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60 conductores de transporte informal al suroccidente de Bogotá eran víctimas del delito de extorsión por parte de una red de al menos 14 integrantes del Tren de Aragua, de los cuales 10 fueron capturados en las últimas horas.
Se trata de más de 5 hombres y 3 mujeres quienes estarían detrás del cobro de vacunas entre COP 28.800 y 35.500 diarios a bicitaxistas y demás conductores que prestan servicio de transporte en los sectores de Bosa El Recreo y el Portal Las Américas.
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De acuerdo con el material probatorio recopilado por la Fiscalía, las víctimas eran contactadas por videollamada o mensajes, donde los amenazaban con atentar contra su vida o la de su familia, la quema de los vehículos y la expulsión de las rutas donde trabajaban si no cumplían con dicha exigencia económica que, semanalmente, podía sumar cerca de COP 1 millón.
"Existía una distribución de funciones: desde Venezuela y Barranquilla se direccionaba como eran las exigencias económicas, como los intimidaban; la coordinación de los cobros, la recepción de pagos y la redistribución entre los integrantes", detalló la fiscal encargada durante la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos.
Por si fuera poco, los delincuentes escogían a una de las víctimas para que recolectara el dinero de todos los amenazados para luego transferirla a billeteras virtuales, enviar el comprobante de la transacción a través de mensaje de texto y destruir el soporte físico con el propósito de evitar el seguimiento de las autoridades.
Las extorsiones ocurrieron a lo largo de dos años, entre el periodo del 19 de febrero de 2024 a agosto de 2026, hasta que finalmente fueron capturados durante operativos en Bogotá, Barranquilla (Atlántico) y Tunja (Boyacá).
Una fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir y extorsión, las dos conductas agravadas.
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La banda transnacional Tren de Aragua, que llegó a Bogotá en 2019 cuando se abrieron paso en medio de la ola migratoria del vecino país, está detrás de delitos como homicidios, trata de personas y embolsados en vía pública. De acuerdo con expertos, su principal fuente de financiación ilícita es precisamente a través de extorsiones y flujo de mercancías asociadas al narcotráfico que, de acuerdo con la Policía de Bogotá, les permite rentas ilegales de hasta COP 1.200 millones mensuales.
De los once delitos de alto impacto, la extorsión es uno de los que más aqueja a comerciantes y conductores en la ciudad. Con la disyuntiva entre cifras y percepción, el Distrito ha destacado que este delito disminuyó en un 20,3 % durante 2025.
Las autoridades recordaron la Línea 165, donde las personas, incluso de manera anónima, pueden denunciar.
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