
Las líneas sobre los mapas de los municipios de Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio, que en los últimos meses delimitaron áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) o áreas agrícolas, desaparecieron a golpe de resolución. Tal como lo anunció a mediados de septiembre el presidente Abelardo de la Espriella, se hizo efectiva la derogación de los documentos que ordenaron su creación, levantando restricciones sobre 15.839 hectáreas (Ha) y devolviendo a las alcaldías la capacidad de decidir el futuro de sus suelos. Al menos, de manera parcial.
En total, el Ministerio derogó seis resoluciones: cinco de las APPA en los municipios y la Resolución 507 de 2023, que ponía la mira sobre otras 35.000 Ha (el 49,5 % de Sabana Centro), como potenciales Zona de Protección (ZPPA). Vale aclarar, sin embargo, que la decisión de la cartera de Agricultura no deja esas tierras automáticamente para urbanizar. Si bien, la figura agregaba una protección específica y exclusividad para actividades agrícolas, allí siguen vigentes planes de ordenamiento, el POMCA del río Bogotá y varias determinantes ambientales superiores, como los también recién adoptados lineamientos de la Sabana.
¿Por qué las derogaron?
La revisión técnica que precedió la derogatoria encontró, según la información compartida por el Ministerio de Agricultura, problemas en la construcción de las cinco APPA. El análisis estuvo a cargo de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), adscrita al Ministerio de Agricultura, la cual, curiosamente, había participado en la delimitación inicial. Entre sus hallazgos están diferencias en las escalas y criterios cartográficos; dificultades para reconstruir reglas empleadas en la delimitación; tratamientos distintos para determinadas actividades productivas, e información que luego se actualizó. Sin embargo, más allá de los reparos, la pregunta territorial que surge en este momento es ¿qué desaparece con este decisión? y principalmente: ¿Qué pasará con esos suelos?
El blindaje que sí desaparece
Las APPA las diseñaron para proteger suelo rural productivo, que no estaba declarada como reserva ambiental. En su delimitación, la UPRA dejó por fuera, en varios municipios, áreas que ya tenían restricciones fuertes, sectores urbanos, suburbanos, de vivienda campestre o de otros usos. De esta manera, la nueva determinante ocupaba un espacio diferente en el ordenamiento y cerrarba la puerta a futuras revisiones municipales, incompatibles con ese propósito.
El caso de Sopó, por ejemplo, muestra el alcance de la medida derogada. Un cruce que hizo Camacol Bogotá encontró que 1.917,25 de las 1.951,16 hectáreas de la APPA coincidían con una categoría rural denominada “Industrial tipo 1 de cobertura local”, es decir, actividades productivas de escala local compatibles con el carácter rural del territorio. En estas zonas también pueden coexistir otros usos, como vivienda campesina, equipamientos locales y actividades agrícolas, pecuarias y silvopastoriles.
Por eso, la clasificación muestra que antes de la APPA estos predios tenían un régimen de usos más amplio que el exclusivamente agroalimentario que posteriormente buscó priorizar la figura.
Por otro lado, 14,84 hectáreas estaban clasificadas como suelo suburbano, una categoría que sigue siendo rural, pero permite una mezcla controlada de actividades del campo y algunos usos propios de la ciudad, con restricciones de densidad, ocupación y servicios públicos. Otras 19,07 hectáreas correspondían a suelo de protección, rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental, donde las posibilidades de construir o desarrollar actividades productivas son mucho más limitadas por razones ambientales, de riesgo o de protección de ríos y quebradas. La APPA, cuando fue implementada, extendió sobre todas estas áreas una regla adicional que priorizaba la producción de alimentos. Pero ahora, con su derogación, vuelve a ganar peso la regulación municipal a discresión de las alcaldías locales, aunque permanecen las restricciones ambientales que ya existían.
Del mismo modo, en Tabio y Nemocón, por ejemplo, la delimitación había excluido buena parte de las áreas ya sometidas a protección ambiental y por lo tanto las APPA, desde su concepción, llegaban como una blindaje adicional sobre suelo productivo, que estaba ocupando el cemento, como lo dijo Álvaro Parrado, coordinador de la Maestría en Soberanía y Seguridad Alimentaria de la U. Nacional. No obstante, detrás de esto había un problema, según, María Carolina Castillo, presidenta de ProBogotá, y era aplicar criterios uniformes desconociendo las diferencias entre territorios .
El peso de las directrices
Pese a la derogación de las APPA, todavía existe una figura que blinda a estas zonas de una posible urbanización: el Decreto 545 de mayo de 2026, expedido por el Gobierno de Gustavo Petro, que establecia directrices de ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá. La norma continúa vigente y contiene reglas vinculantes de superior jerarquía para los municipios.
Entre otras disposiciones, el decreto ordena conservar la funcionalidad y permeabilidad del suelo rural y evitar su sellamiento en áreas que no estuvieran previamente clasificadas como protección ambiental.
Para nuevas transformaciones hacia ocupación urbana exige, además, demostrar insuficiencia de suelo disponible, priorizar áreas ya suburbanas y cumplir condiciones ambientales específicas. A esto se suman las determinantes del POMCA del río Bogotá y las restricciones que cada POT, PBOT o EOT que haya incorporado. Sobre esto, colectivos ambientalistas y el exministro Manuel Rodríguez han advertido de la poca eficiencia de estos instrumentos, teniendo en cuenta el estado actual ecosistémico del territorio: más del 60% de la Sabana de Bogotá presenta una integridad ecológica calificada como baja o muy baja
Por todo lo anterior, las 15.800 Ha que llegaron a quedar bajo las cinco APPA no pueden leerse como una bolsa de suelo que ahora queda disponible para construir. Lo que desapareció es una regla uniforme que privilegiaba su función agroalimentaria. Empero, lo que sigue depende mucho más de cada municipio, de sus instrumentos de ordenamiento y de la aplicación de las determinantes ambientales. La verdadera dimensión de la decisión se verá cuando Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio vuelvan a revisar sus instrumentos de ordenamiento (hoy todavía sin el visto bueno de la CAR) y tengan que decidir qué hacer con unos suelos que recuperaron margen municipal, pero no quedaron libres de restricciones.
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DIEGO ARMANDO(25270)•07 de octubre de 2026 – 09:59Con la actual tasa de fecundidad que está en minimos historicos, que se supone que van a hacer con esos proyectos de vivienda en veinte años. Tendrán que regresarlos a la naturaleza porque no habrá quien los habite.
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Dunkel Damn(84992)•07 de octubre de 2026 – 08:47Por más que afirmen, juren, prometan y escriban en mármol que no se usará la tierra productiva agrícolas en urbanizaciones, los empresarios tienen campo abierto para empezar a afilar sus colmillos. Llegó la hora del festín prometido. ¡A pavimentar las mejores tierras productivas de la sabana!.RIP reserva Van der Hammen…..et al.
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Ana María(44086)•07 de octubre de 2026 – 08:32Ese animal (nada que ver con lo de tigre) qué va a entender de coberturas vegetales, vocación agrícola, producción de alimentos, ciclos del agua, balances hídricos. Los suelos muy fértiles de la Sabana de Bogotá tardaron siglos en consolidarse. En pocas décadas y aupada por personajes empresentables como espriella, Colombia está destruyendo este valiosísimo ecositema.
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Bueno Bueno(20426)•07 de octubre de 2026 – 06:26Que pasará con los suelos? pues urbanización. Increíble la codicia de esos infectos ladrones: Volteo de tierras, ganancia de unos oligarcas y el caos urbanístico, ecológico y agrícola.
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Ana María(44086)•07 de octubre de 2026 – 08:33Tal cual. Esa es la miopía política , social, ambiental y (en últimas) económica de este gobierno de pacotilla que "eligió" Colombia.
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Otton(emcod)•07 de octubre de 2026 – 08:27Pero ya comeremos ladrillos, por lo visto, sino nosostors, las generaciones que vienen. Nos maldecirán por no dejarles nada y no haber levantado la voz para impedirlo.
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