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Miguel Andrés Quintero Calle, el hermano mayor del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, debe ahora rendirle cuentas a la justicia. Luego de tres aplazamientos y dos suspensiones de la audiencia, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al también exconcejal de la capital antioqueña por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.
Según el ente investigador, el político habría estado al frente de una red de corrupción durante la administración de su hermano con la que, al parecer, habría direccionado seis contratos a dedo y habría desviado, en total, más de COP 2.400 millones. Un señalamiento que los hermanos Quintero Calle llevan meses negando.
El caso involucra también a un civil y dos exfuncionarios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), la entidad de la que habrían salido los contratos entre 2020 y 2023 durante la administración de Daniel Quintero. Ante el despacho del juez 27 de control de garantías de Medellín, la fiscal Magda Sofía Ramírez imputó cargos también en contra de Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector administrativo y financiero del AMVA.
También Vanessa Álvarez Restrepo, una contratista que trabajaba para la Subdirección Ambiental de la entidad; y Sebastián Ortega, hijo del excongresista William Ortega. En el expediente también aparece Misael Alberto Cadavid, exjefe del Cuerpo de Bomberos de Itagüí e imputado en octubre de 2025 por este caso.
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La audiencia de imputación en contra de Miguel Quintero y las otras tres personas presuntamente involucradas en el caso inició el pasado 11 de septiembre, pero se extendió por dos fechas más para atender las preguntas formuladas por la defensa de los imputados y escuchar las respuestas de la Fiscalía.
El ente investigador expuso que, al parecer, el hermano del exalcalde estaría a la cabeza de un posible entramado de corrupción cuyo objetivo sería “utilizar la estructura del Área Metropolitana del Valle de Aburrá para favorecer al Cuerpo de Bomberos de Itagüí en la contratación directa” de tres proyectos para entregar kits de bioseguridad en medio de la pandemia de covid-19, por COP 17.656 millones.
La finalidad de esos contratos, según la Fiscalía, era atender los riesgos de la ciudadanía durante la emergencia sanitaria por la pandemia. Miguel Quintero habría aprovechado para intervenir de forma irregular en la asignación de los contratos al Cuerpo de Bomberos de Itagüí.
Misael Cadavid, entonces jefe de esa unidad, es hoy uno de los testigos claves del expediente y le ha contado al ente investigador que la mediación para el presunto direccionamiento de los contratos se habría hecho por medio de los otros tres exfuncionarios del AMVA imputados. Según la Fiscalía, “Miguel Quintero no suscribió, aprobó ni suscribió ningún contrato” pero habría dado la orden para que los funcionarios imputados lo hicieran.
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La razón de ese direccionamiento, según el ente investigador, estaría en un “acuerdo de favorecimiento” que habría sido pactado por Miguel Quintero. El esquema de presunta corrupción, según la Fiscalía, funcionaba así: el AMVA le giraba al Cuerpo de Bomberos de Itagüí el dinero para la ejecución de los seis contratos relacionados con la entrega de kits de emergencia para atender la pandemia.
Luego, la unidad dirigida por Misael Cadavid giraba cheques por COP 50 millones a nombre de personas de confianza que eran entregados a personas de confianza como Germán Osorio, quien era conductor del cuerpo de bomberos. En principio, según la Fiscalía, la coima pactada por los presuntos implicados era del 20 %.
Ese negocio habría dado un giro en junio de 2020, cuando Miguel Quintero se habría reunido con Misael Cadavid y Álvaro Villada con el objetivo de renegociar los términos de su acuerdo y disminuir la coima al 15 % porque “el porcentaje inicialmente exigido resultaba excesivamente gravoso para los intereses económicos del contratista”.
La Fiscalía sostiene que tiene pruebas suficientes para demostrar que “existía un acuerdo destinado a obtener una contraprestación económica ilícita” de los contratos direccionados del AMVA al Cuerpo de Bomberos de Itagüí. Entre ese material están los chats de un grupo de WhatsApp creado en 2020, integrado por los imputados, al que primero llamaron “Alternativos” y luego renombraron como “Amigos”.
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Sobre el presunto rol de la contratista Vanessa Álvarez, dice la Fiscalía que habría elaborado los estudios previos de esas licitaciones a pesar de que no estaba dentro de sus funciones. Esos documentos habrían sido claves para lograr el presunto direccionamiento irregular de los contratos.
Sebastián Ortega, por su parte, habría entrado al esquema de presunta corrupción en septiembre de 2022, tras la renuncia de Álvaro Villada por las denuncias de los medios de comunicación locales sobre posibles movidas ilegales en el AMVA, y se habría convertido en el “enlace” entre el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, los exfuncionarios y Miguel Quintero, quien en el grupo de WhatsApp, al parecer, se identificaba como “Mr. M” o “nuestro jefe”.
La Fiscalía asegura que de los COP 17.656 millones destinados a la ejecución de los seis contratos, se habría desviado a los bolsillos de los presuntos implicados un monto de COP 2.481 millones entre los años 2020 y 2023. El ente investigador señala que Miguel Quintero se habría apropiado de forma ilegal de COP 1.387 millones.
La defensa de los imputados cuestionó varios de los puntos de la imputación. El abogado Santiago Trespalacios, que representa al hermano del exalcalde Daniel Quintero, pidió una aclaración sobre la supuesta entrega del dinero por parte del contratista a su representado, señalando que podría no ser producto de un negocio ilegal.
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“Si ese dinero era parte de la utilidad del contratista o era parte del excedente propio que obtiene un contratista al desempeñar un contrato público, ese dinero no sería susceptible de configurar el delito de peculado, como quiera que no se trataría de un bien público, sino de un bien privado y particular”, expresó el abogado Trespalacios.
Aunque la lista de preguntas formuladas por los abogados rondaba las 50, durante la diligencia de este martes la fiscal Magda Sofía Ramírez se concentró en puntos específicos de los hechos que investiga y aclaró que la discusión relacionada, entre otras cosas, con la naturaleza de los dineros que se habrían desviado, es un tema que se deberá abordar durante la etapa de juicio.
El abogado Trespalacios señaló que el ente investigador no ha sido claro en establecer si existió una orden general de su defendido para desviar recursos de los seis contratos indagados o si hubo directrices específicas en cada caso. “La defensa encuentra una indeterminación de cómo nos defendemos y cómo le demostramos al juez de conocimiento, el día de mañana, que esa directriz no existió. Porque el ciudadano Miguel Quintero no intervino de ninguna manera en estos hechos, pero no sabríamos cómo entrar a negar una afirmación, a mi modo de ver, bastante indeterminada”, expresó.
Ninguno de los imputados aceptó responsabilidad y el juez tendrá que resolver en la tarde del próximo 16 de septiembre una solicitud de prisión preventiva pedida por la Fiscalía, quien podría permanecer detenido mientras avanza la investigación.
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Por Gustavo Montes Arias
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