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En lugar de que los ciudadanos acudan a los tribunales y despachos de jurisprudencia para conocer cómo funciona la justicia, será la Corte Constitucional la que llegue a los colegios de Bogotá y Cundinamarca.
Desde hace meses se viene tejiendo un proyecto en el que este tribunal, junto con la Alcaldía, buscan enseñar a los niños y jóvenes de la capital y el departamento aspectos básicos sobre la Constitución, los derechos fundamentales y las garantías constitucionales que protegen el Estado de Derecho en Colombia.
El acuerdo se suscribió en 2024 y ha logrado que funcionarios de esta alta corte, incluyendo los más altos perfiles, como magistrados titulares o auxiliares, lleguen a colegios y municipios alejados para enseñar sobre derechos.
El último municipio que se beneficio de esta “academia de derechos” y garantías constitucionales fue Caparrapí, Cundinamarca. Allí la Corte llegó a las instituciones Simón Bolívar y Santa Gemma de Galgani para enseñar a los niños cómo entender la justicia y la Constitución de una forma clara y, sobretodo, accesible para todos los ciudadanos.
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En la jornada participaron cerca de 60 estudiantes que recibieron pedagogía sobre cuáles son los derechos de la niñez en Colombia y, en caso de verlos vulnerados, qué mecanismos judiciales pueden utilizar para salvaguardarlos. En el espacio estuvo Paola Meneses, una jurista de larga data en la Corte que resolvió dudas a los jóvenes y entregó cartillas educativas sobre cómo funciona ese tribunal y de qué manera previene derechos violentados en el país.
“Vinimos a Caparrapí a traer conocimiento sobre la carta magna a los niños de la región y que están en edades tempranas (...) Estos chicos y chicas son muy participativos y la idea es que se queden con el mensaje sobre la importancia de la Constitución y de los derechos y deberes que tienen”, comentó Meneses, quien también es la vicepresidenta de la Corte.
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Durante años el Consejo Superior de la Judicatura ha alertado que una de las principales trabas para que la justicia funcione en Colombia es el desconocimiento que tiene la ciudadanía sobre los procedimientos, instituciones y procesos que se manejan en un tribunal, inspección de policía e incluso en un alto tribunal, como la Corte o el Consejo de Estado.
En 2024, estudios del Ministerio de Justicia y el Departamento Nacional de Planeación revelaron que casi uno de cada tres colombianos no tenían confianza en el sistema judicial y, para empeorar la situación, decidían resolver los problemas por cuenta propia o utilizando la violencia. En municipios donde aún hay actores armados, el escenario se vuelve dramático, pues al haber problemas pequeños, como un conflicto de linderos o algún inconveniente contractual como los arriendos o los alimentos, los ciudadanos acuden a los jefes de los grupos armados para resolver la situación.
Este programa pretende cambiar esa situación. La Corte pretende, en primer lugar, que la justicia sea la que busque a los ciudadanos y no sea viceversa que, miles de personas deban gastar dinero, tiempo y esfuerzo en acceder a la justicia; a veces sin éxito alguno.
El programa, de acuerdo con cifras del alto tribunal, ha impactado al menos a 3.500 estudiantes, docentes y directivos de instituciones educativas en el país. Sus recorridos han alcanzado 23 municipios de la región y, según comenta la Corte, más de 90 talleres sobre derechos y herramientas para hacerlos respetar se han impartido.
El alcalde Carlos Fernando Galán calificó de “crucial” los resultados que ha dado la alianza entre la Alcaldía de Bogotá y la Corte Constitucional. “Este esfuerzo es crucial para formar a nuestros niños y niñas como defensores de sus derechos. Queremos que todos se conviertan en guardianes de la Constitución, conozcan sus derechos, los exijan y contribuyan a una sociedad más justa. Así, seguimos fortaleciendo la educación y el respeto por los derechos”, comentó en 2024, cuando se firmó el memorando.
La Corte Constitucional describe esta alianza como “una forma para acercar la Constitución de 1991 a los jóvenes con el objetivo de mostrarles una versión más cercana a niñas, niños y adolescentes.
A través de cartillas, audiolibros e incluso 13 historias adaptadas para la niñez, la Corte considera que se está sembrando la semilla de un cambio en el que los jóvenes en un futuro próximo respeten las instituciones, confíen en la justicia y conozcan todas las formas para defender sus derechos. En Caparrapí, por mencionar un caso, se hizo un énfasis especial en la acción de tutela y clases didácticas sobre cómo cualquier ciudadano, independientemente de su situación, edad o clase social, puede utilizarla para salvaguardar garantías mínimas como la salud, la educación, una vida digna, entre otras.
“Queremos estar con este proyecto por todo el país e ir a otros municipios y ojalá a lugares más retirados para que las niñas y niños conozcan, se empoderen y sean guardianes de la Constitución”, concluyó la magistrada Meneses.
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