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Las críticas a la gestión de una funcionaria pública o su pareja no pueden convertirse en una excusa para atacar su apariencia física ni hacerle comentarios sexistas. A esa conclusión llegó la Corte Constitucional recientemente, al resolver el caso de Stephany Dayana Ortiz Tafur, gestora social de Arauca (Arauca), y esposa del alcalde del municipio, quien fue blanco de violentas publicaciones en Facebook. Al alto tribunal llegó su tutela, con la cual el alto tribunal trazó los límites de los comentarios que pueden hacerse en contra de funcionarios públicos y figuras públicas, así como las que escapan del derecho a la libertad de expresión.
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Para la Corte, “los discursos que constituyen violencia de género contra las mujeres no están protegidos por la libertad de expresión”. Además, advirtió que la cosificación del cuerpo de una mujer “constituye una manifestación particularmente grave de violencia de género cuando utiliza el cuerpo como objeto de discusión, desplaza el debate sobre las ideas o actuaciones públicas de una mujer y convierte su corporalidad en el centro de la agresión”.
La tutela de Ortiz Tafur fue en contra del creador de contenido y activista digital Cristian Camilo Paredes Forero, quien en redes sociales ha mostrado estar en contra de la administración de su esposo, el alcalde Juan Alfredo Qüenza Ramos. Según relató a la justicia, desde mayo de 2025 el hombre inició en sus perfiles de Facebook “una conducta sistemática de hostigamiento, difamación y exposición pública” en contra del alcalde y de ella. También, que mediante textos, imágenes, fotomontajes y videos, el accionado buscaba “desacreditar, ridiculizar, afectar el honor, la dignidad, la imagen y la intimidad personal y familiar de la accionante, utilizando expresiones humillantes y de contenido misógino”.
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Dentro de las publicaciones que Ortiz denunció había montajes sobre cambios físicos y comentarios sobre las cirugías estéticas a las que la mujer se habría sometido. En uno de ellos, Paredes Forero preguntó a sus seguidores: “¿Qué opinan ustedes? ¿Mal procedimiento, mala calidad del bótox o fue un golpe en la cara?”. También publicó encuestas para que los usuarios opinaran sobre el cuerpo de la gestora social. A eso se sumaron expresiones sexistas con las que cuestionaba su papel como gestora social y apuntaba a relegarla a las labores domésticas, diciendo cosas como “bueno, a lavar platos y hacer aseo en la casa, que eso de gestoría es puro show y corrupción”. Para la mujer, esos mensajes excedían cualquier cuestionamiento sobre su gestión y se convertían en ataques contra su dignidad.
En octubre de 2025, Ortiz Tafur acudió a la justicia para pedir que se retiraran las publicaciones, que el creador de contenido se retractara y que ofreciera disculpas públicas. El Juzgado Primero Civil Municipal de Arauca estudió el caso y, el 4 de noviembre de ese año, le dio la razón. El despacho concluyó que los mensajes “presentaban como ciertas acusaciones de conductas delictivas contra la accionante y su esposo sin respaldo probatorio ni verificación suficiente, por lo que excedían la libertad de expresión y vulneraban sus derechos a la honra y al buen nombre”. Por esa razón, ordenó eliminar de inmediato los contenidos que consideró difamatorios.
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La decisión, sin embargo, cambió en segunda instancia. Cristian Paredes impugnó el fallo y defendió sus publicaciones como parte de su ejercicio de crítica y veeduría ciudadana sobre la administración municipal. El 15 de diciembre de 2025, el Juzgado Civil del Circuito de Arauca revocó la protección concedida a la gestora social. Para ese despacho, los mensajes correspondían a “opiniones o comentarios sobre su gestión dentro de la administración municipal”. Incluso sostuvo que “muchas de esas publicaciones son replicaciones fundadas en imágenes y hechos públicos, difundidos previamente por la misma alcaldía o por la gestora social”. Con esa determinación, la discusión llegó a la Corte Constitucional.
Al revisar el expediente, la Sala Cuarta de Revisión, conformada por la magistrada Lina Escobar y los magistrados Vladimir Fernández y Juan Carlos Cortés, quien fue el ponente, reconoció que Ortiz Tafur, por su condición de gestora social y su cercanía con la administración municipal, tiene exposición pública y debe estar sujeta al escrutinio ciudadano sobre sus actividades institucionales. Sin embargo, aclaró que esa visibilidad no significa que cualquier ataque contra ella esté amparado por la libertad de expresión.
Para la Corte, una cosa es cuestionar el manejo de recursos públicos o las actuaciones de una funcionaria y otra muy distinta convertir su cuerpo y su apariencia en el centro de las publicaciones. Por eso, le jaló las orejas al juez de segunda instancia y estableció que “en los eventos en los que una mujer ha sido objeto de ataques digitales relacionados con su cuerpo o apariencia física, el juez constitucional debe adoptar un análisis con perspectiva de género y valorar la conducta de manera contextual e integral”.
La Corte también trazó las medidas que podían adoptarse para proteger los derechos de la esposa del alcalde. Por un lado, rechazó su pretensión de impedir que Paredes Forero volviera a mencionarla en futuras publicaciones, pues consideró que una prohibición de ese tipo “constituye censura previa y, por ende, vulnera las presunciones a favor de la libertad de expresión”. Pero esa protección no significaba dejar sin consecuencias los mensajes que ya habían cruzado los límites constitucionales. En ese sentido, el alto tribunal concluyó que ordenar el retiro de las publicaciones violentas y exigir disculpas públicas perseguía una “finalidad imperiosa, dado que buscan asegurar la materialización efectiva del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias”.
Con esos argumentos, la Corte revocó la decisión de segunda instancia y concedió el amparo a Ortiz Tafur. Le ordenó a Paredes Forero retirar, en un plazo de 48 horas, las 28 publicaciones identificadas como violentas; ofrecer disculpas públicas en sus perfiles de Facebook dentro de los cinco días siguientes, y realizar, en un máximo de 20 días, un curso de capacitación sobre igualdad de género y violencia digital. También le prohibió repetir agresiones basadas en estereotipos de género. Finalmente, el alto tribunal reiteró el llamado al Congreso para que legisle sobre la prevención y sanción de la violencia digital, un fenómeno frente al cual la libertad de expresión no puede convertirse en un argumento para justificar la violencia contra las mujeres.
Con esta decisión, la Corte dejó claro que las redes sociales también son escenarios de participación pública en los que la libertad de expresión y el control ciudadano tienen límites: no pueden servir de excusa para ejercer violencia de género. Para el alto tribunal, atacar a una mujer por su cuerpo, sexualizar su imagen o exponer aspectos de su vida privada no constituye una crítica legítima, sino una forma de violencia simbólica que busca desacreditarla, silenciar su voz y desincentivar la participación de otras mujeres en la vida pública. Ante la dimensión de este problema, la Corte volvió a llamar al Congreso de la República para que avance en una regulación integral de la violencia de género digital, siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales como la ONU y la OEA, y establezca mecanismos efectivos de prevención, protección, reparación y sanción para las víctimas.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Jhordan C. Rodríguez
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Abelardo(72943)•10 de noviembre de 2026 – 13:20¿lo anterior es aplicable también cuando las "damas" esfumen el dinero de las donaciones recaudados en sus ONgs para atender tragedias públicas?
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Gilberto(54899)•08 de noviembre de 2026 – 16:56– Diario EL TIEMPO 8 Nov/26 Hace 3 horas Los medios de la élite, esculcando hasta en las cobijas de Petro: que si lo tiene "chiquito" que si es largo pero "delgaducho", que cuántos espermas arroja en cada "culeada", etc. etc. ! Poco les importa constatar que hasta ahora -y de lejos-, ha sido el mejor Primer Mandatario que ha tenido esta sufrida Patria¡ En cambio, eluden adrede el destino de las ULTIMILLONARIAS CIFRAS que fueron a parar a las arcas de la mujer de abelardo.
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William(51420)•07 de noviembre de 2026 – 10:42Más allá de las decisiones judiciales, el respeto en redes sociales debe ser una regla general de conducta, no sólo para bien de las mujeres, sino de todos. Respetar a quien es, actúa, prefiere o piensa diferente es una forma de respeto hacia uno mismo, de la misma manera – y en sentido contrario – que el maltrato habla más mal del maltratador que de la víctima. En síntesis: se puede y se debe disentir con respeto.
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Carlosé Mejía(19865)•07 de noviembre de 2026 – 09:55Está bien que se ponga coto a estos atropellos en las redes sociales pero el control de la ciudadanía sobre los funcionarios públicos no puede coartarse.
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Dion Casio(66071)•07 de noviembre de 2026 – 08:37"lOS HONORABLES CORTESANOS" produjeron una de sus sentencias más sabias atendiendo a que de pronto la gente SE DE CUENTA DE QUE LOS COMPRAN CON $$$$$$$$$ EN EFECTIVO O CON CARGOS COMO HIZO EL HONORABLE MAGISTRADO CAMARGO , pero cuando se trata de analizar leyes o decretos del autodenominado presidente se hacen los que nada tiene que ver con ellos.
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Margoth(98070)•07 de noviembre de 2026 – 07:58Ya sabemos a quién o quiénes benefician realmente este fallo…se escudan estrategicamente en el tema de género (que en realidad NO les importa), para reforzar la censura a los contradictores de los que están en el poder…es una mordaza para los críticos de los ladrones y ladronas de este gobernucho. empezando por la pareja de bandidos "presidencial".
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CARLOS(lcggj)•07 de noviembre de 2026 – 06:56Totalmente de acuerdo con el fallo de la Corte Constitucional. Entre tanto, el Congreso de la República, debe avanzar en la regulación integral de la violencia de género digital, obviamente, siguiendo las recomendaciones de la ONU.
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Berta Lucía(2263)•07 de noviembre de 2026 – 05:34Excelente fallo. Los machitos marchitos, misóginos y violentos están obligados a respetar a las mujeres; sus chistes y/o comentarios misóginos estimulan la violencia física y por ende el feminicidio. Son cómplices y victimarios directos de este flagelo que asola la sociedad contemporánea.
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Eduardo(52171)•07 de noviembre de 2026 – 06:26De acuerdo, hacía falta esta pronunciación enunciando estos detalles. Ojalá el congreso haga bien lo solicitado.
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