
Nayely Waitotó Salas habla de la biblioteca pública de Pizarro, Bajo Baudó (Chocó), como quien habla de un tesoro. Dice que allí, en su territorio, la biblioteca es más que una “institución de cuatro paredes”. Es un espacio que convoca al diálogo, al encuentro con quien es diferente, que preserva la memoria y salvaguarda los saberes. También un lugar desde donde la comunidad reflexiona sobre sus lenguas, el cuidado de la flora y la fauna y el papel que ocupan en la sociedad como población étnica. “Es valioso destacar que en todo este proceso se han vinculado las diferentes generaciones, donde unos nos vemos reflejados con los otros”, afirma Waitotó.
Entre las historias que conserva de sus 10 años como bibliotecaria está la de una niña que llegó al municipio con su familia después de ser víctima del desplazamiento forzado. Participaba con puntualidad en la primera versión del programa “Pizarro lee en primera infancia”. Una tarde, cuando Nayely iba camino hacia la biblioteca, la niña se le aferró a una pierna y rompió en llanto, como si alguien le estuviera arrancando de su refugio. Quería irse con la bibliotecaria, pero uno de sus hermanos le pedía que regresara porque sus padres no estaban en casa para darle permiso. La niña se devolvió y al rato apareció en la biblioteca, esta vez con autorización.
Días después, el padre de la pequeña llegó a preguntar cómo podía llevar libros prestados a casa. “La niña ahora quiere que le estén leyendo, la niña quiere leer”, le dijo. Nayely se conmovió y entendió entonces que el interés de la niña era ahora el interés de su familia. “La verdad que los procesos trascienden y van mucho más allá de lo que nosotros muchas veces nos imaginamos, cómo estamos transformando vidas, cómo estamos generando espacios seguros para nuestras comunidades (…) Noté que el proyecto estaba haciendo su efecto”, recuerda.
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Anécdotas como las que va soltando Waitotó Salas en sus relatos permiten dimensionar la importancia de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP) y las Bibliotecas Rurales Itinerantes (BRI) para las comunidades, que hoy parecen encontrarse en medio de una sensación de abandono.
Al cierre de esta edición impresa, ni el Ministerio ni la Biblioteca Nacional, bajo la dirección de Julia Daza, se habían pronunciado sobre las bibliotecas afectadas por el sismo. Según un primer informe de la Biblioteca Nacional y la RNBP, con corte al 21 de agosto, eran 99 las bibliotecas afectadas, de las cuales 62 estaban cerradas. Sin embargo, este sábado 14 de noviembre, esa cartera informó que son 14 las bibliotecas que todavía no abren sus puertas.
El nuevo reporte se conoció en medio de los cuestionamientos del sector y del colectivo Medio Pan y un Libro, que había alertado sobre el silencio institucional y la falta de claridad sobre el estado de estos espacios.
Una fuente que contactó este diario, y que pidió reserva de su identidad, asegura que ese primer informe, elaborado antes de la llegada de Daza a la dirección, fue puesto en su conocimiento durante el empalme, pero que "simplemente guardó silencio sobre la situación".
Si bien la cifra de bibliotecas cerradas es ahora menor, los números no alcanzan a mostrar lo que supone para un territorio quedarse sin su biblioteca. "Una biblioteca cerrada en un municipio es el 100 % de las bibliotecas cerradas en ese municipio. Es decir, es toda una comunidad que no tiene acceso a una biblioteca", advierte otra de las fuentes consultadas.
Sandra Suescún, quien durante 14 años coordinó la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y presentó su renuncia un mes después de la llegada de Daza a la dirección de la Biblioteca Nacional, conoce bien lo que un espacio como estos puede hacer en una comunidad, las heridas que ayuda a sanar y las puertas que abre.
A lo largo de la historia del país, las bibliotecas, en todas sus dimensiones (públicas, comunitarias, populares, rurales e itinerantes), han sido fundamentales para que las poblaciones afronten situaciones de crisis, afirma Suescún. Desde el conflicto armado hasta las emergencias sociales, de salud y de fenómenos naturales, estos lugares han asumido una vocación de servicio. “Se han convertido en la primera línea de atención ante estas situaciones para las comunidades, con un especial énfasis en los niños, las niñas y los jóvenes”, agrega.
Durante la pandemia, recuerda, las bibliotecas públicas fueron de los primeros servicios que salieron a la calle a llevar libros y hacer lecturas en voz alta. Y en medio del conflicto armado, muchas han sido los únicos servicios públicos estatales capaces de llegar a las zonas más alejadas del país.
En esos territorios, donde la guerra arrincona a los jóvenes y su cotidianidad está atravesada por fusiles y disputas que no les pertenecen, las bibliotecas pueden mostrarles que hay más realidades posibles. “Para un joven, una biblioteca es la posibilidad de reconocer que la realidad que tiene cercana no es la única realidad que existe. El contexto en el que tú estás inmerso no son los límites de las posibilidades que tienes como ser humano, ni de las posibilidades que tienes de pensar y proyectar un proyecto de vida. Yo creo que las bibliotecas permiten a los jóvenes y a los niños reconocer que existen otras dimensiones de la vida y del mundo que son viables. Si los jóvenes no tienen esta posibilidad de estos espacios, lo único que les queda es la guerra y el conflicto como escenario y posibilidad”, explica Suescún.
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Juan Carlos Medina Moreno, bibliotecario municipal de Calarcá (Quindío), donde la biblioteca sufrió algunas afectaciones por el terremoto, recuerda que la Red Nacional de Bibliotecas es “el sistema cultural más grande que tiene el país”, como lo ha dicho Sandra Suescún. Por ley, agrega, cada municipio tiene una biblioteca, y eso es “garantía de trabajo” para quienes la sostienen.
Por eso, le preocupa que esa red hoy esté golpeada y también que lo estén las BRI. En Calarcá la biblioteca municipal no cerró, pero la Biblioteca Rural Itinerante, por ejemplo, perdió buena parte de su mobiliario y de sus libros, y funciona “con lo mínimo”, según cuenta el bibliotecario. Hay además bibliotecas cerradas porque las administraciones no renovaron los contratos de sus bibliotecarios por cuenta de la emergencia, y no hay garantía de que los contraten este año. Sin sede, explica, a los bibliotecarios les toca hacer itinerancia en calles, parques y colegios, pero para garantizar los diez servicios bibliotecarios que establece la Ley de Bibliotecas Públicas necesitan un espacio físico.
Para Medina Moreno, mirar hacia las bibliotecas es urgente porque no hay lugar más democrático en su territorio que la biblioteca pública. “Aquí no se le niega el acceso a ninguna persona. Todos tienen derecho a participar y pueden leer lo que quieren. Aquí a nadie se le impone que solo se puede leer esto o lo otro”. Por eso, en medio del silencio institucional, advierte que la mayor preocupación de un bibliotecario en este momento de incertidumbre es perder esos espacios y “que la biblioteca pase a ser un elemento secundario y se vuelva simplemente un anaquel de libros donde no va la gente”.
"El ministerio ha concentrado todos sus esfuerzos en los BIC"
La Ley 1379 de 2010 establece que la coordinación de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas está a cargo del Ministerio de Cultura por intermedio de la Biblioteca Nacional, y le asigna a esa cartera la función de “establecer un sistema de información para la toma de decisiones que permita orientar las políticas, la planeación, el seguimiento y la evaluación de la Red”.
En ese contexto, según una de las fuentes consultadas, la información sobre el seguimiento de las bibliotecas debería ser de carácter público. “El primer reporte de las bibliotecas afectadas por el terremoto se hizo público por el interés de la ciudadanía en conocer lo que estaba ocurriendo y por la necesidad de que las autoridades de los municipios, los departamentos y el orden nacional atendieran esta realidad, dado que la ley establece que la Red Nacional es un proyecto en el que tienen competencia los tres niveles territoriales. El Ministerio ha concentrado todos sus esfuerzos en los bienes de interés cultural (BIC)”, sostiene.
El pasado 10 de noviembre, por ejemplo, esa cartera anunció la aprobación de USD 551.123 en recursos de cooperación internacional durante los primeros tres meses del Gobierno de Abelardo De la Espriella para cuatro proyectos de recuperación y protección del patrimonio cultural afectado por el terremoto. El anuncio no hizo referencia a la recuperación de bibliotecas ni a otros espacios que no sean BIC.
En medio de esa situación, el colectivo Medio Pan y un Libro había pedido a la Biblioteca Nacional y al Ministerio publicar un diagnóstico actualizado sobre el funcionamiento de las bibliotecas públicas y las Bibliotecas Rurales Itinerantes, así como planes de recuperación para los espacios afectados o cerrados, como los que hoy se empiezan a anunciar. También reclamó acompañamiento técnico, formativo y financiero permanente, y garantías para que los niños y las comunidades no pierdan sus espacios bibliotecarios. “No basta con abrir una sala infantil en Bogotá. ¡Necesitamos bibliotecas dignas en todo el país!”, señaló en su pronunciamiento.
El bibliotecario Medina Moreno habla de una sensación de orfandad. Cuenta también que no ha habido mucha comunicación desde la Biblioteca Nacional. A veces reciben llamadas de funcionarios de la institución que les preguntan ¿cómo están?, ¿qué les pasó? Luego, al cabo de un tiempo, reciben otra llamada con esas mismas preguntas. "Desde que hubo cambio en la dirección, lo que hemos recibido son esas llamadas, pero nunca compromisos reales", señala.
Esa comunicación que se siente algo distante se hizo más evidente con la salida de Suescún. El bibliotecario cuenta que nadie les informó de su renuncia y que se enteraron por una publicación que ella misma hizo a través de redes sociales. Hasta entonces, recuerda, mantenían un contacto casi directo con la coordinadora de la RNBP. "Después de que salió ella de la Biblioteca Nacional, la verdad, la comunicación ha sido muy mínima, casi nula. No responden correos. Nosotros hemos escrito constantemente a los canales oficiales, hemos presentado derechos de petición y solicitudes de información y, hasta el momento, no hemos tenido ninguna respuesta. La verdad hay mucha incertidumbre desde el territorio frente a qué va a pasar con la Red Nacional de Bibliotecas. No hay garantías para solucionar los problemas más urgentes", asegura.
El vacío que deja Sandra Suescún
Cuando se pregunta por lo que deja la salida de Suescún en el sector bibliotecario, una palabra aparece con frecuencia: “vacío”. Lo dicen en el sentido estricto del cargo que queda libre tras 14 años, pero también como una ausencia en la coordinación que ahora alguien tendrá que llenar en medio de la incertidumbre que atraviesa el sector.
Una de las fuentes consultadas por El Especador advierte que la decisión sobre quién llegará a ese cargo está ahora en manos de la directora Daza. “Y creo que la decisión se va a tomar desde un lugar muy vulnerable dado que quien hoy ocupa el cargo de la dirección no es una persona técnica ni del sector. Esto puede implicar que no reconozca la importancia de que quien llegue ahí tenga la suficiente robustez y trayectoria para acompañar un proceso tan sensible, tan delicado en términos de la construcción del tejido que se ha logrado realizar desde el nivel territorial hasta el nivel nacional”, señala.
La inquietud también apunta a las primeras señales de la gestión de Daza. Según advierte la fuente, el énfasis que la directora ha puesto en lo digital, la gestión de alianzas y la obtención de resultados inmediatos podría terminar pesando más que el conocimiento de las realidades territoriales y de la historia de las bibliotecas públicas en Colombia.
Hace dos semanas hubo una muestra de ello, cuando el ministerio anunció la iniciativa “Memoria que conecta” como una oportunidad para fortalecer la RNBP y las BRI. Según escribió la cartera en un comunicado del 29 de octubre, se trata de un programa “que conecta a Colombia con una red internacional de 89.000 bibliotecas en 115 países y contenidos en 60 idiomas, mediante la plataforma OverDrive y su aplicación Libby”. La medida fue criticada como una muestra de desconocimiento de lo que ocurre en los territorios donde quedan esas bibliotecas y donde muchas veces no hay conectividad o el acceso a la electricidad es irregular. A esto se suman las condiciones de violencia que imponen los grupos armados en algunas regiones.
Frente a esas realidades, la pregunta por quién cuidará las bibliotecas es entonces la pregunta por quién cuidará a las comunidades que las han hecho suyas. Desde Bajo Baudó, Nayely Waitotó dice que “la biblioteca es cada persona, cada individuo de la comunidad que la visita”.
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Cesar(uyih4)•15 de noviembre de 2026 – 08:10Excelente artículo. Gracias. Este programa cultural es de capital importancia. Le pido a El Espectador hacerle seguimiento al destino de las bibliotecas y el programa y tejido social que han construido.