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Tras la captura de Néider Yesid Uñates López, alias “Primo Gay”, la Defensoría del Pueblo pidió a las autoridades prevenir posibles retaliaciones, nuevas confrontaciones y desplazamientos forzados que afecten a la población civil de Briceño.
El hombre fue detenido este sábado 14 de noviembre en la vereda Santa Ana, en zona rural del municipio. Aunque en el comunicado de las autoridades fue presentado como uno de los jefes del frente 36 de las disidencias de las Farc, al mando de alias “Calarcá Córdoba”, desde agosto el hombre pertenecería a las filas del Clan del Golfo. Así lo confirmaron fuentes del Ejército a El Espectador.
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Para la entidad, la captura es un paso fundamental para la protección de las comunidades que viven en riesgo permanente y enfrentan graves vulneraciones de sus derechos por el control territorial de la subestructura 5, que lideraba Uñates López. Sostuvo que su investigación, eventual judicialización y sanción por los hechos que se le atribuyen hacen parte de la garantía de los derechos de las víctimas y que brindar seguridad a las comunidades exige la acción de la justicia.
Sin embargo, la Defensoría aclaró que la detención no supone, por sí misma, la superación de los peligros que enfrentan los habitantes del municipio. Por eso, consideró “indispensable mantener y fortalecer las medidas de prevención y protección de la población civil, por lo que exhortamos a seguir avanzando de la mano de una respuesta institucional integral y sostenida que atienda las necesidades de las comunidades”.
La entidad recordó que en la Alerta Temprana de Inminencia 019 de 2025 ya había advertido sobre la grave situación humanitaria en Briceño. El documento relaciona este escenario de riesgo con las confrontaciones entre el frente 36, las Guerrillas Campesinas Los Cabuyos, grupo que se separó de las disidencias, y el Clan del Golfo.
A este mapa criminal también se suma el frente 18 de las disidencias de las Farc, que ahora opera bajo el mando y con los recursos del Estado Mayor Central (Emc), de alias “Iván Mordisco”.
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Según la alerta, las comunidades enfrentan amenazas, homicidios, desplazamientos forzados, confinamientos, reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, presencia de minas antipersonal y restricciones a la movilidad. También se advierte sobre la imposición de normas de conducta por parte de los grupos armados y los riesgos que corren líderes comunitarios, docentes, estudiantes y familias campesinas.
Asimismo, los periodistas también enfrentan estos riesgos. Uno de los crímenes que se le atribuyen presuntamente a alias “Primo Gay”, cuando estaba al frente de la subestructura 5, es la orden de asesinar a Mateo Pérez Rueda. El comunicador, de 25 años, era director del medio El Confidente, de Yarumal, y cubría los enfrentamientos entre grupos armados y el Ejército, así como el desplazamiento forzado en el norte de Antioquia.
El pasado 5 de mayo, Matero Pérez salió en moto hacia la vereda Palmichal, en Briceño. Fue la última vez que su familia supo de él. Quien habría cumplido la orden de matarlo fue alias “Víctor Chalá”, quien presuntamente lo interrogó y revisó su celular, donde habría encontrado un chat con un integrante del Ejército.
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Alias “Víctor Chalá”, hoy capturado e imputado por el homicidio, habría acusado al periodista de colaborar con la fuerza pública y le habría disparado para obligarlo a entregar información. Ante su negativa, habría ordenado cavar un hueco y asesinarlo. Días después, el pasado 8 de mayo, una comisión humanitaria recuperó el cuerpo, pero el celular y los documentos del periodista no aparecieron.
Con base en estos y otros antecedentes de violencia, la Defensoría recomendó fortalecer la protección de los liderazgos comunitarios, prevenir el reclutamiento de menores y adoptar medidas frente a los riesgos asociados con las minas antipersonal y otros artefactos explosivos. También insistió en hacer un seguimiento permanente a la situación de seguridad para evitar retaliaciones, nuevas confrontaciones y desplazamientos que agraven las afectaciones contra la población civil.
Además, pidió al Gobierno nacional, a la Gobernación de Antioquia y a la Alcaldía de Briceño que refuercen de manera articulada las medidas de prevención y protección, implementen las recomendaciones de la Alerta Temprana 019 de 2025 y vigilen de forma permanente las condiciones de seguridad de las comunidades.
A las demás autoridades competentes les solicitó adoptar medidas oportunas y verificables frente a posibles retaliaciones, nuevas confrontaciones y desplazamientos forzados, así como garantizar la atención de las familias afectadas, sin esperar a que se presenten nuevas vulneraciones de derechos humanos.
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