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La Corte Constitucional le recordó a las EPS que no pueden frenar un tratamiento por problemas internos o por enredos con sus proveedores. Así lo decidió al amparar los derechos a la salud, la dignidad humana y la seguridad social de un niño de siete años a quien la EPS Famisanar no le garantizó una cirugía en el brazo. El caso es el de Santiago*, quien sufrió una fractura y luego fue diagnosticado con deformidad en la posición del hueso del antebrazo.
En febrero de 2025, su médico ordenó una osteotomía de húmero, un procedimiento para corregir el hueso, y prescribió el material de osteosíntesis necesario, es decir, las piezas con las que se fija el hueso durante la operación. Sin embargo, la cirugía nunca pudo hacerse porque la EPS no aseguró el suministro de ese material.
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La clínica donde se realizaría la operación informó que no podía programarla porque no tenía el material necesario. Uno de los proveedores dijo que lo que tenía disponible no servía para la técnica quirúrgica indicada, y otro aseguró que nunca le llegó la orden para suministrarlo.
Para la Corte, nada de eso eximía a la EPS. Según explicó, las entidades de salud son las responsables de manejar su red de clínicas y proveedores. Si uno no puede entregar lo que se necesita, deben buscar otro o conseguir alternativas equivalentes que los médicos tratantes consideren adecuadas.
La Sala Quinta de Revisión, presidida por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez e integrada por los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Vladimir Fernández Andrade, concluyó que Famisanar vulneró los derechos del menor. Las órdenes médicas se expidieron el 11 de febrero de 2025, pero la EPS solo las autorizó el 8 de septiembre de ese año. Además, no entregó el material requerido para continuar con el tratamiento.
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La Sala recordó que las EPS son las principales responsables de garantizar el acceso real a los servicios, tecnologías e insumos médicos de sus afiliados. Pueden contratar clínicas y proveedores, pero los conflictos administrativos o contractuales, internos o con terceros, no justifican suspender la atención ni dejar de cumplir una orden médica.
Agregó que el derecho a la salud implica tres principios: oportunidad, es decir, atención sin demoras injustificadas; continuidad, que impide interrumpir un tratamiento por razones administrativas o de dinero; e integralidad, que exige que la atención sea completa en todas las etapas. A esto se suma que los derechos de los niños son prevalentes y su salud tiene especial protección del Estado.
La Corte también precisó que la osteotomía de húmero está cubierta con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y que la normativa obliga a las EPS a garantizar todos los dispositivos médicos necesarios e insustituibles para ese procedimiento, incluido el material de osteosíntesis.
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Aunque durante el proceso el niño recibió una nueva valoración médica, la Corte consideró que eso no resolvía el problema que originó la tutela. Por eso ordenó a la EPS Famisanar autorizar y prestar todos los servicios y tecnologías en salud que le sean ordenados al menor, y asegurar que los médicos tratantes hagan una valoración integral y practiquen los exámenes pendientes. Además, deberá autorizar a tiempo las órdenes médicas que se emitan, garantizar el suministro de los materiales e insumos requeridos y acudir a otros proveedores si los que tiene contratados no cuentan con lo necesario.
*El nombre del menor fue cambiado en el expediente.
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