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Opinión: El Principito y la rosa más importante: 20 años cuidando la infancia en Colombia

Uno de los testimonios más conmovedores que he conocido, tras más de veinte años de trabajo con niñas, niños y adolescentes, provino de una niña de ocho años víctima de violencia que se encontraba bajo protección en Aldeas Infantiles. En una breve nota escribió: “Mi mamá no me ama, mi mamá no me mima, mi mamá no me mira…”

Fidel Alejandro Ruiz Caicedo
“El principito” fue publicado en 1943.
“El principito” fue publicado en 1943.
Foto: Archivo particular

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Este mes de noviembre se cumplen veinte años de la expedición de la Ley de Infancia y Adolescencia en Colombia, un instrumento fundamental para la protección y garantía de los derechos de la niñez. Esta norma introdujo un cambio profundo que toda la sociedad debe comprender e interiorizar: reconocer a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, esto significa que son personas con la misma dignidad humana que los adultos y que, por tanto, merecen respeto, protección y oportunidades para desarrollar plenamente sus capacidades.

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A muchos lectores puede parecerles innecesaria esta aclaración, sin embargo, basta observar nuestra realidad para comprender que aún no hemos asimilado plenamente este principio. Todavía en muchas familias se considera legítimo golpear a los hijos, impedirles expresar su opinión, no creer en su palabra o imponerles decisiones sin consideración por sus necesidades. Peor aún, muchos niños siguen soportando situaciones de violencia y abuso en silencio.

Las cifras muestran con crudeza esta realidad. El informe internacional Out of the Shadows 2026 ubica a Colombia en el octavo lugar del mundo y en el segundo de América Latina entre los países con mayor incidencia de delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. A su vez, Medicina Legal reportó en Forensis 2024 cerca de 50 casos diarios de violencia sexual contra menores de edad.

A ello se suma que, cada día, dos menores de edad son víctimas de homicidio, veintiocho sufren lesiones personales o maltrato infantil y, en promedio, entre uno y dos niños, niñas o adolescentes son víctimas de reclutamiento por parte de grupos armados.

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Todo esto nos recuerda una de las enseñanzas más poderosas de El Principito: “Lo esencial es invisible a los ojos”. Es invisible porque, como sociedad, con frecuencia perdemos de vista lo que verdaderamente importa: la dignidad, la protección y los sueños de cada niña, niño y adolescente.

Para lograr que esa dignidad sea respetada y que los sueños de cada niño puedan florecer, dicha Ley consagra un conjunto de derechos y principios que orientan la actuación del Estado, la familia y la sociedad.

El propósito de esta columna no es ofrecer una explicación jurídica de la norma, sino recordar que su verdadero sentido consiste en construir una cultura que garantice el cuidado, la protección y el desarrollo integral de la infancia.

Sin embargo, los avances alcanzados no pueden ocultar una realidad preocupante: Los niños, niñas y adolescentes continúan siendo uno de los grupos poblacionales más vulnerados del país, la violencia, el abandono, la explotación, la pobreza y la discriminación siguen afectando sus vidas porque, como sociedad, todavía no hemos logrado consolidar las barreras de protección que ellos demandan y merecen.

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Precisamente para fortalecer esas barreras, esta Ley establece mecanismos de apoyo a las familias y asigna responsabilidades concretas a las entidades que integran el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, esto porque la protección de la infancia no puede recaer exclusivamente sobre una persona o una institución; como señala un antiguo proverbio africano, para criar a un niño se necesita todo un pueblo.

Y aquí vuelve a aparecer la metáfora de El Principito: Así como el protagonista comprendió que debía cuidar su rosa porque era única, también nosotros debemos entender que cada niño, niña y adolescente es irrepetible, todos necesitan amor, afecto, orientación, comprensión y cuidado. Por ello, la ley incorpora el principio de corresponsabilidad, que compromete simultáneamente al Estado, la familia y la sociedad en la garantía de sus derechos.

El camino para disminuir las violencias que afectan a la niñez comienza, en gran medida, dentro de nuestros propios hogares. La experiencia ha demostrado que muchos niños víctimas de violencia comparten una característica común: se sienten invisibles. Son hijos e hijas que no encuentran escucha, atención o acompañamiento suficiente por parte de los adultos responsables de su cuidado.

Si el Principito nos preguntara hoy: ‘¿Quién cuida a los niños de este país? podríamos responder que existe una Ley de Infancia y Adolescencia que orienta esa tarea, sin embargo, las cifras también nos obligan a reconocer que la sociedad aún tiene una enorme deuda con ellos, esto ante los altos niveles de violencia, abandono, reclutamiento y discriminación, también continúan las dificultades para acceder a servicios de salud y educación de calidad y todavía son insuficientes los espacios para que niños, niñas y adolescentes hagan oír su voz.

El cuidado y la protección de la infancia no son favores ni privilegios, son derechos que deben garantizarse no solo en las leyes y los discursos, sino también en las decisiones cotidianas de cada familia, cada comunidad y cada institución.

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El balance de estas dos décadas muestra avances importantes, pero también desafíos urgentes. La tarea está lejos de concluir y quizás el mejor horizonte siga siendo el que alguna vez sintetizó Oscar Wilde: “Si quieres ciudadanos buenos, cría niños felices”.

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Por Fidel Alejandro Ruiz Caicedo

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