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El dantesco y ahora cada vez más extremo fenómeno de El Niño mantiene en alerta al país. Disminución de lluvias y sequías, incendios forestales, impacto en la seguridad alimentaria, riesgo de apagón y disminución de los caudales de ríos y quebradas, embalses y reservorios son algunas de las implicaciones registradas desde su declaratoria en junio de este año.
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Pero el escenario podría ponerse peor. El 3 de septiembre, la máxima autoridad global en ciencia climática, la Organización Meteorológica Mundial (OMM), advirtió que El Niño irá hasta febrero de 2027, previamente intensificándose “hasta convertirse en un episodio muy fuerte” entre septiembre y noviembre.
Y los efectos ya se sienten. De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR el 33 % de su territorio ya afronta algún grado de desabastecimiento, ante el aumento gradual de los efectos del fenómeno de El Niño.
La situación más crítica la reportan Puerto Salgar y Viotá, quienes se declararon en calamidad pública, seguidos por Villeta, Caparrapí, Tocaima y El Colegio, categorizados en alerta roja, dado que sus empresas de servicios públicos no están en capacidad de sostener la demanda.
En alerta naranja se declararon Facatativá, Apulo, Agua de Dios, Guaduas, Cachipay y Fúquene, en Cundinamarca y Buenavista en Boyacá, los cuales hoy presentan cortes parciales de agua, y si bien aquellos ubicados al Occidente de la Sabana de Bogotá se abastecen de aguas subterráneas, las autoridades vienen adoptando medidas de uso eficiente y ahorro para evitar que esta situación se agrave.
En la cuenca baja del río Bogotá la situación no es diferente, pues los alcaldes de Anapoima, La Mesa, Anolaima y San Antonio del Tequendama declararon alerta amarilla, así como La Palma y Paime, en la región de Rionegro y Arbeláez, Granada, Venecia, Cabrera, Pandi, Tibacuy y Silvania, en la zona del Sumapaz.
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De otra parte, en la provincia de Magdalena Centro, los municipios de Bituima, San Juan de Río Seco, Pulí y Beltrán dieron cuenta de dificultades en el abastecimiento de agua para consumo humano, lo cual los ha obligado al uso de carrotanques para atender las necesidades de las comunidades en algunas veredas.
Entre tanto, el municipio de Chaguaní adoptó la medida de racionamiento en el casco urbano, con el fin de prevenir el deterioro del recurso hídrico y promover su uso racional.
Para analizar las medidas a adoptar ante la amenaza de sequía que podría aumentar en el resto de la jurisdicción, la CAR Cundinamarca activó el Comité Hidrológico. “Nuestros equipos técnicos están en campo día y noche junto a los comités de gestión del riesgo, pero aquí no hay medias tintas. El agua es para la gente. Estamos desplegando operativos inmediatos para sellar captaciones ilegales y frenar riesgos no autorizados”, afirmó el director general, Alfred Ignacio Ballesteros.
Cabe recordar que en lo corrido de 2026 la Corporación ha iniciado más de 300 procesos sancionatorios por afectaciones sobre el recurso agua, representada en captaciones sin concesión, alteración de cauce, vertimientos ilegales, ocupación y desviación de cauces, ocupación de ronda, exploración de pozos profundos sin permisos o incumplimiento de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), en algunos casos.
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