Más de 61.5 millones de hectáreas protegidas y conservadas se superponen con bloques de petróleo y gas. Además, otras 42.7 millones de hectáreas se superponen con concesiones mineras en varios países de cuatro de las regiones tropicales más biodiversas del mundo.
Estas cifras hacen parte de un reciente informe elaborado por distintas organizaciones internacionales, como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y Earth Insight, entre otras, que fue presentado en Ereván, la capital de Armenia, donde por estos días se desarrolla la Conferencia de la ONU sobre la Biodiversidad (COP17).
Para hacerse una idea, la superposición de las industrias extractivas corresponde a un área de más de la mitad del territorio continental de Colombia, mientras que la segunda ocupa un área un poco más grande que la de todo el territorio paraguayo.
El informe, en el que también participaron el Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (IIFB) y la Alianza Global para las Comunidades Territoriales (GATC), se enfocó en la Meta 3, una de las más conocidas del histórico Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (GBF), firmado por más de 180 países. Esta meta busca que los firmantes conserven de manera efectiva al menos el 30 % de las áreas terrestres, aguas continentales y marinas del mundo para 2030, particularmente aquellas que son importantes para la biodiversidad.
Según explican las organizaciones que participaron en la elaboración, el nuevo reporte “aplica un marco de implementación (…) de alta integridad para analizar cómo las metas de conservación se están traduciendo en resultados ecológicos significativos sobre el terreno”.
Para que la implementación de esta meta, también conocida como “30×30”, sea considerada de alta integralidad, continuaron los autores, se requiere que sea eficaz, equitativa, sostenible, al tiempo que prioriza las áreas de especial importancia para la biodiversidad y defiende los derechos, gobernanza y aportes de los pueblos indígenas y comunidades locales.
Otro de los factores que analizaron los investigadores es que esas áreas protegidas y conservadas estén libres de actividades extractivas y otras actividades industriales a gran escala que son “incompatibles con la conservación de la biodiversidad”.
Para adelantar el estudio, las organizaciones también llevaron a cabo análisis espaciales en los países de la Amazonia, Centroamérica, la región del Congo y el sudeste asiático. Así mismo, adelantaron estudios de caso.
Con las cifras que arrojó el análisis, concluyeron que existe “una superposición alarmante entre las actividades extractivas y las actividades industriales a gran escala, tanto en curso como planeadas, y las áreas que son fundamentales para la conservación de la biodiversidad, incluyendo las áreas protegidas y conservadas (PCA), las Áreas Clave para la Biodiversidad (KBA) y las tierras indígenas y comunitarias”.
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En palabras de Tyson Miller, director ejecutivo de Earth Insight, la organización que lideró el análisis y que se especializa en el análisis espacial para monitorear la expansión de las industrias extractivas sobre ecosistemas críticos, “sin medidas de protección, las áreas protegidas corren el riesgo de convertirse en ‘parques de papel’: protegidas en teoría, pero expuestas a la explotación en la práctica”.
Los autores del informe advierten que sus hallazgos ponen de manifiesto un riesgo fundamental para la iniciativa “30×30”. El mundo, aseguran, “está avanzando hacia los objetivos de protección basados en áreas, pero no logra proteger los ecosistemas más importantes para la biodiversidad, la estabilidad climática, la seguridad hídrica y alimentaria y el bienestar humano”.
El problema no es solo de calidad, advirtieron los científicos. Una revisión del progreso de la implementación de las metas del GBF, elaborado por la Secretaría de la Convención de Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés) y presentado en julio de este año, reveló que, aunque la superficie cubierta por las áreas de conservación prioritaria (PCA) ha aumentado en los últimos años, los compromisos de los países que firmaron el Marco Mundial “son insuficientes”. Al ritmo actual, estimó la Secretaría, para 2030 se alcanzaría solo el 23 % de áreas conservadas y protegidas.
El ejemplo de Colombia y otras medidas
Aunque el informe se centra en las amenazas, las cuales estima como “conservadoras”, pues no abarca otros fenómenos, como la tala industrial, la agricultura a gran escala y la sobrepesca, entre otros, también identifica vías “prometedoras hacia una implementación de alta integralidad”.
“La decisión de Colombia de cerrar su Amazonía, según una nueva directiva, constituye un nuevo ejemplo al que debemos referirnos y al que debemos dar seguimiento”, dijo durante la presentación del informe Juan Carlos Jintiach Arcos, indígena ecuatoriano y secretario ejecutivo de la Alianza Global de Comunidades Territoriales (GATC, por sus siglas en inglés), una de las organizaciones que elaboró el documento.
Jintiach, así como el informe, se refiere a la Resolución 0961 del 4 de agosto de 2026 con la que el gobierno de Gustavo Petro declaró los 483.283 kilómetros de la Amazonia colombiana (48 millones de hectáreas) como una reserva de recursos naturales renovables definitiva. La decisión implica que en este territorio ya no se podrán otorgar autorizaciones ni concesiones mineras, al tiempo que no se celebrarán nuevos contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos.
Como contamos en estas páginas, para varias organizaciones del sector ambiental colombiano, su debilidad jurídica era uno de los puntos más resaltados. Este es un tema que también inquieta a los autores del informe, quienes señalaron que “con un nuevo gobierno favorable a la extracción en el poder, la durabilidad de esta resolución está en duda”.
En entrevista con El Espectador en julio de este año, cuando Abelardo de la Espriella ya lo había designado como ministro de Ambiente, Fabio Arjona calificó la medida adoptada por el gobierno de Gustavo Petro como “populista” y aseguró que estaba abierto a que estas actividades se desarrollaran en la Amazonía de manera “legal y en territorios no comprometidos”.
Para las organizaciones que elaboraron el reciente informe, “una ley vinculante y una política duradera son el siguiente paso necesario para transformar un compromiso político prometedor en un modelo de importancia mundial para prevenir nuevas actividades de extracción, reducir las amenazas industriales y lograr la implementación de la iniciativa 30×30 de alta integridad en una de las regiones ecológicas más importantes del planeta”.
A menos de cuatro años de que llegue el 2030, concluye el informe, “el margen para corregir el rumbo se está reduciendo”. Para alcanzar el objetivo de la Meta 3 con alta integralidad, dicen las organizaciones, se necesita más que avances en términos de superficie: “Habrá que garantizar que los puntos críticos de biodiversidad más importantes del mundo permanezcan intactos, conectados, gobernados de manera eficaz, administrados de forma equitativa y protegidos de las presiones industriales que socavan los resultados de la conservación y un futuro habitable para las personas y el planeta”.
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Héctor(15733)•26 de octubre de 2026 – 10:09Con razón los jóvenes no quieren tener hijos.