Existen cinco herramientas y políticas públicas que acompañan los procesos de desarrollo rural sostenible en el campo en Colombia y que requieren de una mayor integración y sinergia para mejorar su impacto en el campo y los campesinos. Se trata de las apuestas por la comercialización, autogestión, asociatividad, Negocios Verdes y las Líneas Especiales de Crédito.
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En el marco del programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial II (DRET II) de la Unión Europea (UE), la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en alianza con la Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local de Colombia (Red Adelco) se realizó el encuentro Regional para la Generación de Ingresos y la Producción Sostenible, con el objetivo de presentar las mejoras y el fortalecimiento de cinco instrumentos de política que son fundamentales para la inclusión de la agricultura familiar campesina: comercialización, autogestión financiera, asociatividad, Negocios Verdes y, un componente adicional, las Líneas Especiales de Crédito (LEC).
En el evento estuvieron presentes varias Agencias de Desarrollo Económico Local (ADEL) como Zapatosa de Valledupar, la Adel Brut del Norte del Valle del Cauca, la Adel Urabá Darién Caribe, la Adel Dinosaurios del Alto Ricaurtey la Adel Nariño; así como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la agencia de desarrollo rural y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Estos fueron los cinco ejes temáticos que se presentaron durante el evento:
Comercialización agroalimentaria
La comercialización de productos agropecuarios sigue siendo uno de los cuellos de botella para la agricultura familiar campesina. Entre las principales causas se pueden mencionar: la falta de información a favor de la transparencia e inteligencia de mercados, la necesidad de mejorar la conectividad territorial de los actores, innovando en esquemas agrologísticos de base social y circuitos alimentarios funcionales; la inequidad en algunas cadenas y mercados concentrados, donde los campesinos obtienen entre el 5 y 15% del total del precio final; la falta de agregación de valor en origen y de esquemas asociativos de oferta y demanda que permitan la configuración de sistemas territoriales de comercialización, entre otros. Todo ello obliga a la necesidad de pensar en sistemas territoriales de comercialización e intrumentos de política con recursos suficientes para atender las problemáticas que enfrenta la agricultura familiar campesina, indica Marcos Rodriguez Fazzone, Especialista de Agricultura Familiar y Mercados Inclusivos de la FAO.
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Parte de la solución es mejorar la eficiencia y la escala de los instrumentos existentes, como los modelos y herramientas que la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) ofrece para prestar Servicios de Apoyo a la Comercialización. “A través de este enfoque se quiere entender y gestionar quién es y dónde está el mercado y cómo funciona la demanda, qué necesita y qué tendencias existen para garantizar mejores mecanismos de compra y consumo. Todo esto tiene que ver con la recopilación de información”, menciona Carlos Alberto Cáceres, especialista en Gerencia de Mercadeo y Sistemas Gerenciales de Ingeniería.
El objetivo del modelo es mejorar las condiciones para la comercialización de productos agropecuarios de las organizaciones de pequeños productores rurales. Para eso se cuenta con 16 metodologías o guías que operan con cuatro enfoques: metodologías de valoración de las capacidades asociativas de comercialización, encadenamiento comercial, circuitos cortos y gestión de la información. Las 16 metodologías, así como los cuatro enfoques, están disponibles en la página web de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR). “Comercializar es gestionar información para entender a la demanda y que las organizaciones desarrollen habilidades para gestionar la información”, puntualiza Cáceres.
Asociatividad rural productiva
La asociación es la llave de la inclusión, de acuerdo con Yalena Granja, trabajadora social y experta en temas de desarrollo y economía social, en Colombia existen instrumentos suficientes de política pública que le apuestan al desarrollo rural y la asociatividad productiva. Por ejemplo, para las organizaciones de productores que están iniciando hay 34 ofertas puntuales; para las que están en la etapa de desarrollo hay 37 y para las que ya han alcanzado experiencia 28. “El 44% de la oferta misional de las entidades de gobierno está dirigida al proceso de vida o de desarrollo productivo de las organizaciones’', añade la experta. El principal reto es el de organizar la oferta de apoyos y conectarlos con objetivos más ambiciosos y transformadores.
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Para conocer más sobre la oferta relaciona con estos procesos, el Programa DRET II trazó una ruta nacional de asociatividad rural productiva (RNARP), como camino para que las organizaciones en la ruralidad puedan conocer la oferta pública de las entidades del gobierno central y poder acceder a ella. Actualmente se encuentra en revisión con los nuevos mandatarios.
Negocios Verdes
En conjunto con el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura se construyó una estrategia para el fortalecimiento, promoción y comercialización de los Negocios Verdes en la categoría de bienes y servicios provenientes de los recursos naturales del sector de los agrosistemas sostenibles.
Entre los resultados que presentaron en el evento está la creación de dos hojas de ruta, una para el fortalecimiento de los sistemas de producción agroecológicos y otra para la certificación de productos ecológicos que permite generar sellos a los alimentos; además de un plan de promoción, sensibilización y concientización de consumo verde. “También quisimos analizar y producir recomendaciones a los encadenamientos productivos y la comercialización”, dice Claudia Mesa, asesora de emprendimientos rurales.
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Lo fundamental de los Negocios Verdes es llegar a los acuerdos comerciales con fichas técnicas, precios justos y esquemas de trazabilidad, explica Gustavo Vargas, consultor en gobernanza para entidades del sector ambiente. Su objetivo es fomentar la producción agroecológica que tiene como base la exclusión de productos de síntesis química, de organismos genéticamente modificados y el uso de especies invasoras.
“Buscamos incrementar la eficiencia de las prácticas convencionales y abandonar la dependencia de productos externos. Además, queremos incentivar la producción agroecológica que busca incrementar la productividad, la biodiversidad y la eficiencia energética, al tiempo que reduce la generación de residuos. Todo esto para después establecer relaciones entre quiénes producen y consumen alimentos”, dice Vargas.
Según los expertos, después del relacionamiento entre productores y consumidores, llegan los sistemas participativos de garantía (SPG) y la cultura de sustentabilidad. De esta forma se pretende construir un sistema agroalimentario que garantice la seguridad alimentaria y nutricional, con dietas balanceadas basadas en productos locales, valorizando los atributos del territorio y la cocina tradicional.
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“Este evento refleja el centro del programa DRET II. Dentro de lo que estamos haciendo entre todos está el enfoque territorial basado en la agroecología y en la sostenibilidad sea del punto de vista ambiental, social y económico y cómo estos tres componentes se pueden unir”, concluyó Furio Massolino, director del programa DRET II.
Líneas Especiales de Crédito (LEC)
El crédito agropecuario y rural para los productores es un mecanismo creado por ley para promover las actividades agropecuarias. Se trata de un crédito de fomento que brinda liquidez al sistema financiero para que acompañen las actividades productivas, de transformación y comercialización en el campo.
“Es un mecanismo que concede garantías para respaldar a los productores cuando no son idóneos para acceder a un crédito. Además, se subsidian las tasas de interés para que el productor acceda a bajos costos”, explica Diego Bolivar, consultor de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS). Para el sector agropecuario existen diez Líneas Especiales de Crédito en las categorías de emprendimiento y equidad. Para conocer los requisitos de acceso y tener más información, se debe ingresar a la página web del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro).
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Uno de las acciones inminentes es conectar de manera sinergica y complementaria la lineas de crédito con la asistencia técnica, especificamente con los sistemas de extensión. La posibilidad de condicionar ambos instrumentos, como ocurre con el programa PRONAF en Brasil, se convierte es un esquema que mejora la sostenibilidad de los sistemas productivos y la capacidad de pago de los agricultores familiares.
Fondos Autogestionados
Actualmente, se estima que en el mundo hay más de 10 millones de personas que ahorran a través de grupos autogestionados de ahorro y crédito, asegura el Ministerio de Agricultura. Colombia adoptó esta metodología a partir de un proyecto internacional que se desarrolló en una zona rural del distrito de Guidan Roumji (Nigeria). Se trató del proyecto “MATA MASU DUBARA” de CARE para apoyar mujeres, que tenía como objetivo que grupos de hasta 30 mujeres se reunieran semanalmente, ahorraran su dinero y pensaran en el acceso a crédito.
Esta metodología ha sido promovida desde hace más de 25 años en países de Asia y África con el apoyo de organismos de cooperación internacional, dice el Ministerio de Agricultura. En Colombia se conoce como Fondos Autogestionados, que funcionan como una herramienta de ahorro y crédito administrada directamente por los asociados de una organización para financiar sus actividades productivas y comerciales.
Uno de los trabajos que se vienen desarrollando desde los Fondos Autogestionados es capitalizar las experiencias acumuladas. Además de visibilizar la importancia de la educación y la inclusión financiera en los procesos de crecimiento empresarial como una estrategia de sostenibilidad y de capital social.
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“Los enfoques de desarrollo productivo y organizacional son apuestas más amplias que el acceso a crédito es el uso de nuevas tecnologías y la reducción de la dependencia frente a recursos y apoyos externos. Consiste en movilizar recursos endógenos para ponerlos al servicio de los productores locales y sus necesidades. Son herramientas que se acoplan a las realidades de los territorios”, dice Carlos Madridejos, experto en asistencia técnica y evaluación de proyectos.
En resumen, el objetivo de los Fondos de Autogestión consiste en una educación financiera práctica. Es decir, que las organizaciones sean capaces de movilizar recursos, de acceder a préstamos, de gestionar créditos de manera independiente y de aprender sobre las nuevas tecnologías.
Como conclusión general de todas las experiencias presentadas, en el encuentro se recalcó la importancia de continuar trabajando en el proceso de “territorializar” las políticas, instrumentos y metodologías que favorecen una comercialización más eficiente, integrando a los territorios y a los actores bajo esquemas colaborativos. Con esta premisa y la de promover la integración de esquemas agrícolas y ambientales, es que sigue trabajando el programa DRET II de UE, AICS y FAO en alianzas con las entidades de gobierno y la sociedad civil, pues el desafío, además de lograr el fortalecimiento de estos instrumentos, es lograr que trabajen sinérgicamente para el mayor beneficio de los productores.