
El asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y precandidato a su Alcaldía, y la explosión de un carrobomba en menos de 24 horas tienen un antecedente que va más allá de esta semana: las advertencias de la Defensoría del Pueblo sobre el riesgo de que la violencia de los grupos criminales afectara la participación política en la región. Desde septiembre de 2025, la entidad había alertado sobre amenazas contra funcionarios, candidatos, periodistas y líderes sociales, así como sobre la posibilidad de que la violencia del Catatumbo se extendiera a las ciudades. Un año después, los ataques del 26 y 27 de octubre vuelven a poner sobre la mesa esas advertencias.
Castellanos se movilizaba en una camioneta blindada y fue atacado cuando descendió del vehículo en una estación de gasolina. Estaba acompañado por su hijo y no contaba con su esquema de seguridad. La Defensoría pidió a la Fiscalía una investigación pronta y rigurosa para establecer las circunstancias del homicidio e identificar a sus responsables. El Ministerio de Defensa anunció una recompensa de hasta COP 100 millones por información que permita esclarecerlo. El crimen ocurre cuando comienzan a perfilarse las aspiraciones para las elecciones territoriales de 2027, en una ciudad donde las amenazas contra funcionarios y dirigentes ya habían sido documentadas por la Defensoría.
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Horas después del asesinato, en la mañana del martes 27 de octubre, el temor se trasladó al sector de El Escobal. Un carro bomba explotó cerca de las instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y del puente internacional Francisco de Paula Santander, que conecta con Venezuela. La Policía Metropolitana confirmó a este diario que cuatro uniformados resultaron heridos y que no hubo civiles lesionados. El coronel Pedro José Saavedra informó que los policías fueron trasladados al hospital y se encuentran estables y los primeros informes de la detonación muestran que causó daños en viviendas cercanas y obligó a suspender el paso fronterizo mientras se revisaban las condiciones de seguridad.
Las autoridades ofrecieron hasta COP 50 millones por información que permita esclarecer este atentado. No obstante, las advertencias permiten entender que la amenaza no comenzó esta semana. En septiembre de 2025, la Defensoría emitió una alerta temprana en la que incluyó a Cúcuta entre los municipios que requerían una acción urgente. El documento describió amenazas de estructuras criminales como AK-47 y el Tren de Aragua contra el alcalde y otros funcionarios, y señaló sus efectos sobre candidatos, líderes y juntas de acción comunal. También explicó que las organizaciones ilegales podían controlar el ingreso de aspirantes a determinados sectores e intimidar a los votantes.
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Además, en la frontera y el occidente del departamento, identificó extorsión, microtráfico, trata de personas y explotación sexual. Esas economías y mecanismos de control muestran que el riesgo desborda los atentados de mayor visibilidad. Por eso, en el informe de seguimiento a la alerta de septiembre del año pasado, la Defensoría evidenció que las condiciones de seguridad seguían deteriorándose. Para el Catatumbo, documentó amenazas más graves, especialmente en Tibú, El Tarra, Teorama, Hacarí y San Calixto. Asimismo, que las disputas armadas restringían la movilidad, impedían reuniones y dificultaban las campañas de quienes aspiraban a representar a las víctimas en el Congreso.
Incluso donde no había enfrentamientos, el miedo también lograba reducir las actividades políticas. El informe advirtió que los anuncios del Eln y del Frente 33 de las disidencias de las Farc de no interferir en las elecciones eran compromisos frágiles, ante el desconocimiento de acuerdos humanitarios y la continuidad de los ataques contra la población en esos territorios. Ahora bien, en Cúcuta, los asesinatos de quienes investigan y denuncian la arremetida criminal en esta zona fronteriza del país muestran otra dimensión de esa violencia. El 14 de abril de 2024 fue asesinado Jaime Vásquez, abogado, periodista y veedor ciudadano. Sus denuncias sobre posibles hechos de corrupción fueron señaladas como una de las líneas para explicar el crimen.

En diciembre de ese año, un juez condenó a 28 años de prisión a Gustavo Alexander Corredor Torres, alias el “Enano”, integrante de AK-47, después de que aceptara su responsabilidad. Según la investigación en su contra, vigiló los movimientos de Vásquez y reunió el dinero para pagar a los participantes del atentado, que evidenció los riesgos de denunciar en la ciudad. El pasado 6 de junio, el asesinato del periodista Cristian Herrera volvió a golpear a Cúcuta. El reportero judicial, que trabajó en el diario La Opinión durante más de 10 años, había recibido amenazas por su trabajo y, por eso, tenía un esquema de seguridad. Sin embargo, fue atacado por un sicario en el barrio Quinta Oriental y murió tras recibir al menos nueve heridas de bala.

Las advertencias de la Defensoría describieron todos estos riesgos, identificaron a las poblaciones amenazadas y señalaron dónde era urgente actuar. Un año después, el asesinato de un precandidato y la explosión de un carrobomba en menos de 24 horas muestran que esas amenazas siguen marcando la vida en Cúcuta. A los riesgos documentados para periodistas, funcionarios y líderes se suma el miedo de quienes habitan cerca de los lugares atacados, como estaciones de Policía y pasos fronterizos estratégicos, no solo para el comercio sino también para migrantes. Mientras tanto, la respuesta estatal sigue sin garantizar lo más básico: que informar, denunciar o aspirar a un cargo público no cueste la vida.
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MARIA(2246)•27 de octubre de 2026 – 18:59Cómo es posible que todos en N. de Santander saben quienes son los criminales, menos la fiscalía y la policía judicial?