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Congresistas feministas, expertas y activistas por los derechos de las mujeres pidieron que las denuncias de Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro se investiguen con celeridad y rigor. Los pronunciamientos se conocieron después de que Jiménez publicara en sus redes sociales un video en el que se les vería a ambos en una habitación. La grabación se viralizó la noche del pasado miércoles y generó distintas reacciones. El Espectador consultó a abogadas feministas expertas en género para analizar las implicaciones de las denuncias y explicar por qué el enfoque de género también sería necesario en la investigación judicial.
Deicy Jiménez tiene 26 años y, según los registros de SECOP -la plataforma oficial que permite consultar los procesos de contratación que se realizan con recursos públicos-, entre 2021 y 2026 habría celebrado 10 contratos por prestación de servicios con entidades del Estado, que sumarían más de 130 millones de pesos en cinco años, lo que representa un promedio mensual de $1.855.061 COP. A través de esos contratos llegó al Congreso de la República, al Ministerio del Interior y a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Las fechas coinciden con el segundo periodo de Gustavo Petro como congresista y con su mandato presidencial.
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Según el testimonio de la mujer, publicado en Semana el pasado 25 de octubre, su llegada a esas entidades habría sido posible por recomendación de Petro y “a cambio de mantener relaciones sexuales con él”. A raíz de estos señalamientos, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia admitió para estudio una denuncia contra Gustavo Petro y la exsenadora María José Pizarro. Esta última fue señalada por los contratos que Jiménez celebró durante el periodo en que ocupó la vicepresidencia del Senado, entre 2023 y 2024.
Como parte de las actuaciones, el pasado 6 de noviembre Jiménez acudió al búnker de la Fiscalía para la extracción forense del contenido de su celular, una diligencia ordenada por la Corte Suprema. La Fiscalía aclaró que la denunciante no asistió a otra citación, en la que sería escuchada, por lo que fijó una nueva fecha para este martes 10 de noviembre, a las 9:00 a. m. En la última semana, la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema abrió una noticia criminal por irregularidades en la contratación en el Dapre y otras entidades del Estado.
(Lea más: Fiscalía cita de nuevo a Deicy Jiménez a rendir declaración sobre denuncias contra Petro)
Pizarro, por su parte, aseguró que la vinculación de Jiménez como contratista durante su paso por la vicepresidencia del Senado se dio bajo condiciones normales y pidió que la Sala de Instrucción la escuche. "Durante el tiempo en que fui vicepresidenta del Senado conocí a la señora Deicy Jiménez como una contratista que cumplió juiciosamente con las labores administrativas que le fueron asignadas al servicio del Congreso", se lee en el comunicado.
Por su parte, la defensa del expresidente, encabezada por el abogado Alejandro Carranza, también se pronunció sobre el video publicado por Jiménez. En un comunicado sostuvo que la grabación, per sé, no es una muestra de los hechos que se le atribuyen. "Su autenticidad, su integridad, su fecha, su contexto y su alcance deben establecerse dentro del proceso, mediante peritaje y con garantías para todas las partes", precisó.
Sobre el chat entre Angie Rodríguez y Gustavo Petro que divulgó recientemente la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, la defensa del expresidente tampoco se ha pronunciado. Según la información publicada por el medio, Petro habría compartido un documento PDF con el nombre de Jiménez y solicitado su contratación. (En contexto: “Un fragmento sin fecha”: defensa de Petro tras video publicado por Deicy Jiménez)
Hasta el momento, la Corte Suprema y la Fiscalía adelantan actuaciones para esclarecer posibles irregularidades en la contratación pública. Sin embargo, esa investigación no agota las preguntas que plantean las denuncias de Jiménez entre los sectores feministas y que señalan al expresidente. Pues su testimonio llega al mismo tiempo en el que figuras del gobierno de Abelardo de la Espriella han hablado de una posible red de 30 o 40 mujeres al interior del gobierno Petro, que habrían sido contratadas bajo lo que la mujer denuncia, “a cambio de relaciones sexuales”. Es sobre ese punto, que las abogadas consultadas coinciden en que esta situación también debe ser analizada desde el enfoque de género.
La edad de Jiménez, la posición política que ocupaba Petro y la posible relación entre los contratos y los encuentros sexuales o la relación sexoafectiva son aspectos que, explican, deben tenerse en cuenta para analizar las condiciones en las que se habría dado el consentimiento y establecer si existieron presiones o un aprovechamiento de las relaciones de poder. Estas fueron sus conclusiones.
Relaciones de poder y consentimiento: expertas piden enfoque de género en las investigaciones
Lo primero que menciona Viviana Vargas Vives, abogada feminista y defensora de derechos humanos, quien además fue coordinadora del Grupo de Género y Diversidad del Ministerio del Interior durante el gobierno Petro y renunció tras la entrada de Armando Benedetti a la cartera, es que hay que tener en cuenta que el expresidente no ha sido cuestionado únicamente por la denuncia de Jiménez, sino también por rodearse de mujeres jóvenes y con bajos recursos durante su mandato, mujeres que no tendrían las cualificaciones para los cargos públicos que se les asignaron, lo que para ella revelaría un patrón.
En el caso de Jiménez, llama la atención sobre algunos aspectos de su relato. Durante la entrevista con Semana, la joven contó que proviene de una condición socioeconómica poco favorable, que su escolaridad llega hasta el bachillerato y que tiene 26 años, es decir, 30 años menos que el expresidente. También aseguró que lo conoció a través de una plataforma de contenido para adultos. "El corazón de lo que hay ahí es el abuso de poder, es la desigualdad, es el patrón problemático que hay en Gustavo Petro de asociarse con mujeres jóvenes y en patrones muy similares: algunas que denuncian, otras que no; algunas que se consideran víctimas, otras que no", explica la abogada.
Factores como la edad, la condición socioeconómica y la posición de poder político son algunas de las cuestiones que, según las expertas, no deberían pasar desapercibidas al analizar este caso desde una perspectiva de género.
Gabriela Galeano, abogada feminista y experta en violencias basadas en género, explica que cuando las personas involucradas en una relación tienen posiciones de poder muy distintas, tampoco cuentan con las mismas condiciones de autonomía, libertad y capacidad de decisión. En este caso, dice, no hay que perder de vista que Petro tiene una trayectoria política de más de 30 años, en la que ha ocupado cargos como congresista, alcalde y presidente de la República. Desde esas posiciones, podía decidir quién accedía a un contrato del Estado.
“Es una relación de poder que está acrecentada por un factor económico, por un factor institucional y simbólico, pues estamos hablando del presidente de la República. Y a esa figura lo respalda toda una estructura estatal que puede ponerse a favor tuyo si te portas bien o si le das lo que quiere dentro de esa relación sexoafectiva”, agrega.
Sobre esto último, la abogada aclara que no quiere decir que la relación entre Jiménez y Petro se haya dado bajo esas condiciones, esos hechos los debe esclarecer la justicia. Los posibles delitos que son materia de investigación están relacionados con irregularidades en los contratos, más no con señalamientos de violencias basadas en género. Sin embargo, eso no significa que se descarten cuestionamientos sobre las dos partes. “¿Existirían esos contratos sin una relación sexual de por medio? O a la inversa, ¿sin esos contratos y ese dinero habría existido esa relación sexoafectiva?”, son las preguntas que Galeano plantea para analizar con la lupa de género.
Para Vargas, la pregunta que seguiría es si existió consentimiento. "Cuando hay esa asimetría socioeconómica, cuando hay esa asimetría de poder, cuando hay esa asimetría de género, el consentimiento tiene múltiples maneras de viciarse", dice. Y agrega que, aunque Jiménez haya tenido agencia para consensuar una relación con el expresidente e incluso para recibir los contratos por prestación de servicios, presuntamente a cambio de “servicios sexuales”, es el consentimiento "el que tenemos que conflictuar desde el feminismo. Porque el consentimiento existió, pero ¿fue libre realmente? ¿Cuáles son las cosas que podrían estar viciando ese consentimiento?".
Según el relato de Jiménez, durante la relación que habría mantenido con Petro, recibió comentarios que interpretó como intimidaciones. Aunque no afirma que el expresidente la obligara a mantener relaciones sexuales a cambio de los contratos, sí contó que le hacía "indirectas" sobre sus vínculos con otros hombres. Añadiendo que no se sentía amenazada “pero sí intimidada", le dijo a Semana. También afirmó que Petro le habría advertido que no podía tener otras relaciones y que, si salía con otro hombre, este "iba a tener problemas". En sus señalamientos aseguró que habría otras mujeres involucradas y que algunas recibieron amenazas. Y es allí, donde las expertas encuentran una puerta para hablar de consentimiento.
"El Código Penal, en su artículo 212, menciona el abuso de poder como una forma de violencia. Porque te coacciona a decir que sí, te coacciona a aceptar cosas que no aceptarías si tuvieras la capacidad de poder decir que no sin que hubiese ninguna consecuencia en tu contra", afirma Galeano. Para ella, no basta con establecer que hubo un "sí" o que las personas involucradas eran adultas. También es necesario examinar las circunstancias en las que se produjo ese consentimiento, las condiciones de quien acepta, sus posibilidades reales de negarse y las consecuencias que podría enfrentar al hacerlo.
Por su parte, Viviana Vargas insiste en que el análisis también debe reconocer la capacidad de decisión de Jiménez. Examinar las diferencias de poder entre ella y Petro no significa asumir que la mujer fue ajena a las decisiones que tomó o a los acuerdos que pudieron existir entre ambos. En Colombia, las relaciones sexuales consensuadas entre personas adultas no constituyen un delito por el hecho de que exista un pago a cambio. "Hay que entender que esas dos realidades pueden existir al tiempo", dice Vargas. En este caso, también corresponde establecer si los contratos públicos hicieron parte de esos acuerdos y qué responsabilidades podrían derivarse de ellos. Una cuestión que deberán esclarecer las autoridades correspondientes, que hasta ahora no ha hecho imputaciones sobre ninguna de las personas involucradas.
Exigen dos garantías: presunción de inocencia y justicia sin prejuicios de género
Tras el impacto mediático de las denuncias de Deicy Jiménez contra Gustavo Petro, congresistas de diferentes partidos se han pronunciado sobre el caso. La senadora Jennifer Pedraza exigió una investigación exhaustiva. "Esto no es una discusión sobre la vida privada del presidente (…). Esto se trata de utilizar los recursos del Estado colombiano para beneficiarse, violando los derechos humanos de las mujeres. Digo que es explotación sexual porque es someter o condicionar el derecho al trabajo de una mujer a cambio de obtener favores sexuales, si los testimonios de Deicy Jiménez son verdad", afirmó en sus redes sociales.
Desde el Pacto Histórico, partido del expresidente, varias congresistas publicaron un comunicado en el que señalaron: "Toda denuncia merece ser escuchada con respeto. Creemos que ninguna mujer que acude a la justicia debe ser objeto de descalificación ni de juicios sobre su vida privada". También recordaron que "de igual manera se debe respetar la presunción de inocencia y el debido proceso".
(Lea más: Pacto, Salvación y otros partidos sientan posición tras nuevos señalamientos contra Petro)
A su vez, la defensora del Pueblo, Iris Marín, también se pronunció sobre el avance del caso y pidió que la investigación sea prioritaria. "La gravedad de esta denuncia no da margen de espera", afirmó. La funcionaria insistió en que las autoridades deben actuar con independencia de las presiones políticas, respetar la presunción de inocencia y garantizar la protección de posibles víctimas y testigos.
Las abogadas consultadas coinciden en que estas garantías deben respetarse. Sin embargo, advierten que su invocación no puede convertirse en una forma de descalificar a quien denuncia ni dejar de lado los prejuicios que pueden influir en la valoración de su testimonio. Viviana Vargas considera que el sistema judicial sigue marcado por sesgos machistas que afectan la manera en que se reciben y examinan las denuncias. "La presunción de inocencia, el debido proceso es la carta por excelencia. No podemos negar que nuestro sistema judicial está absolutamente permeado por la misoginia y los sesgos de género y que la valoración probatoria se hace bajo los estereotipos", sostiene.
En el caso de Jiménez, algunos cuestionamientos en redes sociales sobre su relato se han concentrado en los beneficios económicos que habría recibido por sus contratos con entidades estatales. Para Vargas, ese aspecto no permite descartar, por sí solo, que haya existido una situación de abuso de poder. "¿Puede ser cierto, Deicy Jiménez recibió un beneficio económico a partir de esta situación? Puede ser. Pero ¿ese beneficio económico excluye que haya estado en una situación de abuso de poder o de violencia de género? No", plantea.
Otro cuestionamiento que ha circulado tiene que ver con el momento en que Jiménez decidió hablar, después de que terminaran sus contratos. Gabriela Galeano señala que esa pregunta desconoce cómo las relaciones de poder pueden influir en la posibilidad de denunciar y en las consecuencias que una persona teme enfrentar. "Escucho mucho: ‘¿Por qué estás hablando de eso después de que ya te quitaron el contrato?’. Pues claro, porque la relación de poder acabó".
Vargas también cuestiona la expectativa de que las mujeres denuncien bajo unas condiciones determinadas o en el momento que otras personas consideran adecuado. "Las víctimas denuncian cuando consideran que es el momento en que lo pueden hacer, en que su vida, su corazón y sus condiciones personales les dé para hacerlo. Yo no tengo por qué cuestionar a Deicy ni poner en duda la verdad que ella está planteando ante el país", afirma.
Esos prejuicios machistas hacen parte de lo que se conoce como el mito de la "víctima perfecta": la idea de que una mujer debe comportarse de cierta manera, reaccionar de una forma específica y cumplir determinadas condiciones para que su relato sea considerado creíble. Galeano recuerda que muchas conductas que pueden constituir violencia ocurren en espacios privados, sin testigos ni registros. Por eso, la ausencia de pruebas directas no debería llevar a descartar automáticamente una denuncia. Para examinar los hechos, explica, es necesario considerar el contexto y las circunstancias de cada caso, sin partir de estereotipos sobre cómo debería actuar una víctima o qué pruebas tendría que aportar.
No obstante, esto tampoco significa que las garantías de Gustavo Petro puedan ponerse en cuestión. El expresidente tiene derecho a la presunción de inocencia, a ejercer su defensa y a que se respete el debido proceso. La investigación deberá establecer qué ocurrió y si existieron irregularidades en la contratación. Al mismo tiempo, esas garantías son compatibles con el escrutinio público y con una investigación que examine las relaciones de poder y las posibles desigualdades presentes en los hechos denunciados.
Para Vargas, incorporar el enfoque de género es necesario incluso cuando la investigación no se ocupa directamente de un delito de violencia de género. Como explica, esta perspectiva permite identificar desigualdades que pueden influir en cualquier situación y en las decisiones de quienes participan en ella:
"El enfoque de género es entender cómo una situación cualquiera puede estar atravesada por una desigualdad que tú no identificas de facto y que tienes que entrar a incorporar para ver, en el espectro de la situación, qué otros factores pueden estar incidiendo en esa circunstancia, qué otras situaciones de desigualdad pueden estar incidiendo en esa circunstancia y en las decisiones que las personas toman o no toman respecto a un hecho", concluye.
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Rodrigo Leon(24435)•10 de noviembre de 2026 – 17:56Como dice Vicente Fernandez en su canción "Que de raro tiene que me halla perdido por una mujer", Gustavo Petro ante todo es un ser humano y como tal tiene fortalezas, errores y debilidades propias de su condición de ser humano, para sus detractores políticos está servida en bandeja la presa, aplaudan, disfruten y aprovechen la debilidad de un hombre por el sexo femenino.
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no(62473)•10 de noviembre de 2026 – 13:52La pregunta que siempre he querido saber porque Ramiro Bejarano no permite que en sus columnas el publico de su opinion que esconde este columnista a que le tiene miedo
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no(62473)•10 de noviembre de 2026 – 13:48El trio de odiadores de Petro Daniel coronell, Maria Jimena duzan y Maria paola Herrera
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no(62473)•10 de noviembre de 2026 – 13:46en este caso daniel coronell solo mostro su odio a petro. El dia que salio el video el dijo que ese video era prueba de contratos por sexo. A quien se le ocurre decir eso. Que bajo a caido coronell, Cuando se habla de petro esconde su titulo de periodista
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Berta Lucía(2263)•09 de noviembre de 2026 – 17:13Cuando un hombre le paga a una mujer para tener sexo con ella demuestra su incapacidad de "seducir". El ciudadano común tiene el derecho a abrazar públicamente a un trasvesti o a acostarse con quien desee; pero si es el presidente de un país su vida privada deja de pertenecerle y debe evitar todo tipo de escándalos sexuales. Al no hacerlo demuestra su machismo y su misoginia; así como el miserable ser humano que es. Pregunto: ¿Acaso no sería un proxeneta?
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Felipe(94028)•09 de noviembre de 2026 – 17:11"Esta opinión es honrada, procure siempre acertalla el honrado y principal, pero si la acierta mal, defendella y no enmendalla" (Guillen de Castro en Las mocedades del Cid, 1618).
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CarlosC(n339z)•09 de noviembre de 2026 – 17:05En la terrible y triste historia de la cándida Erendida y su abuela desalmada, en la versión cinematográfica, Aureliano hace fila para pagar y entrar a la carpa en la que Eréndira atendía los clientes obligada por su abuela. Aureliano, no obstante, paga, dialoga con la Nina, pero no la accede sexualmente por que sus convicciones lo llevan al respeto de su dignidad…Petro se autodenominó " Aureliano" en su tránsito por el M 19. ….. No podría ser lo posible de la historia?
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Eduardo(34409)•09 de noviembre de 2026 – 15:14La autoridad competente será la encargada de comprobar tanta tinta y verbos que han corrido por esta presunta situación. Cuando Evo Morales expresidente de Bolivia terminó su mandato o cuando le dieron un golpe de estado, también lo enlodaron con presntos abusos sexuales en personas menores de edad. Ha pasado bastante tiemó y la fiscalía de Bolivia no le ha podido comprobar nada a Evo. Sucederá igual con Petro Urrego.
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Olegario(51538)•09 de noviembre de 2026 – 15:38Je, je, siga creyendo que las vacas vuelan, petrista. Están las PRUEBAS, videos, pantallazos de Whatsapp, y la firma de los CONTRATOS, que es lo grave. En el terreno de la especulación (y de la vida privada del señor de las chuspas) aparece un video en el que Petro sostiene relaciones de tipo excremental con un travesti. Ese sí habría que comprobarlo, pero lo único que nos demostraría es que el señor Petro es un aberrado.
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