Fiscalía captura a presuntos responsables de actos terroristas en manifestaciones de Bogotá

El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, dijo que continuará con las investigaciones relacionadas a las 8 muertes de civiles que resultaron en las manifestaciones del 9 al 11 de septiembre en Bogotá.

Foto: EFE - Fiscalía General de la Nación

Este viernes, el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, comunicó una serie de noticias relacionadas al caso de Javier Ordóñez y a las jornadas de manifestaciones ocurridas en los meses de noviembre y septiembre en Bogotá.

La primera de estas fue la confirmación de la captura de Harby Damián Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, los patrulleros implicados en la muerte del abogado Javier Ordóñez. El primero de estos fue capturado el pasado jueves en horas de la tarde, momentos después de que un juez dictara las órdenes de captura. El segundo se entregó esta madrugada y permanece en el búnker de la Fiscalía, tras una noche de intentos en la que agentes especiales del Goes y la Sijín llegaron a su residencia para proceder con la diligencia, actuación que resultó infructuosa pues no tenían una orden de allanamiento.

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Sobre ambos patrulleros cursan dos investigaciones, una penal, que es en la que avanza la Fiscalía y mediante la cual le serán imputados los cargos de tortura y homicidio agravado, además de pedirse la medida de aseguramiento carcelario. La otra pesquisa es disciplinaria, y en esta avanza la Procuraduría General de la Nación. De ser hallados culpables, con la primera enfrentarían condenas carcelarias superiores a los 30 años, con la segunda, su destitución.

“Desde el primer momento, como fiscal general de la nación, asumí la dirección de estas investigaciones en un trabajo conjunto con las diferentes unidades de la fiscalía diseñamos un protocolo especial y fortalecimos el equipo para resolver en una semana el crimen y llevar a los presuntos responsables a los jueces”, aseguró Barbosa, quien no detalló que fue hasta el 14 de septiembre que se conoció la noticia de que la Justicia Penal Militar, que en principio era la que estaba investigando a los uniformados, decidió dejar el caso a la Justicia Ordinaria al considerar que “los elementos de prueba hasta ahora recaudados no permiten afirmar que se trata de un acto que tenga relación con el servicio”.

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La segunda noticia tiene que ver con el impacto que recibió una estructura delincuencial dedicada al terrorismo en medio de las manifestaciones que se registraron en noviembre del año pasado y a mediados de septiembre de 2020, en Bogotá. Barbosa aseguró que esta organización fue identificada como una escuela de resistencia civil y disidencia de las Farc.

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En operativos resientes se logró la captura de presuntos responsables de los actos terroristas cometidos en las manifestaciones. Se trata de alias ‘Justo’, alias ‘La Pola’ y alias ‘El Profe’. Del mismo modo se ha pondrá a disposición de un juez de garantías a alias ‘Martín’, quien se encuentra en centro carcelario. A estas personas les serán imputados cargos por terrorismo, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial, y concierto para delinquir.

“En este trabajo, que se adelantó durante nueve meses, se emplearon herramientas de la criminalística y de la investigación, entre ellas interceptaciones telefónicas, vigilancia, seguimientos y búsquedas selectivas en bases de datos, entre otros”, explicó Barbosa.

En los últimos minutos se sumó a estas capturas la de alas ‘Érika’, quien, al parecer, también se encuentra vinculada a los actos vandálicos registrados en las manifestaciones. “La detenida sería la coordinadora de movimientos, reclutamiento y adoctrinamiento en centros universitarios en la capital del país”, comunicó la Fiscalía.

El fiscal también se refirió a las ocho muertes que se registraron en las manifestaciones contra el abuso policial en Bogotá. Estas habrían sido cometidas por Policías que, de forma indiscriminada, habían utilizado sus armas de fuego en contra de los manifestantes. A estas se suman las investigaciones, tanto penales como disciplinarias, que han surgido a partir de las denuncias interpuestas por los heridos o sus familiares, nuevamente, ante casos de exceso de la fuerza por parte de los uniformados.