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Envían a prisión a Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, por presunta corrupción

Un juez penal del circuito de Medellín, en segunda instancia, revocó la medida de aseguramiento domiciliaria que tenía el exconcejal y ordenó su privación de la libertad en establecimiento carcelario. Es investigado por el presunto desvío de más de COP 2.400 millones de tres contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

El ente investigador sostiene que Miguel Quintero Calle, al parecer, daba órdenes para direccionar contratos de recursos públicos.
El ente investigador sostiene que Miguel Quintero Calle, al parecer, daba órdenes para direccionar contratos de recursos públicos.
Foto: Archivo Particular

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Un juez penal del circuito de Medellín revocó la medida de aseguramiento domiciliaria a Miguel Andrés Quintero Calle, exconcejal de la ciudad y hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero. La nueva decisión, tomada en segunda instancia, ordena que sea recluido en un establecimiento carcelario y resolvió el recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación.

En contexto: Ordenan prisión preventiva domiciliaria a Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero

Quintero Calle fue vinculado formalmente en septiembre a una investigación por el presunto direccionamiento irregular de seis contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, en los que, según el ente acusador, se habría causado un detrimento patrimonial superior a COP 2.481 millones. Por estos hechos fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

El pasado 2 de octubre, el juez 27 de control de garantías de Medellín impuso a Quintero detención preventiva en su domicilio, tras unas audiencias preliminares que se prolongaron durante varias semanas. La medida fue solicitada por la representación del AMVA y la Procuraduría, que coincidieron en que existía riesgo de que Quintero intentara obstruir el proceso o no compareciera ante la justicia.

De acuerdo con la Fiscalía, el presunto direccionamiento de contratos del AMVA al Cuerpo de Bomberos de Itagüí para la entrega de elementos de protección y kits de bioseguridad ocurrió durante la pandemia de covid-19. Los proyectos sumaban COP 17.656 millones, distribuidos en contratos suscritos entre 2020 y 2023. De ese monto, se habrían desviado más de COP 2.400 millones hacia terceros mediante comisiones que inicialmente fueron del 20 % y luego del 15 %.

A Miguel Quintero se le atribuye la presunta apropiación de COP 1.387 millones.

Según el ente investigador, Quintero habría liderado, durante la alcaldía de su hermano, un entramado para utilizar la estructura administrativa del AMVA en favor del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, con el fin de adjudicarle directamente esos proyectos. La Fiscalía aclara que Quintero no firmó ni aprobó ningún contrato, pero sostiene que habría dado la orden para que lo hicieran los funcionarios imputados, como parte de un “acuerdo de favorecimiento” pactado por él.

Lea: Seis contratos y COP 2.481 millones: claves del caso contra el hermano de Daniel Quintero

Según la tesis de la Fiscalía, el mecanismo operaba así: el AMVA giraba los recursos al Cuerpo de Bomberos de Itagüí y, posteriormente, la unidad que dirigía Misael Alberto Cadavid emitía cheques de COP 50 millones a nombre de personas de confianza, entre ellas Germán Osorio, conductor de la institución. La comisión pactada inicialmente era del 20 %.

En junio de 2020, Quintero se habría reunido con Cadavid y Álvaro Alonso Villada para renegociar el acuerdo y reducir la comisión al 15 %, porque el porcentaje inicial “resultaba excesivamente gravoso” para el contratista. Según la imputación, fue entonces cuando se habría alcanzado el nuevo pacto sobre contratos cuyo valor total ascendía a COP 17.656 millones.

Por estos hechos, el 15 de septiembre también fueron imputadas otras tres personas: Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector administrativo y financiero del AMVA; Vanessa Álvarez Restrepo, contratista de la Subdirección Ambiental de la entidad, y Sebastián Ortega. En el expediente figura, además, Misael Alberto Cadavid, exjefe del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, imputado en octubre de 2025 y hoy testigo clave del caso. La investigación está a cargo de la fiscal Magda Sofía Ramírez.

A Álvarez, la Fiscalía le atribuye la elaboración de los estudios previos de las licitaciones, pese a que esa labor no estaba entre sus funciones. Esos documentos, según el ente acusador, habrían sido claves para el direccionamiento de los contratos. Ortega, por su parte, habría entrado al esquema en septiembre de 2022, después de que Villada renunciara tras las denuncias de medios locales sobre posibles irregularidades en el AMVA.

Relacionado: Las dudas sobre la testigo clave contra Miguel Quintero y la denuncia contra Simón Molina

La Fiscalía sostiene que Ortega se convirtió en el “enlace” entre el Cuerpo de Bomberos, los exfuncionarios del AMVA y Quintero, quien supuestamente se habría identificado como “Mr. M” o “nuestro jefe” en un grupo de WhatsApp. Ese chat, creado en 2020 con el nombre “Alternativos” y rebautizado posteriormente como “Amigos”, es una de las pruebas que el ente investigador tiene sobre el funcionamiento del presunto entramado de corrupción.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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Comentarios
  • Noticioso(6975)•Hace 3 horas
    Pinche Pinturita. Esos cuentos de que es millonario porque es un "próspero empresario", cuando es un tipo que desde joven siempre se ha dedicado a la politiquería, no se la creen sino en la horda de borregos del petrismo. Debe ser porque en Medellín hizo una alcaldía igual de nefasta que la del "galáctico" Petro en Bogotá, y ni hablar de su paupérrima presidencia.
  • Alvaro(63682)•Hace 4 horas
    Y Pinturita ahí
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