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La situación de seguridad y orden público en la región de Catatumbo (Norte de Santander) sigue siendo crítica. Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo, que en la mañana de este 22 de noviembre emitió un pronunciamiento en el que alertó por el agravamiento del conflicto armado en esa zona del país y el riesgo de una crisis humanitaria por la violencia ejercida por los grupos ilegales. Al tiempo, la entidad emitió una alerta temprana sobre ataques con drones en zonas rurales del municipio de Sardinata.
En el pronunciamiento de cinco páginas, la entidad dirigida por Iris Marín Ortiz señala que durante los últimos días los habitantes de los municipios que hacen parte de Catatumbo, especialmente Tibú, han vivido "situaciones de extrema gravedad que están acrecentando el sufrimiento de la población civil" y que también han afectado a la fuerza pública y a funcionarios de Estado.
"La violencia sostenida, la estigmatización y la intimidación están impactando la acción humanitaria de la Defensoría del Pueblo y de otros actores humanitarios, así como a personeros municipales, especialmente el de Tibú", señaló la entidad. Agregó que en los últimos meses ha sido evidente el incremento del reclutamiento forzado de menores y los crímenes contra la población civil.
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La entidad recordó, entre otros hechos, el asesinato de una menor de 13 años que había sido reclutada forzosamente y la posterior interceptación violenta del carro fúnebre en el que trasladaban su cuerpo. También el asesinato de un joven de 19 años y los secuestros de tres uniformados de la Policía y un civil en agosto pasado. Además de múltiples ataques con drones y explosivos.
"También se han registrado ataques o interferencias a la misión médica, incremento en el uso ya recurrente de drones con explosivos, ataques a instalaciones de la Policía, la afectación de vías, bienes civiles con minas en sus cercanías, que en algunos casos han detonado afectando a la población civil y enfrentamientos entre las disidencias del frente 33 y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), desplazamientos masivos y restricciones a la movilidad", se lee en el pronunciamiento.
No se trata de un asunto nuevo. En enero de 2025, la región de Catatumbo vivió una de las crisis humanitarias más graves de las últimas décadas en el país por cuenta de los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Eln. Pese a que el pico de violencia disminuyó, durante los casi dos años que han pasado, los hostigamientos de los grupos ilegales han persistido en la región.
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La cronología de la violencia en Catatumbo
El 11 de noviembre de este año, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana de inminencia sobre dos corregimientos del municipio de Sardinata: Luis Vero y San Martín de Loba. ¿La razón? Las autoridades están preocupadas por el ingreso al territorio del frente 33 de las disidencias de las Farc, que se disputa a sangre y fuego el control de la región contra la guerrilla del Eln.
Según la información recopilada por la Defensoría del Pueblo, solo entre el 12 y el 21 de noviembre, los nueve días posteriores a su alerta temprana, la región del Catatumbo ha vivido 17 hechos violentos. El 12 de este mes, un ataque con drones cargados con explosivos dejó a cuatro militares muertos y cinco heridos en Barco La Silla, en zona rural de Tibú. Ese mismo día, un ataque similar dejó a tres civiles heridos en la vereda Filo Gringo, de El Tarra.
El día siguiente, el 13 de noviembre, un ataque con explosivos contra una vivienda en El Tarra dejó a cinco personas heridas, entre ellas un adolescente y una bebé de un año y siete meses de nacida. Los ataques con drones en ese municipio se prolongaron hasta el día siguiente. El 15 de noviembre, de nuevo en Sardinata, drones cargados con explosivos sobrevolaron el sitio en el que se realizaba un bazar comunitario. Hubo cuatro detonaciones, dos de las cuales afectaron el Hospital San Martín y la Casa Campesina.
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De nuevo en la vereda Filo Gringo, de El Tarra, el 16 de noviembre hubo un ataque armado contra la vivienda de un líder social y dos mujeres de 18 y 20 años fueron secuestradas en la vía entre Tibú y Cúcuta. Estuvieron tres días privadas de la libertad. El 17 de noviembre, un campesino resultó herido en Sardinata por la activación de un artefacto explosivo.
El 18 de noviembre, hubo enfrentamientos entre grupos armados en la vereda La Angalia, de Tibú, y ataques con drones en el corregimiento de Luis Vero, en Sardinata. Según la Defensoría del Pueblo, hubo al menos nueve detonaciones de explosivos a solo 50 metros de distancia de una institución educativa. Las comunidades también denunciaron que escucharon disparos en el corregimiento de Guamalito, en El Carmen, y un ataque con drones destruyó una vivienda en Pacelli, en Tibú.
El viernes pasado, el 20 de noviembre, hubo un ataque con explosivos lanzados desde drones en Filo Gringo, en El Tarra, en el que resultó herida una niña de dos años. En Tibú hubo dos atentados más de ese tipo, que dejaron a dos personas heridas, un civil muerto y provocaron el desplazamiento de 57 personas que hacen parte de 27 familias. Ese mismo día se denunció la desaparición de un comerciante de Hacarí, en la vía entre Ocaña y Cúcuta. Hasta la fecha no hay noticias de su paradero.
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Y ayer, sábado 21 de noviembre, un explosivo lanzado desde un dron en horas de la madrugada cayó sobre una vivienda en la verdad La Paz, de El Tarra. Por fortuna, no hubo personas heridas, pero sí graves daños materiales. Esta cronología de la violencia ha dejado, en solo diez días, cinco personas muertas, 17 heridas y tres personas secuestradas, dos de las cuales ya fueron liberadas.
"Todas estas situaciones han generado o pueden generar desplazamientos forzados y restricciones para la movilidad de las personas que habitan en Catatumbo. Adicionalmente, en la última semana, la Defensoría del Pueblo ha recibido señalamientos, intimidaciones y hostigamientos a sus equipos en terreno", señaló la entidad sobre hechos atribuidos especialmente a la guerrilla del Eln.
Según la entidad dirigida por Iris Marín Ortiz, la defensa de derechos humanos está en riesgo en la región por cuenta de los hostigamientos de los grupos al margen de la ley. "Estas expresiones de estigmatización hacia los organismos que desarrollan labores humanitarias incrementan los riesgos para nuestros equipos, comprometen las condiciones necesarias para el ejercicio de nuestra labor y pueden obstaculizar el acompañamiento a las comunidades afectadas por el conflicto armado", dijo la Defensoría.
Y agregó: "Reiteramos que todos los actores armados deben respetar la labor humanitaria, abstenerse de realizar señalamientos, amenazas o actos de intimidación y garantizar condiciones seguras para el acceso a los territorios y la atención de la población civil. Estos hechos, de responsabilidad de grupos armados ilegales presentes en la zona, se enmarcan en los cambios de la política de seguridad adoptada por el nuevo Gobierno", agregó el pronunciamiento de la entidad dirigida por Iris Marín Ortiz.
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El llamado urgente de la Defensoría del Pueblo
A esa cronología de hechos de violencia expuestos por la Defensoría del Pueblo se suma la preocupación por las necesidades humanitarias de las comunidades afectadas por la arremetida violenta: "Las actitudes hostiles y restricciones por parte de grupos armados ilegales dificultan nuestro trabajo en el territorio e infringen el Derecho Internacional Humanitario (DIH), comprometen la seguridad de quienes adelantamos labores humanitarias y tienen como consecuencia la desprotección de las comunidades.
La entidad fue contundente en señalar que "la acción humanitaria no puede convertirse en una víctima más del escalamiento del conflicto". Y exigieron a los grupos ilegales que cesen las agresiones contra la población civil, respeten el DIH, liberen a los secuestrados, le pongan freno al reclutamiento de menores y respeten las garantías de las misiones humanitarias en la región.
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En esa línea, la Defensoría le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que, en el marco de los cambios de su política de seguridad, fortalezca también sus medidas de protección de los derechos de las comunidades. "El Estado tiene la facultad y el deber constitucional de garantizar la seguridad, enfrentar a los grupos armados ilegales y recuperar el control del territorio. Sin embargo, insistimos en que una respuesta centrada en la acción militar, sin medidas suficientes y simultáneas de prevención, protección y atención humanitaria, puede terminar agravando las condiciones de vida de las personas", señaló la entidad.
La Defensoría del Pueblo insistió en que la respuesta del Estado debe ser "integral, articulada y sostenida". Y agregó: "Las recomendaciones están formuladas. Es urgente implementarlas". Y concluyó que la presencia estatal en regiones de especial complejidad como Catatumbo "no puede reducirse a las operaciones de la fuerza pública. Debe expresarse también en el acceso a la justicia, la educación, la salud, la protección de la infancia, la intención de reparación a las víctimas, las alternativas económicas para las comunidades campesinas, la implementación del Acuerdo de Paz y el fortalecimiento de las instituciones locales".
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