de su cuenta de X, el senador e integrante del Consejo de Política Criminal apuntó que se trata de una "iniciativa urgente e inaplazable" en la que han insistido "desde el 7 de agosto, ante la necesidad de fortalecer las herramientas del Estado para enfrentar el crimen organizado".
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"Desde el Congreso, garantizaremos un trámite oportuno y con plenas garantías para el debate democrático", agregó.
Este es uno de los proyectos en los que el oficialismo le daría su respaldo al presidente De la Espriella. En total, son más de 180 congresistas los que conforman la coalición a favor del Gobierno en el Capitolio, lo que le daría las mayorías en las discusiones necesarias para que este articulado supere los cuatro debates.
Sin embargo, también hay puntos que generan polémica, especialmente en la izquierda. Desde el Pacto Histórico han criticado que ese borrador le otorgue facultades extraordinarias al jefe de Estado para reglamentar la operatividad del Alto Comisionado contra el Terrorismo, una nueva figura que haría parte del organigrama del Ejecutivo.
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"Poderes" similares tendría De la Espriella para desarrollar el establecimiento de “la acción de aprehensión preventiva abreviada”, con la que se busca agilizar el proceso para que los bienes ligados a organizaciones calificadas como terroristas pasen al Estado. Y también para establecer las licencias necesarias para el control de criptoactivos.
Pero el punto que más generó revuelvo en esas toldas es uno que toca al expresidente Gustavo Petro directamente. En el documento se habla de “celebrar acuerdos de cooperación e intercambio con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos”, entidad que incluyó al exmandatario en la llamada "lista Clinton". De acuerdo con esas mismas páginas, se podría acabar con personerías de organizaciones que tengan relaciones con las personas incluidas en esos listados. Petro, actualmente, es el dirigente de esa agrupación.
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