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Feminicidios por extranjeros: la prevención estatal parece actuar solo tras el crimen

Entre enero y marzo de 2026, Colombia registró 15 feminicidios y 114 intentos. En un contexto donde los agresores extranjeros aprovechan vacíos en los convenios internacionales y en las plataformas de renta corta para delinquir, expertas y autoridades debaten sobre la urgencia de fortalecer los filtros migratorios y articular sistemas de alerta temprana antes de que las violencias escalen a desenlaces fatales.

María Angélica García Puerto

03 de agosto de 2026 - 01:31 p. m.
Laura Isabel Lopera, Valentina Trespalacios, Natalia Villalba Angarita y Angie Paola Oliveros.
Foto: Eder Leandro Rodríguez
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Laura Isabel Lopera, Valentina Trespalacios, Natalia Villalba Angarita y Angie Paola Oliveros nunca se conocieron, pero tienen algo en común: sus feminicidas son extranjeros y llegaron al país para asesinarlas. Aunque hoy existen alertas migratorias internacionales para mitigar la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA), la prevención del feminicidio por extranjeros parece reaccionar solo después de que el crimen ocurre.

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Colombia continúa en una emergencia nacional por feminicidios. Según el informe trimestral de la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026 se contabilizaron 15 feminicidios y 114 tentativas. Es decir, en promedio, cada mes se reportan cinco muertes y 38 intentos. Detrás, en su mayoría, producto de parejas o exparejas que ejercieron sobre múltiples formas de violencia de género antes de consumar la más extrema de todas.

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Pero en el perfil de estos agresores, no solo hay connacionales, también extranjeros. Hombres provenientes de Venezuela, Canadá, Estados Unidos y México (ya condenado), que llegaron al país para cometer el feminicidio. Como sus víctimas, tampoco se conocían, pero sí guardaban patrones comunes en la manera de cometer el delito y trazar una ruta de escape.

El patrón de los feminicidas extranjeros

Natalia Villalba Angarita. Así se llamaba esta modelo de 37 años, oriunda de Cúcuta (Norte de Santander), quien es el rostro más reciente del feminicidio a manos de un extranjero. Su asesinato ocurrió el 18 de junio, en un apartamento de renta corta al norte de Bogotá. Los registros fílmicos permitieron establecer el ingreso al inmueble de un ciudadano británico, quien es el principal sospechoso del crimen: Matthew Foster Martinson, imputado por los delitos de feminicidio agravado y quien espera en prisión el desarrollo del proceso penal.

Su caso recordó el de Valentina Trespalacios, la joven DJ, de 21 años, asesinada el 22 de enero de 2023 a manos del estadounidense John Poulos, condenado a 42 años de prisión; o el de Laura Isabel Lopera Osorio, de 19 años, asesinada a inicios de febrero de 2024, en Medellín también, por su pareja de origen canadiense, Jesse Gilbert Wiseman. Por si no fuera suficiente, el 19 de julio de 2025 encontraron muerta a Angie Paola Olivero Triana, de 30 años, en un apartamento de la comuna 6 de Soacha. Dos extranjeros son los principales sospechosos.

En estos cuatro casos hay patrones que indican una conducta típica de los feminicidas: a los agresores no les bastó con quitarles la vida, sino que las deshumanizaron (conocida como violencia ontológica) y, con violencia extrema, intentaron borrar toda evidencia, ocultando el crimen en una maleta de viaje. A Angie, por ejemplo, la encontraron atada de pies y manos.

Además, tenían antecedentes por violencia de género. En el caso de Valentina Trespalacios, se conocieron declaraciones de la exesposa de Poulos, quien solicitó el divorcio en 2021 “porque la relación era abusiva” y lo definió como una persona “controladora”, descripción similar a la que hicieron los amigos de la víctima: “Celoso y posesivo”, dijeron. Así era Jesse Wiseman, descrito por la fiscal seccional de Medellín, Yiri Milena Amado. “Según su entorno familiar y amigos, era celoso y, de alguna manera, ejercía actos de violencia (sobre ella)”. En el expediente de Matthew Foster, el antecedente era más grave: Había sido condenado en su país en 2020 y 2025 por dos hechos de acoso sexual, pero obtuvo la libertad condicional, por lo que pudo viajar a Colombia.

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En tres de los cuatro casos referenciados (Trespalacios, Lopera y Villalba) los agresores usaron inmuebles alquilados en plataformas de renta temporal (como Airbnb) para alojarse en Colombia. Además, todos planearon su huida y lograron escapar del país. Poulos y Wiseman intentaron escapar a Turquía, un país con flexibilidad en los controles migratorios y complejidades en el proceso de extradición.

Gracias a la rápida acción de las autoridades, el primero fue capturado en Panamá, tres días después del crimen, cuando estaba haciendo escala. Matthew Foster Martinson escapó vía terrestre por el puente fronterizo de Rumichaca y fue capturado en el Aeropuerto Internacional de Quito, Ecuador. Por su parte, Wiseman permanece prófugo y con circular roja de Interpol. El caso está en etapa de juicio. Mientras tanto, sobre el caso de Angie, en Soacha, la Sijín continúa con las labores de investigación y los feminicidas no han sido capturados.

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La contención desde las fronteras

En Colombia, el control migratorio está enfocado en temas de seguridad y soberanía nacional, consignados en memorandos de entendimiento entre naciones. En ese sentido, la autoridad migratoria cuenta con sistemas de información donde pueden consultar antecedentes de los viajeros que desea ingresar al país y decidir si se admite o no. Juliana María Rodríguez, subdirectora general de control migratorio, explica que, para acceder a esta información, debe haber un memorando de entendimiento con los países. “En este momento, con Reino Unido, no tenemos ese memorando. Aunque avanzamos para poder acceder a la información, a veces la legislación de los países no es tan sencilla, pues cuidan la información de sus connacionales”.

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Pero esto, agrega, tampoco es impedimento. Gracias a redes internacionales de cooperación como la Alianza Pacífico, Mercosur, Interpol, Eurofront, Red de Atenas sobre documentación fraudulenta y comisiones binacionales con Panamá, República Dominicana, Ecuador, Perú y Brasil, pueden acceder a esta información vital en los controles migratorios. De hecho, también resalta la Alerta Angel Watch, que permite detectar a presuntos agresores sexuales vinculados a la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA).

Ahora bien, en hechos relacionados con el delito de feminicidio, Rodríguez indica que la situación es más compleja, pues la tipificación la tiene Colombia, pero otros países no y ese cambio es propio de cada nación. De ahí que, hasta el momento, no exista algún memorando de entendimiento o alerta como Angel Watch, para prevenir la entrada directa de extranjeros. Eso sí, a menos que sobre el ciudadano pese una orden de captura vigente, tenga antecedentes o incurra en algunas de las causalidades de inadmisión.

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De acuerdo con Migración Colombia, entre 2022 y 2026 inadmitió 377 extranjeros por antecedentes de delitos sexuales, de los cuales 90 han sido este año. La mayoría provenía de Estados Unidos (78 %), México (3%), República Dominicana y Perú (2 %) y pretendían ingresar primordialmente por los aeropuertos de Bogotá, Medellín y Cartagena. “Para nosotros esto es sinónimo de éxito, sobre todo por lo que representa en materia de seguridad nacional para nuestras mujeres, que no solo es producto de convenios de cooperación, sino el mejoramiento de las capacidades de nuestros oficiales”, sentenció Rodríguez.

Mientras está la alerta, poner el foco en otras violencias que anteceden

No hay que olvidar que el feminicidio es producto de un continuum de violencias. Sin embargo, como contamos en El Espectador, falta camino para proteger a tiempo a las víctimas de esta violencia extrema. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el agresor es un extranjero? Los expedientes de estas cuatro mujeres evidencian también esta falla en la prevención, donde actualmente la respuesta institucional parece más reactiva, actuando solo cuando el crimen se ha consumado.

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Para Diana Salcedo, directora de Limpal Colombia, sin duda es importante generar alertas transnacionales que permitan identificar y responder a estos hechos que involucran a las dos fronteras. Pero mientras esto ocurre, instó a dotar al personal migratorio de mayores herramientas para identificar patrones de trata y explotación. Sobre todo, reiteró, porque el feminicidio viene acompañado de otras violencias que ocurren en sitios de alto flujo de turismo.

“Hay que hacer seguimiento a los viajes que sean muy cortos o muchas veces al año y mejorar la georreferenciación de los mecanismos de atención y prevención de violencia contra las mujeres”.

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Y aquí hay un punto importante. En la prevención también se debería vincular a las aplicaciones de alquiler temporal y operadores turísticos con las autoridades para mejorar el registro de huéspedes internacionales. Asimismo, en el caso de Bogotá, fortalecer la pedagogía y la efectividad de las líneas de atención, como la Línea Púrpura en Bogotá, para que cualquier señal de riesgo sea detectada antes de escalar a un desenlace fatal.

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Los casos de Natalia, Valentina, Laura y Angie recuerdan que el feminicidio no es un hecho aislado ni fortuito, sino la etapa final de un continuo de violencia que trasciende fronteras. Mientras las redes de cooperación internacional han demostrado efectividad frente a delitos como la explotación sexual infantil, la violencia de género sigue encontrando un punto ciego en los pasos fronterizos. Lograr que la diplomacia y el control migratorio armonicen sus marcos legales para detectar antecedentes de violencia machista es un paso urgente si se quiere evitar que el país continúe siendo un destino para feminicidas transnacionales.

Líneas de atención por violencias basadas en género

En caso de que la vida de una mujer esté en riesgo debe llamar inmediatamente a la línea de emergencias 123.

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Telefónica:

  • Línea Púrpura Distrital 01 8000 112 137 o escriba 300 755 18 46
  • Línea Nacional 155

Presencial:

  • Casas de Igualdad de Oportunidades
  • Casas de Justicia
  • Manzanas del Cuidado
  • Casa de Todas

Para atención médica:

  • USS: Unidades de Servicios de Salud (antes Hospitales Distritales)
  • CAPS: Centros de Atención Prioritaria en Salud
  • IPS: Instituciones Prestadoras de Salud
  • PAPS:  Puntos de Atención Primaria en Salud

Para denunciar:

  • URI: Unidad de Reacción Inmediata
  • CAF: Centro de Atención de la Fiscalía General de la Nación
  • Calle 19 no. 27-09, pisos 1 y 3. lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
  • Fiscalía General de la Nación celular: 122 teléfono: 01 8000 919 748
  • Plataforma virtual denuncia fácil: https://sicecon.fiscalia.gov.co/denuncia/llenarformulario
  • Comisarías de Familia (de manera transitoria)

Si necesita ser protegida o acogida:

  • Comisarías de Familia en Bogotá
  • Línea Una llamada de vida 601 380 84 00

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
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