Luego de la aparición de Diana Lorena Ospina Guevara, tras ser secuestrada por más de 30 horas al salir de un bar la madrugada del domingo 22 de febrero en Bogotá, su defensa jurídica se pronunció sobre el paso a seguir para garantizar la búsqueda y captura de los responsables.
A través de un comunicado, el abogado Andrés Felipe Peláez Reyes, el encargado de representar a Ospina y su familia en este caso, confirmó que la mujer fue víctima de una privación ilegal de la libertad y anunció la radicación de la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación.
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Los delitos que denunció el abogado
Según Peláez, los hechos podrían configurar delitos graves como secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado y, por lo tanto, pidió que se activen de inmediato todas las capacidades investigativas del Estado para identificar y capturar a los responsables.
Entre las acciones solicitadas están el análisis de cámaras de seguridad, la trazabilidad del vehículo involucrado y la verificación de posibles patrones similares recientes en la ciudad.
Asimismo, solicitó a las autoridades la implementación de medidas de protección para Diana Ospina y su familia, dado que los delincuentes conocen la ubicación de su vivienda y podrían efectuar acciones de amedrentamiento que obstaculizarían la investigación.
¿En qué va la investigación?
Las investigaciones para buscar a los responsables del secuestro han avanzado, aunque todavía sin resultados tangibles. De momento, las autoridades confirmaron que el caso está bajo reserva y que analizan videos de cámaras de seguridad desde el punto donde la víctima abordó el taxi hasta cuando fue interceptada por otro vehículo de transporte público que la llevó hacia una vivienda en el sur de Bogotá, donde habría permanecido retenida hasta la noche del lunes 23 de febrero.
En paralelo, han surgido nuevas líneas de investigación, ya que uno de los conductores vinculados al caso tendría antecedentes por hurto calificado. Además, se estableció que los vehículos ya fueron identificados y que incluso pertenecerían a una empresa formal, lo que abre el debate sobre controles en el transporte público.
Por ahora, la prioridad es identificar plenamente a los responsables, quienes serían al menos cinco individuos, y capturarlos. Aunque no hay detenidos confirmados, desde la Alcaldía se insiste en que el caso avanza “rápidamente” y que los implicados serían judicializados en los próximos días.
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Por Redacción Bogotá
