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25 Sep 2021 - 2:00 a. m.

De líder barrista a vinculado por terrorismo

La historia de un joven bogotano que cayó en las redes de la justicia por su presunta participación en actos vandálicos el 9 de septiembre de 2020, los mismos que terminaron en la quema de 22 CAI en Bogotá, durante protestas por el asesinato de Javier Ordóñez. Asegura que sus jornadas de trabajo de aquella época demuestran su inocencia.
cai quemado protesta
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Foto: GUSTAVO TORRIJOS

“El día de hoy dimos captura en Cali y en Bogotá a los líderes de estos movimientos terroristas, que intentaron romper la institucionalidad en Colombia”, dijo con voz fuerte y templada el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, en rueda de prensa del 28 de abril -cuando comenzó el paro nacional-, en la que aseguró que capturaron 14 presuntos miembros de brigadas clandestinas dedicadas al terrorismo urbano.

Según dio a conocer el fiscal esa tarde, esas personas serían responsables de infiltrar y sabotear las jornadas de protesta en diferentes ciudades y, algunos de ellos, habrían viajado a Cali para coordinar la elaboración de artefactos explosivos que iban a ser usados en las manifestaciones que ese día, y por varias semanas más, sacudieron al país.

Asimismo, dijo que, en un “golpe contundente” contra estas estructuras, habían caído líderes conocidos con los alias de Póker, Hoffman, Cara de Loco, Atenea, Topo, Saex, Flaco y Pablo (estos tres últimos en Cali), señalados como los encargados de comprar productos químicos para la fabricación de artefactos explosivos artesanales y de haber participado en los ataques a los CAI en la localidad de Bosa y en el barrio Villa Luz en Bogotá, en las protestas del 9 y 10 de septiembre de 2020, por el asesinato de Javier Ordóñez a manos de dos policías.

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No obstante, estas capturas no fueron tan contundentes como las vendió el fiscal Barbosa, pues 33 horas después una jueza con función de control de garantías los dejó en libertad, al considerar que las capturas y los allanamientos fueron ilegales, así como que en las órdenes de captura fueron mal diligenciadas y que los hechos que se les atribuían no estaban consignados en las mismas.

Los 14 supuestos terroristas habían quedado en libertad, pero con los procesos por terrorismo, concierto para delinquir agravado y violencia contra servidor público abiertos. El Espectador conoció la historia de uno de ellos, tachado con el alias de Pablo. Asegura que tiene cómo probar su inocencia, que los días que ocurrieron los hechos violentos en Bogotá, en septiembre del año pasado, él se encontraba trabajando y que su vida cambió desde ese día.

Un viaje romántico truncado

Recién había salido el sol en Cali ese miércoles 28 de abril. Cuatro días antes había llegado Carlos* a esa ciudad, procedente de Bogotá, junto a su entonces pareja sentimental. El amanecer de ese día los tomó en un motel, en donde pasaron la noche y, tras despertar y alistarse para seguir con su viaje, salieron del lugar a las 6:20 de la mañana. Pero aquel día Carlos tuvo que guardar ayuno.

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Una vez en la calle, la pareja se vio rodeada de varias camionetas y uniformados de la Sijín de la Policía, con una orden de captura contra Carlos. “Me subieron a una de las camionetas y me estuvieron dando vueltas por la ciudad, porque no había vuelos para trasladarme a Bogotá, hasta que decidieron llevarme para la sede de la Sijín”, le contó él a este diario.

Su novia, angustiada, avisó a conocidos suyos, que trabajan como defensores de derechos humanos, para brindarle apoyo legal. Una vez en la sede, el joven fue notificado que su captura era por su presunta participación en los actos vandálicos del 9 de septiembre de 2020 en Bogotá. La madrugada del 30 de abril, luego de que la jueza declarara ilegal su captura, así como la de los otros 13, Carlos fue dejado en libertad y pudo reencontrarse con su pareja para regresar a la capital.

¿Quién es el supuesto alias “Pablo”?

Carlos* es un joven de 29 años, bogotano, estudiante de salud ocupacional y técnico graduado del Sena. Desde 2012 es integrante de una de las barras de Millonarios y miembro activo de una organización juvenil, con la que desarrolló obras sociales en sectores populares de varias localidades de la ciudad, en las que hacía recolectas para comprar comida y mercados. “En la barra había un programa llamado ‘sopa futbolera’, que consistía en llevar un plato a la población vulnerable o en ollas comunitarias, en el centro de la ciudad, en la periferia y barrios de Usme, Engativá y Bosa. Era formar escuelas barriales, en fútbol y cosas así”, relató.

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Desde julio de 2019, cuenta Carlos que logró ingresar a una empresa de producción de eventos como operador logístico y operador bilingüe. En esta empresa se ha mantenido trabajando -a pesar de que por más de un año la pandemia del COVID-19 afectó la realización de eventos masivos- con contratos por obra-labor.

¿Qué hizo el 9 de septiembre de 2020?

En los cinco meses de aislamiento preventivo (marzo-agosto), y semanas posteriores, la compañía en la que trabaja Carlos sirvió de intermediaria entre la Cruz Roja y el Distrito para la entrega de alimentos y mercados a las zonas de la ciudad que se vieron afectadas por el desempleo y el hambre, que se representó simbólicamente con los pañuelos rojos que algunos ciudadanos pusieron en las ventanas de sus hogares.

Cuatro días después de que la Alcaldía de Bogotá levantara el aislamiento preventivo obligatorio, Carlos firmó un contrato por obra-labor, que tenía como objeto “ejecutar la operación logística para el suministro de alimentos”, en el marco de una contratación suscrita entre la Cruz Roja Seccional Cundinamarca y los fondos de desarrollo local de Bogotá.

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El cumplimiento del contrato, en cuyas obligaciones estaba hacer entrega de 50 mercados diarios, inició para este joven el 4 de septiembre y, según le contó a este medio, constaba de un horario laboral que iniciaba a las 6:00 de la mañana y terminaba a las 8:00 de la noche, durante todos los días de la semana. Es decir, que se trató de un trabajo que requería la presencia y dedicación total de Carlos durante los 20 días que duró la ejecución del contrato -conocido por El Espectador-, que finalizó el 24 de septiembre.

“Teníamos que llegar a la sede de la Cruz Roja a las 6:00 a.m. Allá nos daban los trajes antifluido y nos tomábamos las fotos. Terminábamos entre las 6:00 y 8:00 p.m., y las rutas nos devolvían nuevamente hasta la sede, ubicada al frente de la Plaza de los Artesanos. Era una jornada larga, ¿cómo iba a tener el tiempo de planear o ejecutar la quema de los CAI?”, expresó el joven.

¿En qué va el proceso en su contra?

Este diario le preguntó a la Fiscalía General de la Nación el estado de los procesos contra las 14 personas detenidas en abril pasado, entre las que estaba Carlos, por los delitos señalados, pero no obtuvo respuesta de la institución. Sin embargo, pudo establecer con una fuente cercana al caso que el proceso -que los agrupa a todos- está a cargo de una fiscalía especializada de Bogotá y que hasta el momento no ha avanzado.

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De acuerdo con la fuente, luego de que fue declarada la ilegalidad de las capturas, no se llevaron a cabo las otras dos audiencias preliminares de imputación de cargos y de pedido de medida de aseguramiento. En el caso de Carlos, actualmente tiene condición de vinculado a una investigación por terrorismo y concierto para delinquir agravado.

Asimismo, explicó lo que le depara al caso: si el fiscal encuentra que no hubo conducta punible, puede solicitar a un juez el archivo del proceso. Pero si tiene evidencias haría la imputación y luego lo llamaría a juicio. Igualmente, podría hacer una ruptura de la unidad procesal, para determinar quiénes seguirían involucrados. Para decidir la Fiscalía tiene cinco años, por tratarse de un caso que compete a fiscales y jueces especializados, durante el cual estas personas seguirían vinculadas al proceso.

Situación que para Carlos es compleja, pues asegura que este expediente le ha traído complicaciones en su vida laboral. “No he podido conseguir un empleo estable, porque aparece activo el caso y, como son delitos graves, tiene un tiempo más amplio. He estado a punto de firmar contratos, pero ven activo el proceso y se daña todo. Ni siquiera como mensajero en aplicación”, declaró.

Entretanto, mientras la Fiscalía avanza con la investigación, el joven bogotano de esta historia y su defensa legal se hacen una pregunta que, lejos de ser capciosa, refleja el sentir del efecto de los señalamientos en su vida: “¿por qué capturan y después investigan?”. “A mí, incluso, me pusieron alias Pablo y mancharon mi buen nombre”, sentenció.

* Nombre cambiado por seguridad.

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