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Lo primero que hay que saber es que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) no es el prestador del servicio de aseo en Bogotá, así los operarios lleven overoles verdes con el logo de la entidad. Eso obedece a una exótica imposición que la Unidad les hace a las empresas prestadoras del servicio.
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Los prestadores del servicio de aseo en la ciudad son: Promoambiental, que atiende el Área de Servicio Exclusivo 1 (ASE), que cubre Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme y Sumapaz; LIME, el ASE 2 (Teusaquillo, Los Mártires, Puente Aranda, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, Bosa y Ciudad Bolívar); Ciudad Limpia, el ASE 3 (Fontibón y Kennedy); Bogotá Limpia, el ASE 4 (Barrios Unidos y Engativá), y Área Limpia D. C., el ASE 5 (Suba).
Lo segundo que debe conocerse es que el servicio tiene varias actividades: la recolección y el transporte de residuos, el barrido, limpieza de vías y áreas públicas, y el corte de césped y poda de árboles en las vías y áreas públicas. Todas las debe cumplir en su respectiva ASE, porque de forma excepcional el Distrito les otorgó a los prestadores una exclusividad vía licitación, que consiste en que ningún otro puede ofrecer servicios en su zona.
En tercer lugar, es preciso distinguir cada una de las actividades. Las de recolección es cuando un camión acude a nuestros domicilios a recoger y llevarse los residuos, en los días y horarios establecidos, actividad que paga cada usuario a través de la factura de aseo (llega con la factura del agua o energía) y llega directamente al prestador en cada ASE, que atendió efectivamente el servicio.
La de barrido corresponde a las actividades que la regulación denomina “colectivas”. A diferencia de las primeras, su costo se asume por igual, por todos los suscriptores y usuarios del área urbana del Distrito. Se trata de todas aquellas donde los operarios barren y limpian, manual o de forma mecanizada, cada una de las vías y áreas públicas (calles, andenes, parques y similares) de la ciudad, en una frecuencia mínima de dos (2) veces por semana. Es decir, entre todos los bogotanos pagamos los costos de la prestación de esta actividad en toda la ciudad, remuneramos a los prestadores, sin que para ello importe en cuál Área de Servicio Exclusivo nos hallemos.
El desmadre de las basuras que se observan en las calles de la ciudad, y que es objeto de las justificadas quejas ciudadanas, de concejales y ahora del requerimiento del Ministerio Público, tiene que ver fundamentalmente con: las deficiencias en la prestación del servicio de barrido y limpieza de vías y áreas públicas; la indebida atención de los denominados puntos críticos, y el mal uso que hacen los usuarios de los contenedores ubicados en los andenes, al dejar los residuos alrededor y no en su interior.
Las explicaciones que el señor Juan Carlos López, director de la Uaesp, ha dado en distintos medios frente al requerimiento de la Procuraduría se han centrado en señalar supuestas falencias de los contratos vigentes suscritos entre la Unidad y las cinco empresas prestadoras del servicio de aseo, que dice estar en proceso de ajustar. También, que se halla en proceso de “negociación” el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con los mismos prestadores, en lo que respecta a las frecuencias de barrido y limpieza de vías y áreas públicas.
La verdad es que si bien es cierto que la contratación que dio lugar al establecimiento de las cinco Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) tiene gruesas objeciones de fondo y que, incluso, se debaten judicialmente ante el Consejo de Estado, por iniciativa de quien escribe este artículo, no es menos cierto que ninguna de ellas corresponde a la causa real de la creciente suciedad de la ciudad.
Las razones son otras. En primer lugar está el mal comportamiento ciudadano para la gestión de los residuos que genera y dispone indebidamente en las calles. En segundo lugar, la Uaesp ha sido esquiva para cumplir con los deberes legales, que verdaderamente le corresponden. En lo que sí acierta el director de la Unidad en sus declaraciones es en señalar que, en principio, los prestadores no son los responsables de esa suciedad.
La Uaesp se ha quedado corta en procurar campañas educativas de carácter general, que difundan la formulación de una cultura ciudadana en la gestión debida de los residuos, como también en disponer oportunamente de los recursos presupuestales necesarios para sufragar la atención de los puntos críticos que no pueden ser cargados a las tarifas, además de hacer uso oportuno de la mano de las autoridades de policía distrital del comparendo ambiental para requerir y sancionar a los ciudadanos infractores, que depositan o abandonan sus residuos en sitios no aptos para el efecto.
Sin embargo, el creciente deterioro del servicio de aseo en las vías y áreas públicas de la ciudad, que la tiene visiblemente sucia, responde a una razón muy diferente y particular, que también solo es atribuible a la incapacidad de gestión de la Uaesp.
El PGIRS tuvo la culpa
El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) corresponde a un instrumento de planificación ambiental de los residuos, en donde se pueden prever mejores condiciones de prestación del servicio de aseo en lo que refiere al barrido y la limpieza de vías y áreas públicas, entre otras. Este instrumento se adopta vía decreto distrital, bajo el liderazgo de la Uaesp. No es cierto que la entidad distrital deba “negociarlo” con los prestadores. Lo que allí se defina en materia de frecuencias adicionales por el Distrito, estos deberán cumplirlas.
Como se dijo atrás, el barrido de vías y áreas públicas debe efectuarse por cada prestador en todas las vías y áreas públicas de su respectiva ASE, en una frecuencia mínima de dos (2) veces por semana, sin perjuicio de que el Distrito, vía PGIRS, establezca frecuencias adicionales (las que requiera) para toda la ciudad o sectores de ella.
El problema nace a partir de la comprensión de la Uaesp en el sentido de creer que ella tiene la capacidad legal para definir no solo esas frecuencias adicionales, sino para determinar en dónde se presta o no se presta el servicio. Así, en el PGIRS vigente hay zonas de la ciudad que no tienen servicio de barrido y limpieza de vías y áreas públicas y, además, en las que sí lo hay, esas frecuencias son notoriamente insuficientes. Incluso, la falta de rigurosidad del PGIRS se advierte cuando en él se incluyen vías privadas, que no pueden ser objeto de esta actividad con cargo a tarifas.
Sobre el particular hay disputas administrativas entre la Uaesp y en especial el prestador del ASE 1, en donde esta situación se refleja con mayor visibilidad, e incluso cursa una acción popular a punto de resolverse, que trata sobre el tema y que hace meses viene conociendo el Tribunal de Bogotá (Ver nota adjunta: La pelea por la tarifa del barrido de calles en Bogotá).
Esa es la verdadera razón del estado de suciedad de las vías y áreas públicas de Bogotá, que se soluciona de manera muy simple: bien sea reconociendo por la Uaesp que sus cinco prestadores deben prestar la actividad de barrido y limpieza en todas las vías y áreas públicas de sus respectivas ASE o incluirlas todas en el PGIRS, para que ninguna quede sin la atención mínima, y prever con rigor, en el mismo PGIRS, las frecuencias adicionales que se requieran para determinadas zonas o sectores de la ciudad por la alta producción de residuos que en ellas se genera. La Uaesp, de manera incompresible, es quien ha generado esta crisis de basuras a partir de interpretaciones o posturas jurídicas francamente muy frágiles y solo corrigiéndolas el panorama podrá mejorar.
La lucha por la tarifa del barrido en Bogotá
A raíz de la batalla legal entre Promoambiental, operador de la ASE 1; Proceraseo, organismo que autoriza los pagos a los operadores, y el Distrito, por la tarifa de barrido en la ciudad, se desprendió una acción popular en la que el operador busca que el Tribunal defina si el barrido se debe hacer en todos los sectores o solo en los que defina la Uaesp.
La decisión tendrá efecto en la tarifa que pagan los usuarios, pues hoy el Distrito, con el PGIRS, limita a cada operador la cantidad de kilómetros por barrer y le pagan por los suscriptores en su zona. Y fue justo esto lo que desató el pleito, pues Promoambiental insiste en que se debe barrer todas las calles y pagar el servicio por kilómetro aseado.
Aunque su tesis sobre la tarifa fue derrotada y el esquema se mantiene como se pactó en el contrato (kilómetros limitados y pago por usuario), el fallo de la acción popular servirá para dar claridad al asunto, en cuanto a cuántas calles se deben barrer y, de esta manera, evitar acumulación de residuos en zonas sin atención.
Nota del editor: Ricardo Felipe Herrera fue perito en un proceso arbitral entre la Uaesp y Promoambiental, y en otro proceso paralelo entre Promoambiental y Proceraseo, relacionado con la distribución de los recursos del barrido de espacio público.
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