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En las calles de Bogotá se están imponiendo, en promedio, 635 comparendos diarios por portar armas, elementos cortopunzantes o sustancias peligrosas. Son cerca de 26 cada hora. A corte del 31 de agosto, la ciudad acumulaba 154.341 sanciones, la cifra más alta registrada para ese periodo desde que este comportamiento comenzó a sancionarse mediante el Código Nacional de Policía.
El salto frente al año pasado también es considerable. Para agosto de 2025 se habían registrado 128.241 comparendos. Este año son 26.100 más, un incremento del 20,4 %. El registro incluso supera al de 2021, que hasta ahora tenía uno de los niveles más altos para ese corte, con 141.317 casos.
Las cifras oficiales de la Secretaría Distrital de Seguridad, recopiladas y analizadas por la Universidad Manuela Beltrán (UMB), ponen sobre la mesa una pregunta que los números todavía no resuelven: ¿hay más personas portando estos elementos en Bogotá o las autoridades los están detectando y sancionando más?
¿Qué se está encontrando en las calles?
Primero hay que hacer una precisión. Los 154.341 comparendos no corresponden exclusivamente a armas de fuego. De ese total, 153.300 están relacionados con el numeral 6 del artículo 27 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que sanciona el porte de armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes y sustancias peligrosas en áreas comunes o lugares abiertos al público, salvo las excepciones establecidas para actividades deportivas, oficios, profesiones o estudios.
Otros 1.041 comparendos corresponden al numeral 7, relacionado con armas neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad reducida, aerosoles de pimienta y otros elementos que pueden asemejarse a armas de fuego en determinadas circunstancias. Es decir, alrededor de 99 de cada 100 registros están concentrados en el primer grupo.
El espacio público concentra prácticamente todos los casos. De los 154.341 comparendos, 153.623 fueron impuestos en sitios públicos o abiertos al público, mientras 532 aparecen asociados a domicilios y 186 a medios de transporte. Para Marcela Parra, directora del Programa de Investigación Criminal de la UMB, este punto resulta clave porque son espacios en los que una discusión, una riña o un conflicto cotidiano puede escalar cuando alguno de los involucrados tiene acceso a un elemento capaz de causar daño.
Sin embargo, la experta advierte que 20,4 % más comparendos no equivale a 20,4 % más armas circulando. El incremento podría estar relacionado tanto con una mayor presencia de estos elementos en el espacio público como con un aumento de los controles de las autoridades.
Kennedy encabeza los registros
El fenómeno tampoco se distribuye de manera uniforme. Kennedy ocupa el primer lugar, con 21.860 comparendos. Le siguen Bosa, con 13.354; Santa Fe, con 12.435; Engativá, con 12.349, y Suba, con 11.601. Solo estas cinco localidades reúnen 71.599 registros.
El dato no significa necesariamente que Kennedy sea la localidad con más armas circulando. La cantidad de comparendos también puede depender de factores como la presencia policial, el número de operativos, las dinámicas de convivencia o la concentración de personas y actividades en el espacio público.
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En los barrios, sin embargo, algunos líderes aseguran percibir el porte de estos elementos con mayor frecuencia.Nelson Restrepo, presidente de una Junta de Acción Comunal de Kennedy, señaló que el fenómeno ya resulta visible en conflictos cotidianos. “Cualquier peleíta, los chicos ya sacan su cuchillo, su navaja”, aseguró.
Según Restrepo, entre algunos habitantes existe la percepción de que portar estos elementos es una forma de protegerse frente a los robos. También advierte preocupación por las riñas, el consumo de bebidas alcohólicas y los conflictos alrededor de parques de la localidad.
El líder comunal cuestionó además la respuesta institucional. Asegura que han sostenido reuniones de seguridad con la Policía en las que los representantes de los barrios presentan sus problemas, pero considera que los resultados no se ven posteriormente en las calles.
“Los líderes comunales exponen sus problemas de sus barrios y todo, pero no pasa nada”, afirmó. Entre sus peticiones están incrementar los registros a personas y reforzar los controles en parques.
Policía reporta más de 100 operativos mensuales
La Policía Metropolitana de Bogotá, por su parte, hizo una precisión frente a las cifras: los comparendos contemplados en la Ley 1801 no pueden interpretarse como un conteo de armas de fuego. Según la institución, las armas blancas son los elementos que encuentra con mayor frecuencia durante los registros. La Policía aseguró además que durante los últimos dos meses ha intensificado sus estrategias de registro y control y actualmente desarrolla más de 100 operativos al mes.
Una de las estrategias es el denominado Plan Avispa, mediante el cual grupos de uniformados intervienen diferentes puntos de Bogotá, entre ellos semáforos, para realizar registros a personas y controles a vehículos. La institución señaló, no obstante, una limitación para establecer qué ocurre después de esos procedimientos. Su sistema estadístico no cuenta con una variable que permita determinar cuántos de estos comparendos están vinculados posteriormente con riñas, lesiones personales, amenazas o homicidios. La Policía sí dispone de cifras de homicidios cometidos con arma blanca, pero ese dato constituye una medición distinta.
Precisamente esa falta de cruces estadísticos deja abierta una parte importante de la discusión. Para Parra, el análisis debería avanzar hacia establecer dónde y a qué horas ocurren estos casos, quiénes están involucrados, qué tanta reincidencia existe y si hay relaciones con otros hechos de violencia.
El debate también llegó al Concejo
El récord también reavivó en el Concejo de Bogotá el debate sobre si permitir el porte legal de armas entre civiles puede ser una respuesta a la inseguridad. Entre los cabildantes consultados hay posiciones distintas sobre el camino que debería tomar la ciudad. Julián Rodríguez Sastoque, de Alianza Verde, rechazó que la salida sea que los ciudadanos se armen y pidió fortalecer el pie de fuerza, las cámaras y la inteligencia. En la misma línea, Jairo Avellaneda sostuvo que una mayor circulación de armas podría hacer que riñas y conflictos cotidianos escalen y defendió una mayor capacidad del Estado para proteger a los ciudadanos.
En contraste Diana Diago, del Centro Democrático, pidió estudiar la posibilidad con cautela y definir quién podría acceder a un arma, bajo qué condiciones y para qué uso, mientras se fortalecen las capacidades de seguridad del Estado. Con 154.341 comparendos en apenas ocho meses, el récord deja una pregunta que va más allá de las cifras: ¿Bogotá está viendo más armas y elementos peligrosos en sus calles o simplemente los está detectando más? Mientras las autoridades refuerzan los controles y las comunidades reclaman mayor presencia policial, el debate sobre quién debe garantizar la seguridad —y hasta dónde debe llegar la defensa de los ciudadanos— vuelve a tomar fuerza.
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Por Ana Rodríguez Novoa
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Marco(53341)•Hace 1 horaEn esas localidades ganó el PH, presidente. ¡Mucho ojo!