Contrapunteo por la muerte de Mauricio Orjuela: paso a paso del caso

“En Colombia hay una alta tolerancia al error médico”, aseguran los abogados de la familia de Mauricio Orjuela (izquierda). Por su parte, el abogado del médico (derecha) asegura: “Se ha satanizado la profesión del médico. Las fallas administrativas no se las deben cargar a ellos”. / Fotos: Gustavo Torrijos - Archivo particular

¿En qué momento un médico es responsable de la muerte de su paciente? ¿Cómo un profesional que eligió salvar vidas termina respondiendo por un fallecimiento? ¿Cómo demostrar una negligencia médica? Todos estos interrogantes han rodeado la muerte del periodista Mauricio Orjuela Bernal y tienen hoy bajo la mira a un médico a quien la Fiscalía le imputó el delito de homicidio culposo porque, al parecer, habría obrado de forma imprudente y negligente al momento de atender a Orjuela Bernal en dos oportunidades.

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Mientras los abogados de la familia del periodista respaldan la tesis del ente investigador y alertan por otras presuntas omisiones, la defensa del procesado insiste en que su misión es recuperar y salvaguardar la salud de sus pacientes, nunca causarles la muerte. La discusión es de tal calado que ya se trasladó a escenarios diferentes a los estrados: mientras los organismos de control, periodistas y el propio Gobierno —para el que trabajó el comunicador— reclaman claridad, el gremio médico salió en defensa de uno de los suyos y, a través de redes sociales, ha expresado su apoyo bajo el lema “Soy médico, no asesino”.

Aunque el proceso apenas comienza, El Espectador consultó a cada una de las partes para tratar, no solo de reconstruir el periplo de Mauricio Orjuela Bernal, sino explicar qué pasó, qué se hizo y qué no, y qué circunstancias derivaron en su muerte. (Vea al final la infografía)

Lo que se sabe hasta ahora, y sobre lo cual de alguna manera hay consenso, es que el comunicador acudió al hospital de Engativá en la noche del 10 de julio aquejado de un fuerte dolor abdominal y vómito: tenía apendicitis. Aunque el dictamen fue tardío, lo operaron dos días después. Según la Procuraduría, el hospital presuntamente no tenía contratado un proveedor, ni contaba con los medios para realizar un examen de imagenología (TAC), que habría permitido tener un diagnóstico a tiempo.

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En ese entonces, pese a que, al parecer, nunca se le realizó el TAC, se descubrió que la apendicitis se había agravado porque el órgano afectado se adhirió a uno de sus intestinos. Por ello —señala por su parte la Personería— su hospitalización fue más prolongada de lo habitual y requirió manejo antibiótico. El 23 de julio fue dado de alta.

Aquí es donde aparecen el médico imputado y la primera controversia, pues fue él quien lo revisó y verificó su estado clínico antes de que recibiera la salida hospitalaria. “La Fiscalía dice que el médico lo operó dos veces y eso es mentira. En el hospital de Engativá solo hizo una verificación en camilla de su estado clínico, de lo que se le estaba suministrando y su evolución”, argumenta su abogado, el penalista Ricardo Burgos.

A su turno, los abogados Orlando Álvarez Ladeutt y Millet Garvin Arregoces, que asumieron la representación de la familia de Orjuela Bernal y han reconstruido cada uno de sus pasos, aseguran que, si bien en Engativá se podrían haber configurado fallas administrativas por cuenta de las demoras en la atención (no descartan nuevas demandas por ello), estas no fueron determinantes para su muerte.

Por ello invitan a ver lo que sucedió casi dos semanas después, es decir, el 7 de agosto, cuando el comunicador acudió a la clínica Shaio con síntomas alarmantes, como deposiciones con sangre, dolor excesivo, vómito, distensión abdominal, taquicardia, presión arterial elevada, entre otros. La sospecha: una obstrucción abdominal que habría sido causada por la gravedad de su apendicitis y que, advierten, requería otra intervención. Aunque las partes coinciden en que Orjuela Bernal fue atendido oportunamente en Shaio dada su urgencia, es aquí donde surge otra controversia: ¿por qué no fue operado allí?

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Para los abogados de la familia —y este es otro hecho que la Procuraduría cuestiona—, no fue así porque su EPS (Medimás) no tenía convenio, por lo que les informaron que podrían realizar la cirugía, pero de forma particular. “El procedimiento costaba $80 millones y les pidieron una cuota inicial de $10 millones. Evidentemente, la familia dijo que no y Medimás lo trasladó a la clínica de la 100, donde sí tenían convenio. Eso no está mal, porque todas las EPS tienen libertad de configuración de su red de prestadores”, dice Álvarez.

No obstante, el hecho de no haber sido intervenido en Shaio no deja de ser criticado por el abogado del médico. “Mauricio llegó con una urgencia vital que debía atenderse. Pasó 26 horas en Shaio y dijeron que no había convenio. Le pidieron a la familia, además, un pagaré, cosa que está prohibida. Si determinaron que se debía hacer una intervención quirúrgica, no tuvieron que pedir respaldo económico, sino atender la urgencia”.

En este punto difieren los abogados de la familia del comunicador, que, además de insistir en que las EPS no están obligadas a tener contratos y convenios con todos los hospitales, niegan de tajo que Mauricio Orjuela Bernal haya pasado 26 horas en Shaio.

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“Llegó allá a las 3:30 de la madrugada. Lo valoraron y atendieron oportunamente, al punto que le determinaron obstrucciones en el intestino, taquicardia y hemorragia en el ano y el recto. A las 10:30 de la mañana de ese 7 de agosto lo valoraron por cirugía general y se dieron cuenta de que sí había obstrucción y que era un paciente que requería una operación. Evidenciaron que no había convenio, se pusieron en contacto con la EPS, autorizaron la remisión a las 12:39 y a las 3:30 de la tarde ya estaba siendo recibido en la clínica de la 100. Es decir, pasaron 12 horas”, argumenta Garvin.

El debate en torno a la eventual responsabilidad penal del médico que lo atendió empieza acá. De acuerdo con los abogados Álvarez y Garvin, el periodista llegó, no solo con los resultados de los exámenes que le practicaron y con una sonda nasogástrica (por donde le suministraban alimentos y medicamentos), sino con un dictamen en el que se advertía que debía ser intervenido debido a una obstrucción intestinal.

Sin embargo, en la clínica de la 100 fue valorado por medicina general y solo al otro día, el 8 de agosto, fue evaluado por cirugía general. ¿Por qué el médico no lo operó de inmediato si se supone que ya existía un diagnóstico que advertía de la urgencia? Según los abogados de la familia de Orjuela Bernal, porque querían confirmar el diagnóstico, y aunque reconocen que este paso es discreción del médico, señalan que al final fue una acción imprudente. A todo esto se sumó que en esos días Orjuela tuvo una leve mejoría, le hicieron un examen físico y resolvieron retirarle la sonda y darle salida el 9 de agosto.

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“No era suficiente esa leve mejoría para descartar una obstrucción. Un paciente con los antecedentes de Mauricio tenía que ser sometido a un TAC adicional y mantenerlo en observación para ver su evolución (…) Y el médico tampoco se apoyó en la radiografía que ratificaba la obstrucción intestinal”, agregaron los abogados.

A su turno, la defensa del médico procesado manifestó que se desconoce si desde Shaio se adjuntó algún diagnóstico que alertara de la necesidad de que fuera intervenido y que solo se remitió un documento con recomendaciones. “El médico recibe unas anotaciones de vómito y otros síntomas, pero no le trasladan los exámenes que le han practicado al paciente. Y aquí también hay que preguntarse, ¿quién tiene más responsabilidad? Shaio, que no hizo la cirugía conociendo los exámenes, o un médico que necesita verificar el estado de salud”, indica Burgos.

Al margen de los reparos de lado y lado, lo cierto es que cuatro días después de haber sido dado de alta, el 13 de agosto, Orjuela Bernal acudió de nuevo por urgencias a la clínica de la 100. La Procuraduría informó en su momento que su estado de salud era grave y que no recibió atención oportuna ni especializada. Los abogados de su familia indican que pasaron más de 23 horas para que lo valorara cirugía general.

“El médico, que ya lo había atendido en Engativá y también en la 100, de nuevo, en lugar de operarlo inmediatamente, el 14 de agosto lo remitió a una colonoscopia y a gastroenterología (procedimientos que no se hicieron). Ya el 15, a las 10:00 de la mañana, le hicieron otra valoración en la que se determinó que debían operarlo cuanto antes. Finalmente lo interviene el doctor que le había hecho todo el seguimiento, pero ya porque no tenía otra opción. Ahí, los chances de vida de Mauricio eran pocos. ¿Por qué esperar hasta el más grave de los síntomas cuando pudo intervenirlo antes? De ahí lo reprochable de su actuar”, manifiestan los abogados.

En contraste, el abogado del médico investigado defiende que el procedimiento fue acorde con la urgencia y argumentó que los exámenes que ordenó (colonoscopia y gastroenterología) tenían como objetivo verificar qué era lo que padecía el paciente. “Él presentaba unos signos relativos a una infección intestinal, una peritonitis o una obstrucción intestinal. Tenía que determinar qué era para poder operar”, explica.

Ante la duda de por qué el médico dejó pasar 24 horas entre los exámenes y la cirugía, Burgos dijo que él los ordenó con carácter de urgencia. ¿Por qué tardaron tanto, entonces? “Desconozco el manejo administrativo de la clínica de la 100. Tal vez hubo congestión para realizar los exámenes por la cantidad de personas que hay en una clínica, pero eso ya no depende de un médico”, agrega.

Aunque Mauricio Orjuela Bernal logró salir con vida de la intervención, tuvo que ser sometido a un segundo procedimiento en la madrugada del 18 de agosto, que fue cuando falleció. Los abogados de la familia del paciente aseguran que su salud estaba tan deteriorada que tuvo una perforación intestinal y cuatro paros cardíacos.

Mientras el abogado del médico —quien continúa ejerciendo mientras avanza el proceso— reivindica que su defendido ha realizado más de 3.000 cirugías a lo largo de su carrera, que nunca ha enfrentado procesos penales o disciplinarios derivados de su actuar profesional y que su procedimiento fue el adecuado, los abogados de la familia Orjuela aseguran que en el país hay una alta tolerancia al error médico y persisten en la tesis de que hubo una negligencia médica. Hoy, cuando no descartan otras demandas, aseguran que su objetivo no es criminalizar la labor de los médicos, sino comprobar que hubo un delito.

En lo único que coinciden todos es que resolver este pleito judicial podría demorar al menos un año. Será tarea de un juez evaluar las pruebas y tomar una decisión que resuelva si en este caso hubo delito o no.

jgonzalez@elespectador.com