Ordenan prisión preventiva domiciliaria a Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero

Además de la Fiscalía, la medida fue solicitada por la representación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y por la Procuraduría. Coincidieron en que hay riesgo de que Miguel Quintero intente obstruir el proceso o que no comparezca ante la justicia. A Sebastián Ortega, hijo del excongresista William de Jesús Ortega y otro de los implicados en este presunto caso de corrupción, se le ordenó medida no privativa de la libertad, decision que fue apelada por la Fiscalía. Sus argumentos que conocerán el próximo 5 de octubre.

En contexto: Seis contratos y COP 2.481 millones: claves del caso contra el hermano de Daniel Quintero

El caso en contra de Miguel Quintero Calle está relacionado con el presunto direccionamiento irregular de tres contratos del AMVA hacia el Cuerpo de Bomberos de Itagüí para la entrega de elementos de protección durante la pandemia por covid 19. Según el ente investigador, de esos contratos se habrían desviado más de COP 2.400 millones hacia los bolsillos de terceros, mediante coimas que eran, en principio, del 20 % y luego del 15 % de los contratos.

Por estos hechos también fueron imputadas el pasado 15 de septiembre tres personas más: Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector administrativo y financiero del AMVA; Vanessa Álvarez Restrepo, contratista de la Subdirección Ambiental de la entidad; y Sebastián Ortega, hijo del excongresista William Ortega. En el expediente figura además Misael Alberto Cadavid, exjefe del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, imputado en octubre de 2025. La investigación es liderada por la fiscal Magda Sofía Ramírez.

Lea también: Fiscalía imputará a Ricardo Orrego por posible acoso sexual y acto sexual violento

Según el ente investigador, Miguel Quintero habría liderado durante la alcaldía de su hermano un entramado de corrupción presuntamente dirigido a usar la estructura administrativa del AMVA en favor del Cuerpo de Bomberos de Itagüí. El objetivo habría sido adjudicarle de forma directa tres proyectos para entregar kits de bioseguridad durante la emergencia sanitaria, por 17.656 millones de pesos, divididos en tres contratos entre 2020 y 2023.

La Fiscalía dice que Miguel Quintero no firmó ni aprobó ningún contrato, pero afirma que habría dado la orden para que los funcionarios imputados lo hicieran. Detrás del direccionamiento, dice, habría un "acuerdo de favorecimiento" pactado por él. El mecanismo, según el ente investigador, era el siguiente: el AMVA giraba los recursos al Cuerpo de Bomberos de Itagüí; luego, la unidad que dirigía Cadavid emitía cheques de COP 50 millones a nombre de personas de confianza, entre ellas Germán Osorio, conductor de la institución. La comisión pactada inicialmente era del 20 %.

Le puede interesar: Suspenden decreto que les permitía a los sindicatos negociar con holdings empresariales

En junio de 2020, según la Fiscalía, Quintero se reunió con Cadavid y Villada para renegociar el acuerdo y reducir la comisión al 15 %, porque el porcentaje inicial "resultaba excesivamente gravoso" para el contratista. La imputación sostiene que fue en ese momento cuando, al parecer, se llegó a un nuevo acuerdo de bajar la coima al 15 % del valor de los contratos, cuyo monto total era de COP 17.656 millones.

La Fiscalía le atribuye a Vanessa Álvarez la elaboración de los estudios previos de las licitaciones, pese a que no era parte de sus funciones. Esos documentos habrían sido claves para el direccionamiento. Sebastián Ortega, por su parte, habría entrado al esquema en septiembre de 2022, después de que Álvaro Alonso Villada renunciara tras denuncias de medios locales sobre posibles irregularidades en el AMVA.

Más contenido: “Escúchenos”: el pedido de familias de funcionarios del CTI secuestrados a De la Espriella

Según la tesis de la Fiscalía, Sebastián Ortega se convirtió en el "enlace" entre el Cuerpo de Bomberos, los exfuncionarios de AMVA y Miguel Quintero, quien en un grupo de WhatsApp se habría identificado como "Mr. M" o "nuestro jefe". Ese chat, creado en 2020 con el nombre de "Alternativos" y renombrado luego como "Amigos", es una de las pruebas en poder de la Fiscalía sobre el funcionamiento del presunto entramado de corrupción.

Misael Alberto Cadavid, hoy testigo clave en el expediente, le dijo al ente investigador que la mediación para, al parecer, beneficiar al Cuerpo de Bomberos de Itagüí con los contratos se habría hecho a través de los exfuncionarios del AMVA imputados. De los COP 17.656 millones de los contratos, la Fiscalía sostiene que se habrían desviado COP 2.481 millones a los bolsillos de los presuntos implicados. A Miguel Quintero se le atribuye la supuesta apropiación de COP 1.387 millones.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.