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1 Feb 2021 - 2:00 a. m.

Bogotá: el reto de no satanizar al vendedor informal

A pesar de los recientes choques que ha tenido la alcaldesa con vendedores informales, su administración busca apoyarlos, quitando la persecución policial y brindando incentivos a quienes se quieran formalizar. ¿Funcionará?
Diego Ojeda

Diego Ojeda

Periodista
Más del 60 % de los comerciantes informales en Bogotá quiere seguir trabajando en el espacio público. / José Vargas
Más del 60 % de los comerciantes informales en Bogotá quiere seguir trabajando en el espacio público. / José Vargas
Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA; El... - JOSE VARGAS ESGUERRA

La carrera séptima, en el tramo peatonal que conduce a la plaza de Bolívar, es uno de los epicentros del comercio informal en Bogotá. En sus calles se encuentra desde el que dice “lleve el vidrio templado e instalado a $3.000”, hasta el que ofrece peluches, gafas, música, artesanías y el chance, entre otras expresiones del rebusque colombiano. Para ayudarlos, el Distrito tiene en marcha un plan para apoyarlos, quitando la persecución policial y brindando incentivos a quienes se quieran formalizar. Pero ¿qué tan efectivo será?

Los vendedores que se organizan en el centro, diariamente, soportan el sol y la lluvia, que suele representar lo bipolar que es el clima capitalino. Hay quienes acostumbran combatir el frío con un tintico, como don Carlos, uno de tantos comerciantes de libros en la séptima. “No hermano, sinceramente estoy que boto la toalla”, asegura mientras mira con desánimo la literatura que exhibe en el suelo.

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“Estoy aterrado. Me estoy haciendo $10.000 diarios. Ayer me fui con $3.000 en el bolsillo”, explica, al detallar los malabares que hace para mantenerse a flote, pues todos los días, por lo menos, tiene que pagar $5.000 en Transmilenio y $3.000 en un parqueadero donde le dejan guardar los libros. Es un misterio cómo hace para mantener su hogar con $2.000 diarios y, a la vez, seguir surtiendo el negocio.

Hace una pausa para acomodarse el tapabocas, y continúa su desahogo manifestando el dilema que, asegura, viven comerciantes como él, pues hace unos años soportaron la persecución de los policías, quienes amenazaban con decomisar la mercancía si no dejaban “limpia” la séptima, pero eso sí, tenían ventas que iban entre los $50.000 y $100.000 diarios. “Ahora nos dejan trabajar, pero la gente pasa y, por la crisis de la pandemia, no compra. Uno no sabe qué es peor”, asegura.

Como él, según datos del Instituto para la Economía Social (IPES), hay 163.000 comerciantes informales en Bogotá, para quienes, desde la administración de Claudia López, se pretende hacer más dignas sus condiciones de trabajo. Este discurso parece contrario a los recientes episodios que ha tenido la alcaldesa con un par de estos trabajadores. El primero, con un vendedor de comida rápida que estaba en la ciclorruta por donde ella transitaba y luego terminó volcando su puesto de trabajo cuando un teniente le dijo que le iba a decomisar su fuente de sustento; y el segundo, con una vendedora que le preguntó: “¿Claudita, cuándo va a ayudar a los vendedores ambulantes?”, a lo que respondió: “Ahí está trabajando, sumercé. Trabaje juiciosa, trabaje juiciosa”.

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Según el director del IPES, Libardo Asprilla, son injustos los reclamos que desencadenaron estos episodios, pues en el pasado no había oportunidad para el reclamo, “había una visión aséptica del espacio público. Recuperarlo significaba quitar a los vendedores informales y eso era el espectáculo del gato y el ratón, todos los días”. Este hombre, quien ha sido empresario y sabe lo que es ser vendedor informal (pues en una época vendió palitroques en la calle), asegura que bajo esta administración se busca brindarles oportunidades de educación, formalización y dignificación de su trabajo.

El IPES ha avanzado en la identificación y caracterización de los vendedores informales. De allí ha sacado cifras como que el 63 % quiere permanecer en el espacio público, el 27 % quiere emprender y el 10 % restante quiere emplearse. Conocerlos es importante para construir políticas públicas. Saber que la mayoría no quiere abandonar el espacio público lleva a que el Distrito adopte propuestas que atiendan sus necesidades. Asprilla explica que el promedio de edad de estos trabajadores es de 49,5 años, por lo que muchos no ambicionan emprender bajo la formalidad, sino que ven una solución en la liquidez inmediata que les brinda la calle. Es por eso que la administración quiere ofrecerles opciones alternas a la formalización. La clave, según lo descrito por el director, es apuntarle a mejorar sus condiciones de trabajo.

Por esto, asegura Asprilla, avanzan en el diseño de estrategias, entre las cuales está comenzar a cobrarles por el uso comercial del espacio público. No se sabe cuánto, pues esto se comenzaría a implementar en 2022, pero a cambio tendrían beneficios como la certidumbre de que podrán desarrollar su actividad de forma digna (lo que acabaría con las mafias que cobran arriendo en ciertos espacios).

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Además de acceso a liquidez (lo que los libraría del flagelo de los gota a gota), contar con un mobiliario (para que se protejan del sol y la lluvia) y de un reconocimiento institucional. Dejarían de ser satanizados y pasarían a ser reconocidos como lo que son: trabajadores.

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Para el director de Fenalco Bogotá Cundinamarca, Juan Esteban Orrego, es positivo que la administración de López quiera crear puentes que conduzcan a la formalidad. De hecho, asegura haber hablado con la alcaldesa al respecto, pues reconoce que la informalidad se presta para camuflar actividades de lavado de activos. Sin embargo, no considera conveniente el hecho de que, al dar mobiliarios y demás ayudas, se termine apoyándola.

Inti Asprilla, representante a la Cámara por Bogotá, reconoce que bajo el mandato de López ha habido un cambio de paradigma con los informales, pues ha hecho un esfuerzo para reconocerlos e incluirlos. No obstante, advierte que en el proceso puede que se formalicen unos, y la Policía tome como excusa a quienes se queden por fuera para vulnerar sus derechos.

Para la secretaria de Desarrollo Económico, Carolina Durán, es clave que estas personas se asocien, mediante una cooperativa o como agremiación, para que así puedan tener una representatividad y sentarse a dialogar con el Distrito a construir soluciones. Mientras tanto, se les ha garantizado el derecho al mínimo vital, dejándolos trabajar en el espacio público, siempre y cuando respeten acuerdos como no invadir las ciclorrutas.

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A esto se suman los incentivos a la formalidad que ofrece el Distrito mediante el Plan Marshall, que fue aprobado por el Concejo de Bogotá el año pasado. Este simplifica los trámites para el registro de empresa, brinda incentivos a la matrícula mercantil y ofrece descuentos tributarios para los emprendedores hasta el 2027.

Ante todas estas buenas intenciones, hay que esperar la ejecución de estas iniciativas en la administración, la cual también se ha puesto la meta de impulsar en los informales 2.500 emprendimientos, de los cuales espera consolidar 800 este año. Se busca llegar al 27 % que quiere emprender con oferta educativa en materia de creación de empresa y comercio electrónico, entre otras clases que brinda el IPES, gracias a su asociación con el SENA, la institución universitaria Inpahu y la Universidad de los Andes; mientras que al 10 % de quienes quieren emplearse se les ofrece ayuda mediante la Secretaría de Desarrollo Económico, además de la posibilidad de soñar con una jubilación, mediante los BEPS que administra Colpensiones.

“No podemos seguir satanizando a los informales”, dijo el director del IPES en su entrevista con este medio. Él sabe lo que es trabajar en la calle para llevar el sustento a casa y descubrió que tenía el potencial para crear un club deportivo del que salieron figuras como Wason Rentería. Es un convencido de que en las calles hay gente con habilidades y con el potencial de emprender grandes cosas. Su misión es facilitarles ese paso.

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